Los casi 2.000 habitantes del casco urbano de Guayabetal viven a 200 metros del derrumbe del kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio y temen, más que nadie, que los movimientos de remoción en masa que comenzaron el 13 de mayo terminen por obligarlos a salir del territorio.
Sin embargo, este viernes, en el Puesto de Mando Unificado instalado en el municipio, se determinó que, por ahora, no habría evacuación.
“No hemos decretado esa medida en la zona urbana porque el río Negro no ha sufrido, aún, ningún tipo de represamiento”, explicó Javier Castro, alcalde de Guayabetal.
Y es que este es uno de los mayores factores de riesgo en el momento. El río Negro, que fluye pocos metros abajo de la zona del derrumbe, podría retenerse si la tierra cae sobre la cuenca.
“La comunidad puede estar tranquila, pero también alerta porque la situación nos puede cambiar en cualquier momento. La mejor manera es que nos alistemos y estemos coordinados”, afirmó Eduardo González, director de la UNGRD Cundinamarca.
Precisamente, ayer sábado, se realizó un simulacro de evaluación que recreaba la salida de 285 familias y más de 1.200 personas en caso de desastre.
Todo esto sucede horas después de que se decretó calamidad pública en el municipio y el departamento para lograr gestionar recursos que mitiguen los impactos de la emergencia.
“Es el mecanismo idóneo para que podamos destinar recursos directos y ágiles para hacer las contrataciones necesarias y superar la crisis. El impacto en la gente es incalculable. Ellos dependen de la venta de sus productos, y desde hace más de seis meses tienen derrumbes sobre esta vía”, indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.
El alcalde municipal, por su parte, también ha dicho que “Guayabetal está prácticamente en quiebra”, pues ni campesinos pueden sacar su producción agrícola, ni los comerciantes urbanos pueden vivir de su actividad principal: el turismo.
Ya se tienen planeadas dos tipos de ayudas. La primera será una asistencia inmediata para que aquellos que pierdan su vivienda puedan ser ubicados en un albergue. La segunda estará más orientada a afrontar las pérdidas y daños al sector comercial con el apoyo de las carteras ministeriales competentes.
Otros afectados son los estudiantes. La Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca, el principal colegio del municipio, tuvo que modificar el calendario académico porque aunque la jornada escolar se reabrió el 4 de junio, el 38 % no estaba asistiendo por las dificultades de desplazamiento.
El a la salud también fue evaluado. Los habitantes que usualmente se trasladaban a Cáqueza para ser atendidos ya no pueden hacerlo por el derrumbe. Por eso, las autoridades facilitaron que quienes estén afiliados a EPS Convida en Guayabetal, Paratebueno y Medina sean atendidos con la IPS Centro Hospitalario del Meta, en Villavicencio.
Por ahora, se mantiene la alerta roja y el monitoreo permanente de la ladera de la montaña. El río Negro también está en la mira. Una solución provisional es la adecuación de un corredor de seguro al municipio que permita el tránsito de vehículos livianos y el paso peatonal. Pero, a fin de cuentas, la situación se agrava minuto a minuto.
ANA PUENTES
REDACCIÓN BOGOTÁ