¿Qué pasará con los vendedores informales de TransMilenio en Bogotá? Tras protestas del gremio, así será el trabajo del Distrito

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Luego de que decenas de vendedores informales protestaron el pasado viernes a las afueras del Concejo, preocupados porque, según afirmaron, estaría en peligro su trabajo, el Instituto para la Economía Social (Ipes) le informó a EL TIEMPO que liderará unas mesas de diálogo con esta población, las cuales empezarán este miércoles, 12 de junio.

“Hace más de 38 años venimos luchando por que se nos haga viable nuestro trabajo. Nos han atropellado, nos han quitado mercancías (...) de este trabajo dependemos muchas familias, personas con alguna discapacidad, señores de la tercera edad, madres cabeza de hogar, mucha gente”, indicó Armando Suárez, uno de los líderes de los vendedores, para CityNoticias.
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Ahora bien, el artículo 36 del Plan de Desarrollo afirma que “todas las entidades distritales que dentro de su misionalidad y competencia se encarguen de intervenir y atender a la población de vendedores informales, deberán acompañar las actividades que se realicen al interior de estaciones y portales, para así contribuir en la mitigación de los factores que afectan la seguridad en el sistema y reducir los riesgos en la operación”.

Según la última caracterización del Ipes, realizada entre junio de 2020 y diciembre de 2023, en Bogotá hay 14.298 vendedores informales, la mayoría de ellos ubicados en las localidades de Santa Fe (1.825), Bosa (1.736) y Kennedy (1.722).

No obstante, Mauro Palta, director encargado de la entidad, indicó que ya se está haciendo una caracterización de esta población específicamente en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Si bien fue votado en el Concejo de manera positiva por la mayoría, algunos cabildantes del Pacto Histórico han mostrado su desacuerdo, como es el caso de la concejal Heidy Sánchez, quien dijo para este diario que “lo que va a incentivar es la persecución de los vendedores informales al interior del sistema de transporte público, teniendo en cuenta que en la mayoría son sujetos de especial protección”.

Además, Sánchez aseguró que “el artículo no soluciona el problema de raíz, sino que simplemente los desplaza a otro lugar donde puedan hacer sus ventas o, peor aún, incrementa las condiciones de marginalidad y pobreza extrema”. 

Por otro lado, concejales que votaron el artículo de manera positiva, como es el caso de Juan David Quintero, del Nuevo Liberalismo, quien dijo que “si de por sí ya el sistema está colapsado, los puentes peatonales están llenos de vendedores informales, lo cual dificulta el ingreso de los s”.

Por esta razón, afirmó que lo que se busca es ayudar a TransMilenio a encontrar “una solución integral” para caracterizar y formalizar a esta población y, a su vez, mejorar el servicio del transporte público para los ciudadanos.

Por su parte, el concejal del partido Alianza Verde, Julián Espinosa, dijo que se deben “facilitar espacios al interior del sistema de transporte y convertir a los vendedores en aliados para la búsqueda de la seguridad al interior del sistema”. Enfatizó en que, si bien “el Plan de desarrollo dio un mandato a las entidades distritales”, aún no es claro qué estrategia se va a implementar.

Palta indicó que la labor del Ipes es tener “una oferta institucional” para hablar con los vendedores informales e invitarlos a hacer parte de programas de formalización y capacitación. “Los invitamos a ejercer su trabajo en otro sitio, o les decimos: ́Déjeme yo lo formo para que usted deje de ser informal, le doy capacitación para tener una empresa’ “, explicó.

Sin embargo, dentro de las labores de identificación han encontrado algunos desafíos. El primero tiene que ver con que muchos de los vendedores informales de TransMilenio son “geoestacionales”, lo cual quiere decir que “están moviéndose en los buses y entre las estaciones, por lo que no les interesa mucho establecerse en un solo sitio”.

Por otro lado, dijo que hay una gran cantidad de población migrante, por lo que “se requiere mucha ayuda de Migración Colombia” en ese sentido, ya que el Distrito no puede brindarles la oferta institucional disponible para que se puedan formalizar.

Dentro de esta población, además, hay artistas y músicos, los cuales, según Palta, tienen una forma de trabajo distinta y requieren la intervención de la Secretaría de Cultura o del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

De igual forma, el director del Ipes mencionó que el trabajo de esta entidad “depende de la voluntad del vendedor”, pues “no tiene la competencia” de ordenarle que se retire de un sitio. Por lo tanto, dijo que se requiere de la colaboración de otras entidades como la Policía, las alcaldías locales y el Departamento istrativo de La Defensoría Del Espacio Público (Dadep).

“Para nosotros también es un drama social, pero no tenemos la competencia ni la fortaleza institucional, realmente es un tema muy complicado. Por eso propusimos hacer una mesa de trabajo e invitar a otros actores para efectos de que podamos llegar a acuerdos”, concluyó.

LAURA VALENTINA MERCADO
REDACCIÓN BOGOTÁ