¿Se abrió la puerta para sacar el POT de Bogotá por decreto?

Un mes completó el Concejo de Bogotá intentando discutir el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin lograrlo. Una cascada de impedimentos, recusaciones y hasta de tutelas frenó el debate, al punto que la ciudad no podrá tener por acuerdo una nueva carta de navegación, que reemplace la que está vigente desde el 2004.

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Si bien esas acciones, algunas de las cuales fueron presentadas por personas anónimas o suplantando ciudadanos, están permitidas por la ley, impidieron que la capital pueda de manera concertada entre la istración y el cabildo distrital replantear su visión de desarrollo. Ya lo habían intentado los exalcaldes Gustavo Petro, quien sacó un POT por decreto y luego lo vio caer por un fallo del Consejo de Estado, y Enrique Peñalosa, quien vio hundir su proyecto en 2019.

Ante esta coyuntura, que ya se veía venir, la istración distrital ha estado evaluando la posibilidad de expedirlo por decreto y se inclina por incluir los ajustes aprobados en comisión o, en su defecto, los temas concertados con dos de los tres ponentes.

La expedición del POT por decreto es, legalmente, una posibilidad que se abrió este miércoles. En el artículo 12 de la Ley 810 de 2003 se establece que “si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde”. No obstante, hay voces que señalan que aún no se ha llegado a esa instancia (ver nota anexa).

Por ahora, un alto funcionario de la Alcaldía de Bogotá le confirmó el martes en la tarde a EL TIEMPO que, en efecto, están “revisando los pros y contras”, “el panorama político del 2022”, las posibilidades de que la corporación modifique su reglamento y los tiempos que tomará volver a presentar la iniciativa. “Pero antes de 15 días eso no estará listo el decreto”, advirtió.

Esta opción llevó a un grupo de concejales que consideran que la Alcaldía solo puede expedir el texto radicado, que implicaría serios riesgos para la ciudad, a plantear que en el último día de plazo –en principio era el 8 de diciembre– no se citara a la plenaria, sino a la comisión del Plan.

La idea era que, en votación, los 15 concejales que integran dicha comisión decidieran negar las dos ponencias: una unificada entre Germán García (Liberal) y Pedro Julián López (Cambio Radical) y la de Nelson Cubides (Conservador). Con ello, Claudia López tendría que volver a presentar el POT en 2022, aunque eso significa borrón y cuenta nueva, es decir, iniciar todo el proceso desde cero.

(‘Hay manos oscuras que no quieren el debate al POT de Bogotá’)

Sin embargo, el martes en la tarde, minutos después de que la plenaria terminó de resolver todos los recursos pendientes, aparecieron dos nuevas recusaciones, con lo que cualquier posibilidad de que el proyecto fuera discutido, al menos parcialmente, o las ponencias votadas, se esfumó. De inmediato fue abortada la idea de citar a la comisión y se continuó con la agenda que tenía el Concejo desde principios de semana, con lo que ayer se dedicó a la elección de la mesa directiva (ver recuadro) y no al Plan de Ordenamiento.

Durante la última semana, la alcaldesa solo ha señalado que es “respetuosa de los tiempos del Concejo” y que prefiere esperar. La mandataria también ha dejado claro que el POT “es la visión” que ella presentó como candidata a la alcaldía y que “le da la máxima y superior jerarquía a la estructura ecológica” y, además, “la amplía”.

En la sesión plenaria de ayer, varios cabildantes colgaron sobre sus puestos carteles con un mensaje: ‘No al POT x decreto’. Este, además, fue un tema recurrente durante las intervenciones. Incluso, a las afueras del Concejo y durante la mañana, hubo protestas de ciudadanos que le exigían a la mandataria no expedir el POT por decreto y, en cambio, abrir nuevos espacios de escucha y participación.

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Un jurista cercano al proceso y que pidió no ser nombrado explicó que todo el problema se originó cuando el Concejo, en 2019, modificó su reglamento y tomó los artículos sobre trámites de impedimentos y recusaciones para jueces y funcionarios públicos que tiene el Código de Procedimiento istrativo.

“Al copiarlo tal cual, se ha permitido lo que estamos viviendo: que se pare la discusión, que se tenga que convocar a plenaria para resolver las recusaciones e impedimentos, que la comisión no pueda sesionar el mismo día y que tenga tanto tiempo un concejal para decidir si acepta o no”.

Pero, además, el cabildo distrital –según el jurista– ha pecado de “extragarantista y le ha dado trámite a todo recurso que le llega. Y como en el país a nadie se le niega una demanda de pérdida de investidura, entonces los concejales no están dispuestos a arriesgarse y se declaran impedidos”.

El hecho es que durante el trámite del Plan de Ordenamiento se han presentado 118 impedimentos, 12 recusaciones –incluidas las del presupuesto– y tres tutelas, una de ellas contra todos los 45 concejales, según María Fernanda Rojas (Alianza Verde), quien como presidenta tuvo que modificar en varias ocasiones la agenda de la plenaria para discutir esas acciones. “Alguien abrió la puerta y esto se salió de control (...). Fue una cascada incontenible”, asegura la concejala.

