Estas son las consecuencias de un POT aprobado por decreto

Los tiempos se agotaron para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá. Solo quedan tres días para que el proyecto de acuerdo pueda ser discutido y aprobado, al menos en comisión, pero con la andanada de tutelas, recusaciones e impedimentos –que tiene paralizado desde el 10 de noviembre el debate– eso es prácticamente imposible.

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Los caminos que le quedan entonces a la istración Distrital es retirarlo y volverlo a presentar el próximo año, como piden algunos concejales, académicos y sectores económicos, o expedirlo por decreto, como lo están evaluando en el Palacio Liévano, según confirmó este diario.

Si la alcaldesa Claudia López se decide por retirar la iniciativa, el proceso debe comenzar de cero. Además, se encontrará con un ambiente electoral poco favorable, por las elecciones a Congreso y Presidencia –donde además se dependerá en buena medida del guiño del nuevo mandatario–, y con la expectativa de una campaña a la alcaldía el año siguiente.

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Y si la decisión, finalmente, es expedir el POT por decreto –ante lo cual muchos auguran un debate muy fuerte e, incluso, demandas contra el acto istrativo–, la pregunta es cuál proyecto se va a tomar: el que radicó en el Concejo el 10 de septiembre o el concertado por dos de los tres concejales ponentes de la iniciativa. Esas son, precisamente, las dudas que en los últimos días han estado intentando resolver en la istración Distrital, según le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de la Alcaldía.

Y aunque parezca que ya no hay tiempo –en la agenda del cabildo distrital solo están destinados este lunes y martes para el POT, el miércoles para la elección de mesas directivas, el jueves para el trámite de renuncias de concejales y el presupuesto de 2022, y el viernes para el debate de la oposición y la clausura de las sesiones ordinarias–, en la Alcaldía le apuestan a que se podrán votar las ponencias y el texto unificado en comisión. No obstante, hay concejales, incluso del mismo partido de la alcaldesa, que se resisten a “pupitrear” el proyecto.

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El POT no solo es un documento técnico, sino que es extenso. Tiene 608 artículos, documentos y cartografía anexa, que difícilmente se pueden discutir en una o dos sesiones, más aún con las innumerables proposiciones que han presentado los concejales y que se deben discutir y votar, y además tener el aval de la istración.

“Estamos explorando la opción de que sea el (texto) ajustado, estamos evaluando los riesgos jurídicos”, comentó la fuente, quien precisó que la Ley 1757 de 2015, mediante la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana, abre la puerta para ello. Puntualmente se refiere al artículo 28 sobre la obligación de darles respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos en los cabildos abiertos.

La alcaldesa Claudia López de nuevo señaló que el Concejo tiene 90 días para tramitar el proyecto –el plazo se vence el próximo miércoles 8 de diciembre– y que es “muy respetuosa de los tiempos del Concejo” y no pensaba meterse en “especulaciones” sobre ese tema. No obstante, recordó que en el cabildo distrital hay dos iniciativas “muy importantes” que se están trabajando con los concejales.

Y aunque las opciones de que el proyecto sea debatido en comisión son muy lejanas, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), presidenta del Concejo, anuncia que insistirá hasta el último momento en su esfuerzo por “mantener viva la discusión del POT”. Tanto Rojas como todos sus colegas son conscientes de que las recusaciones, impedimentos y tutelas no van a parar.

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De hecho, el concejal liberal Samir Abisambra presentó un impedimento ayer, después de que se habían resuelto todos los recursos pendientes. Hasta que esto no se resuelva (se espera que sea hoy) no puede haber comisión para discutir el POT. Es decir, a lo sumo quedan dos días para el proyecto del POT.

El gremio de la construcción sostiene que, si se va a sacar por decreto, se utilice el texto ajustado en comisión, algo que hasta ahora no ha sucedido. Alejandro Callejas, director ejecutivo de Camacol Bogotá y Cundinamarca, dice que “el texto ajustado recoge el sentir de los bogotanos que han hecho aportes para mejorar la propuesta de la istración”.

