Contratos por más de 2 billones de pesos rastrea la Contraloría distrital

Procesos de responsabilidad fiscal por 2,4 billones de pesos tiene hoy activos la Contraloría de Bogotá. Esos dineros corresponden a investigaciones por irregularidades en contratos (de obra y compras) y convenios de las diferentes secretarías del Distrito y fondos de desarrollo local en los últimos cinco años.

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Son en total 1.573 procesos en los cuales el ente de control distrital avanza en determinar si hubo o no detrimento al erario público, si hay responsables y quiénes son. En la lista también hay investigaciones por el pago de sanciones impuestas a las entidades o, incluso, por el no cobro de impuestos. En estos casos la responsabilidad puede recaer en funcionarios y contratistas e interventores.

El contralor, Andrés Castro Franco, explicó en un LIVE con eltiempo.com y EL TIEMPO que son investigaciones que se encuentran en diferentes etapas y que buscan establecer si hubo un daño patrimonial y, de ser así, empezar el proceso de recuperación de esos recursos.

Solo en el último año, la entidad reportó 165 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 281.662 millones de pesos, 746 con presunta incidencia disciplinaria y 17 con presunta incidencia penal, y la apertura de 584 investigaciones de responsabilidad fiscal por más de 741.000 millones.

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Los sectores más representativos, en términos del monto, son servicios públicos, movilidad y salud, que representan el 88 por ciento de los hallazgos. En los últimos 12 meses, con corte al 30 de octubre, había 114 imputaciones por más de 57.000 millones.

“Es bueno aclarar que no en todos los procesos finalmente se falla con responsabilidad. No necesariamente los 2,4 billones de pesos tienen que entrar en ese proceso de recuperación, en los cuales se encuentre responsabilidad fiscal”, dijo el contralor distrital.

En el marco de las auditorías se han encontrado casos como el de la construcción del edificio de los Niños, contrato de 2018 adjudicado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el que la antigua edificación fue demolida, pero la obra no se ha iniciado. En este caso hay un presunto detrimento patrimonial superior a los 1.800 millones de pesos.

También está el contrato de entrega de ayudas humanitarias en el primer pico de la pandemia de covid-19, a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. La entidad estima un presunto detrimento de 260 millones.

O incluso se encuentra el caso de la avenida San Antonio o calle 183, que se proyectó como un gran conector entre la carrera 7.ª y la avenida Boyacá. Si bien este corredor vial, que fue contratado en 2017 con un plazo de 13 meses, se construyó y fue puesto en operación en septiembre de 2020, según la Contraloría hoy no cumple su función principal de accesibilidad, conectividad y dinamización de la movilidad vehicular. En este caso habría un hallazgo istrativo, con incidencia disciplinaria y fiscal, de más de 59.000 millones (el valor final del contrato).

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Frente a esta obra el IDU señaló que desde finales del 2020 desarrolló una alternativa para generar las obras que solucionen la movilidad en este sector y que pudiera conectar la avenida  San Antonio con la Boyacá. "Se construirá una vía de 1,3 km, con 22.140 m2 de espacio público, una ciclorruta de 1,29 km, e incluye la intersección de la avenida Boyacá con calle 183", puntualizó la entidad.

El gran problema que encuentra Castro es que en todos los contratos hay prácticamente un tema en común y es la “debilidad de los estudios y diseños, lo que termina afectando los cronogramas pactados y exigiendo mayores recursos para finalizar las obras".

A esto se suma que las interventorías no cumplen su labor de realizar un control estricto y, por supuesto, no faltan los contratistas que una vez obtienen una licitación buscan cómo mejorar sus condiciones económicas.

En el último año, el ente de control también ha priorizado 53 contratos de obra por considerarlos críticos, por el monto de la inversión o porque llevan años y tienen poco avance. “Encontramos algunos que estaban en un estado muy crítico y que necesariamente se tendrá que analizar dentro de nuestro proceso auditor los respectivos procesos de responsabilidad fiscal”, indicó.

Algunos ejemplos y que, según Castro, “van a requerir más recursos” para finalizar esas obras son el reforzamiento de la unidad deportiva El Salitre, que fue contratado en 2017 por el IDRD por 11.816 millones de pesos y un plazo de 10 meses.

Sin embargo, por el poco avance, en marzo de 2020, la entidad tomó posesión del predio y comenzó la liquidación del contrato. El contratista, según la Contraloría, no pudo justificar todo lo que recibió de anticipo. En ese caso hay un proceso de responsabilidad por 2.500 millones de pesos.

También se encuentran el sonado caso de la construcción de la nueva sede de la alcaldía de Teusaquillo. Este contrato fue adjudicado en 2016 y la obra debía estar terminada 26 meses después, a principios de 2019, pero lleva ya varios años suspendida.

Otro caso que resalta el jefe del organismo de control es el centro día Campo Verde, en Bosa. Esta obra que iba a beneficiar a adultos mayores fue contratada en diciembre de 2017 por la Secretaría de Integración Social por un costo de 3.237 millones y 13 meses de plazo, pero al poco tiempo la construcción fue abandonada por el contratista, con un 17 por ciento ejecutado. La Secretaría demandó al contratista  por más de 9.865 millones y dentro del plan de salvamento contrató un estudio para verificar el estado de la obra.

Castro destaca que la intervención de la Contraloría –que incluye mesas de trabajo con las entidades, contratistas e interventorías– ha permitido que muchos de esos 53 contratos que “históricamente han sido críticos” se hayan reactivado y ahora muestren avances. Cita, por ejemplo, la unidad de urgencias del hospital de Kennedy, el edificio asistencial y istrativo del hospital de Meissen, el By de Britalia y la casa ecológica de los animales.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24