La expresidenta advierte que en adelante la “estratagema” que impidió la discusión podrá ser usada en cualquier otra corporación frente a trámites de proyectos que resulten de mucho interés para ciertos sectores. “Se abrió una caja de Pandora para dilatar futuras discusiones con altos intereses políticos”, sostiene Rojas, quien se declara “muy frustrada y muy aburrida”.

El presidente de la comisión del Plan Celio Nieves (Polo Democrático) indica que a partir de que se utilizó la recusación –en este caso, el ciudadano que supuestamente había interpuesto ese recurso negó haberlo hecho– para tratar de impedir los cabildos abiertos convocados por el Concejo y esta corporación le dio trámite, se abrió la puerta a tantas acciones para bloquear la discusión del proyecto.

Por su parte, el concejal ponente Nelson Cubides lamenta que con “leguleyadas” se haya impedido la discusión y se esté dejando “la sensación” de que fue por “ineficiencia” del Concejo, cuando hubo amplio debate en sesiones -incluso fuera de recinto- con todos los sectores, y cabildos abiertos, que se vieron reflejados en 480 proposiciones modificatorias en su ponencia. “Hay un tema absolutamente orquestado. ¿Quién lo hace? Esperamos saberlo en algún momento”, asegura.

En el mismo sentido se refiere el director de Futuros Urbanos, Ómar Oróstegui, quien considera “preocupante que este tipo de estrategias legales tomen fuerza” y afirma que no existe un mecanismo para impedir las acciones “sin fundamento jurídico o evidencia”. Por eso señala que es urgente una nueva reforma del reglamento del cabildo distrital.

La concejal liberal María Victoria Vargas dice que el texto de la istración no logró la concertación de los diferentes sectores e intereses y que eso llevó a que se presentara ese "cúmulo" de acciones que terminó impidiendo que fuera discutido.

"Los 45 concejales estamos de acuerdo en que la istración no saque por decreto el POT, porque no se alcanzó a discutir, y no fue por culpa del Concejo, sino porque hay unas normas que establecen el procedimiento cuando se presentan impedimentos y recusaciones", explica Vargas.

En efecto, la ola de recusaciones, impedimentos y tutelas que bloqueó el debate del POT durante un mes, ya tiene a varios concejales proponiendo que una de las primeras decisiones que deberán tomar en 2022 es la reforma al reglamento. No obstante, otros, como Nelson Cubides, indican que eso no será suficiente porque solo podrán reducir los tiempos, pero no la cascada de recursos. Para ello, afirma, se necesita una ley del Congreso.

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Este fenómeno no se había dado nunca en ninguna discusión del POT, no se dio en el 2013 en el POT de Petro y tampoco en el 2019 (con Peñalosa). En el POT de Petro lo negamos –yo rendí ponencia negativa–, y advertí que si Petro lo llevaba por decreto, iba a ser suspendido, como en efecto pasó después; con Enrique Peñalosa fue negado y, por tanto, no tenía facultad para expedirlo, y no lo hizo.

El caso con Claudia López es diferente a esos dos, pero se parece al escenario del 2000 y 2003: en principio no se está tomando decisión, por lo tanto podría expedirse por decreto. Pero es evidente que la Alcaldía hoy utilizó una herramienta dilatoria que buscaba saltarse la discusión política y poder decretar de manera autoritaria el POT.

La alcaldesa olvida que al presentarse recusaciones hay una norma que establece que la actuación istrativa debe suspenderse y, por tanto, los tiempos iniciales también. En ese orden de ideas, Claudia López no tiene la facultad legal para expedir el Plan de Ordenamiento Territorial.

Estoy convencido de que la Alcaldía utilizó esta herramienta para evitar la discusión ciudadana. Aliados de la istración distrital participaron de la estrategia dilatoria.

La Ley 810 del 2003 da 90 días calendario para que los concejos tomen la decisión de aprobar el POT. El reglamento del Concejo establece que los impedimentos se rigen de acuerdo al Código de Procedimiento istrativo, que, en el artículo 12, dice cómo se le da tratamiento a estos impedimentos y dice que la actuación istrativa se suspenderá hasta cuando se decida el impedimento. Es decir, no corren los términos. Si llega un impedimento o una recusación, el Concejo lo que debe hacer es parar, ir a plenaria, discutir… pero el tiempo que se gastan haciendo eso no cuenta dentro de los 90 días.

Si bien hoy se cumplen los supuestos 90 días desde que se radicó el POT, lo evidente es que no se dieron los 90 días de discusión, que es lo que establece la ley y es el espíritu de la misma para garantizar que no se viole ese proceso de participación ciudadana.

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Samir Abisambra (Partido Liberal) fue electo ayer en sesión plenaria como nuevo presidente del Concejo de Bogotá para el año 2022. Abisambra es abogado de la Universidad de La Sabana y es especializado en derecho istrativo y ejecución de políticas públicas.

“Esperamos en esta vigencia reformar el reglamento del Concejo para que no pase lo que pasó en el último semestre, en el que no nos dejaron tramitar el POT. Esperamos sacarlo adelante en el primer trimestre de la siguiente vigencia”, aseguró Abisambra. Al nuevo presidente sus colegas le pidieron defender la esencia del cabildo distrital y dar garantías de participación y de espacios de control político.

A su vez, la primera vicepresidencia quedó en manos de Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático), y la segunda vicepresidencia fue para Rubén Torrado (Partido de la U).

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24

Con la colaboración de Ana Puentes