Proyecto de la Cárcel Distrital II quedó en manos del Inpec

La crisis de seguridad por la que atraviesa la capital del país ha alentado serios debates sobre la importancia de que la ciudad cuente con un nuevo centro de reclusión para dar abasto con la demanda de capturas que vienen realizando las autoridades. A la fecha, en Bogotá, se registran cifras de hacinamiento carcelario que superan 200 por ciento en estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), además, delitos como el homicidio y el hurto a personas han crecido por encima del 12 por ciento y cada vez hay menos espacio en las cárceles para la reclusión de este tipo de delincuencia.

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Es tal la situación que, durante la semana pasada, la alcaldesa de Bogotá le hizo un fuerte llamado al ministro de Justicia, Néstor Osuna, para que desde esa cartera se cumpliera con la promesa que desde el gobierno anterior le habían hecho a Bogotá: entregar un predio de La Picota para la construcción de la Cárcel Distrital II. Un proyecto que lleva frenado desde la era del expresidente Duque.

Según la mandataria, desde el Ministerio de Justicia (no solo en esta istración) se le han puesto barreras al proceso de liberación del predio de La Picota para iniciar la construcción del nuevo centro penitenciario, incluso, una fuente cercana a la istración Distrital, señaló que desde la Secretaría de Seguridad se han venido impulsando esfuerzos importantes para ponerle fin a este problema desde 2020, pero que, “no se ha contado con la voluntad de los ministros de Justicia”.

Ante esta situación, EL TIEMPO se ó con el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, quien aclaró que no se ha tratado de poner barreras al proyecto y que, de hecho, desde que inició la istración del presidente Petro, el Ministerio destrabó el proceso que había quedado congelado.

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No obstante, señaló que las demoras que se han presentado fueron producto de un pliego de aclaraciones que desde la cartera le hicieron al distrito, en lo que se solicita explicar no solo cuál era el tipo de cofinanciación que le pedían el Gobierno, sino que, además, se comprobara si Bogotá contaba con los recursos necesarios para levantar el nuevo centro penitenciario.

Esto, luego de que se “malinterpretó”, como lo dijo López, la información sobre la petición que el distrito le hacía al Minjusticia de cofinanciar la cárcel, pero, además, un complejo judicial para Suba y Engativá. No obstante, esta información fue rectificada y quedó claro que lo único que requiere Bogotá es que se le otorgue el predio en La Picota que lleva pidiendo cerca de cuatro años.

“El ministerio pidió algunas explicaciones a la alcaldía para tener claridad sobre el acuerdo. Nosotros vamos a cofinanciar el proyecto pero con un terreno, no con dinero, y eso ya quedó claro. Al igual que la responsabilidad de Bogotá de poner el restante para que se logré el centro carcelario. Ahora la pelota está en la cancha del Inpec, que debe otorgar los permisos para la utilización de ese espacio. Aquí no hay ningún rifirrafe, fue solo una revisión”, señaló Umaña.

Por su lado, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que el predio ya está acordado e incluso “ya se tomaron las medidas y se sabe que parte de La Picota es la que se va a ceder. Eso ya está avanzando”.

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A esta discusión también se sumó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, quien desmintió que la ciudad le hubiera pedido al Gobierno dinero para financiar la cárcel y, además, recordó que la participación de cada una de las carteras estaba estipulada en el convenio 1127 que se firmó entre el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec en abril de 2021 y donde quedó claro que lo único que se espera del Gobierno es la transferencia del predio.

Superado el tema de revisiones, dicen desde el ministerio, se espera que en las próximas semanas el Inpec otorgue los permisos para que el distrito pueda iniciar con el proyecto de infraestructura carcelaria.

Aunque la construcción de la nueva cárcel fue la que desató toda la polémica, lo cierto es que el problema es más profundo y tiene que ver con el traspaso de responsabilidades, tanto del Gobierno central como del distrital, sobre quién se debe hacer cargo de los privados de la libertad que están condenados o sindicados.

Y es justo por este tema que la alcaldesa ha dicho que el Minjusticia está cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema de Justica de deshacinar los centros penitenciarios “a costa de alcaldes y gobernadores porque no le están diciendo a la Corte que no quieren recibir a los privados de la libertad que, ya condenados, siguen en estaciones de Policía y Uri”.

Ante esto, el viceministro Humaña afirmó que se está revisando la situación y que se han analizado las peticiones que alcaldes y gobernadores realizaron durante Asocapitales para que fuera el Gobierno el que se encargara de todos los condenados y sindicados del país. Además, se estarían evaluando temas presupuestales para la atención de la situación.

No obstante, el alto funcionario también aclaró que esta situación no se podrá solucionar “si seguimos creyendo que todo se arregla con mandar gente a la cárcel”. Según Humaña, el proyecto de ley de Humanización Carcelaria busca que estos centros solo sean destinados para personas que cometen delitos de expresa gravedad y no, por ejemplo, para quienes incurren en conductas como el hurto.

De ser así, esta situación podría empeorar el panorama de Bogotá, pues dejaría en libertad a cerca de 6.000 personas que están siendo procesadas justamente por este delito y que a la fecha se configura como el peor de los problemas en materia de seguridad para la capital.

JONATHAN TORO ROMERO 

REDACCIÓN BOGOTÁ EL TIEMPO

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