Agrega que el texto radicado está redactado de forma incomprensible, tiene contradicciones, es incoherente entre los objetivos planteados y lo que permite la norma.

El analista Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos y quien desde hace dos semanas vaticinó que el POT iba a salir por decreto, dice que en este escenario y frente al actual contexto político se generará “más incertidumbre sobre la legalidad del proceso” y una “avalancha de demandas”, con mayor razón cuando no hay un concepto del Consejo de Estado en estos casos. Advierte que también se generará “un ambiente difícil” para Claudia López.

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El experto considera que la culpa del bloqueo a la discusión a causa de la avalancha de tutelas, impedimentos y recusaciones “no es del reglamento”, y recuerda que bajo este mismo modelo se aprobó el actual plan de desarrollo, el plan Marshall y la negación del POT de Peñalosa.

El concejal ponente Nelson Cubides (conservador) considera que expedir el texto concertado con uno o dos ponentes (Germán García y Pedro Julián López unificaron sus textos con el aval de la Alcaldía) sería “un absurdo” y abriría la posibilidad a “una avalancha de demandas”, porque ni el reglamento del Concejo y ni el estatuto de los POT “establece que se puedan hacer modificaciones. Sería mejor que expidieran a partir de lo que apruebe la comisión”.

Según Cubides, el proyecto fue concertado hasta en un 95 por ciento con la Alcaldía, pero sigue el distanciamiento con la eliminación de la ALO Norte, el área mínima de 36 m² para VIS, las 33 UPL o localidades y las cargas para desarrollos urbanísticos se dejan para que entren en vigor a partir del séptimo año.

Andrés Ruiz, exsecretario de Planeación y quien en la pasada alcaldía tuvo que ver cómo, después de cerca de tres años de concertación, el Concejo negó el proyecto, dice que en el caso de que la istración López decida expedir un decreto “podría tener las motivaciones de una ponencia positiva unificada”, siempre y cuando no modifiquen la concertación con la CAR. También cree que en ese caso, las consecuencias serán una ola de demandas y que “los jueces finalmente decidirán”.

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La concejala de la Alianza Verde Lucía Bastidas es de la posición de que al no pronunciarse ni la comisión ni la plenaria sobre el proyecto, la Alcaldía solo tiene la opción de expedir por decreto el texto original, el radicado. “Ellos mismos saben que esa versión tiene errores de fondo. Por eso tratan de mejorar las ponencias”, asegura Bastidas, quien cree que el impacto de un POT por decreto sería grave para la ciudad.

La cabildante cita que la concertación no fue amplia, incluso “fue menor a la que se dio en 2019” con la versión del entonces alcalde Enrique Peñalosa, que el modelo de norma urbana y dependencia al tratamiento de renovación urbana “llevará a que más de 700.000 viviendas se adquieran en la Sabana, se le seguirá dando la espalda al río Bogotá y la transición normativa entre el POT vigente y el planteado no es clara para las curadurías”.

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Con la opinión de Bastidas coincide Mario Noriega, docente universitario y urbanista, para quien aprobarlo por decreto “es una irresponsabilidad”, porque –asegura– el proyecto radicado va a impactar de manera negativa a la ciudad. “Y lo peor, mientras se reemplaza el POT que se apruebe por decreto, se aprobarán proyectos de los cuales no se podrá recuperar la ciudad en décadas”.

A pocos días de que se cumpla el plazo para que el Concejo se pronuncie sobre la propuesta de Plan de Ordenamiento, crece la incertidumbre sobre cuál es la mejor opción para la ciudad, si por decreto o uno nuevo en 2022, y los efectos que tendrá cualquiera de las alternativas.

Lo cierto es que Bogotá necesita una nueva hoja de ruta -la actual ya cumplió 17 años y van dos intentos frustrados por sacar uno nuevo- que responda, entre otros temas, a los retos que plantea el cambio climático, las necesidades de vivienda, usos del suelo y de conectividad e integración con toda la región.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24

REDACCIÓN EL TIEMPO