La doble tragedia de las mujeres indígenas en Bogotá

Bogotá vivió el miércoles una nueva jornada de violencia, esta vez protagonizada por un grupo de 200 indígenas que, durante una protesta y después de bloquear la salida del edificio Avianca, se enfrentaron con el Esmad. El saldo fue de 27 personas heridas: 14 policías, ocho gestores de convivencia y cinco civiles, incluido un indígena.

Los choques dejaron dos personas capturadas en flagrancia, quienes habían sido presentadas ante un juez por el delito de violencia contra servidor público, pero fueron dejadas en libertad. Además, la Policía reveló un cartel con 15 personas que habrían cometido actos de vandalismo y golpeado a de la Fuerza Pública.

Tras estos hechos, EL TIEMPO conoció un documento en el que se enumeran seis denuncias contra de las comunidades indígenas que hoy se encuentran en el albergue temporal La Rioja. En la primera, radicada el 1.º de febrero de 2022, se mencionan dos hechos con incidencia penal: suplantación de autoridades indígenas y exigencia de celebración de contratos a cambio de superar una vía de hecho.

La denuncia fue realizada por la Secretaría Distrital de Gobierno luego de que el subsecretario de la entidad, Daniel Camacho, señaló en noviembre de 2021 que había voceros políticos condicionando el avance en los diálogos para la salida de la comunidad indígena del parque Nacional a cambio de contratos con el Distrito y de la financiación de ollas comunitarias por valores superiores a los 200 millones de pesos.

En el radicado aparecen los nombres de Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB; Leonival Campo, máxima autoridad del pueblo emberá katío, y Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés, además de otras 16 personas.

En aquel momento, en diálogo con EL TIEMPO, Arbeláez señaló que las 12 personas que figuraban en una lista de la Secretaría de Gobierno fueron incluidas por solicitud de la entidad. “Nos dijeron que necesitaban unos perfiles con unos conocimientos específicos, y nosotros, desde nuestra buena fe, buscamos a estas personas porque aquí no hay gente con el conocimiento técnico que ellos nos pidieron. Enviamos esos nombres, y ellos mismos nos dijeron que iban a conseguir el presupuesto para efectuar el plan”, aseguró.

Con respecto al dinero que supuestamente exigieron para unas ollas comunitarias, Arbeláez declaró que “la solicitud jamás fue una exigencia para continuar los diálogos”.

La segunda denuncia se encuentra en poder de la Fiscalía 380 y fue interpuesta el 3 de febrero de este año contra Carlos Murillo y otros de la comunidad, quienes fueron imputados por los presuntos delitos de homicidio agravado tentado, violencia contra servidor público y obstrucción de la función pública.

Existe un caso en el que no se generó denuncia penal debido a que un gestor de convivencia de la Secretaría de Gobierno, agredido durante enfrentamientos entre el Esmad y de las comunidades indígenas el 7 de abril pasado, se abstuvo de presentar la querella.

El panorama para las mujeres y los niños en La Rioja es preocupante. Además de estar expuestos a las enfermedades por las condiciones de hacinamiento en que viven y que este diario evidenció en una visita, también están en riesgo por situaciones de abuso y violencia intrafamiliar. De hecho, hay al menos dos denuncias –una de ellas archivada– relacionadas con casos de violencia sexual y agresiones cometidos por hombres de la comunidad en contra de sus parejas.

La primera fue presentada el 25 de mayo de 2022, por un posible acto sexual violento en contra de personal de apoyo en el albergue. “Hechos ocurridos en la UPI La Rioja por indígenas emberás en estado de alicoramiento, consuman actos sexuales abusivos contra gestores de diálogo y convivencia en el ejercicio de sus funciones”, se lee en la denuncia.

Días más tarde, el 9 de julio, luego de una valoración realizada en una jornada de la Secretaría de Salud, se encontró a dos menores de edad en estado de gestación. De acuerdo con el radicado, serían víctimas de agresiones, violaciones y amenazas. “Los hechos irregulares son derivados de comportamientos por el abuso de alcohol y sustancias alucinógenas”, dice la denuncia. El proceso fue archivado por falta de material probatorio.

Pero no solo las mujeres indígenas han sufrido la violencia de algunos de los hombres de la comunidad. Esta situación también se ha convertido en un martirio para varios funcionarios del Distrito. De hecho, hay un proceso del 11 de julio por amenazas y violencia interpuestos por trabajadores de la UPI La Florida contra Ramiro Vitucay Murri y Alfonso Manugama, quienes, presuntamente, habrían agredido a los funcionarios por no permitir el consumo de alcohol dentro del albergue.

Cabe mencionar que la alcaldesa Claudia López también se refirió al asunto y acusó a los indígenas de gastar recursos en alcohol. Montañez les salió al paso a esas declaraciones y negó esos hechos y señaló que son calumnias.

“Si ustedes miran bien el concepto de gastos de recursos, están en prestaciones de servicios, en temas de ambulancia y de gestores. Hay un tema de estigmatización, y creo que Claudia López, pese a provenir de una población minoritaria, se ha encargado de criminalizar, discriminar y segregar a otra población minoritaria”, dijo el líder de la comunidad.

Igualmente hay denuncias por casos de explotación y por usar menores como escudo durante las protestas. De hecho, una trabajadora del lugar que pidió no revelar su identidad le confirmó a este diario semanas atrás que algunos padres “no dejan que los niños vayan al colegio porque prefieren que acompañen a las mujeres a mendigar”.

En la última denuncia, con fecha del 19 de septiembre de 2022, Daniel Camacho, subsecretario para la gobernabilidad y garantía de derechos, denunció ante la Fiscalía presuntas conductas punibles, entre las que se encuentran actos sexuales abusivos y lesiones personales cometidos por algunos hombres de la comunidad contra mujeres emberás y personal de la Unidad de Protección Integral. Según el funcionario, todos estos actos fueron cometidos bajo el efecto del alcohol.

Este mismo funcionario ya había denunciado ante el ICBF y la Policía de Infancia a líderes de la comunidad por presunta explotación de menores con fines económicos.

El ministro de Interior, Alfonso Prada, y la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, establecieron diez acuerdos para garantizar sus derechos en materia de salud, servicios públicos y alimentación.

La mandataria encargada explicó que se hizo una revisión del tema de los servicios públicos y que entre Nación y Distrito acordaron la entrega de raciones de comida para las personas que están en La Rioja. El Distrito también ayudará a la Unidad para las Víctimas en el retorno de la población.

Además, a través de la Sociedad de Activos Especiales, el Gobierno hará una revisión sobre algunos bienes que eventualmente podrán ayudar a solucionar la problemática de hacinamiento. La próxima semana, el ministro del Interior y la SAE tendrán un informe en el cual se podrían identificar estas alternativas. Finalmente se realizarán un acto de reconciliación y un acto de rechazo a la violencia.

REDACCIÓN BOGOTÁ