Según cifras, el fraude de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira ha disminuido

Una buena noticia en materia de resultados dio la empresa Air-e  en la operación del servicio eléctrico en los últimos dos años. De acuerdo con lo informado, en lo relacionado al robo de energía se registró una cifra récord.

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Según Jussy Zelaya, gerente general de Negocio de Air-e desde que la empresa empezó en el mercado de Atlántico, La Guajira y Magdalena, en octubre de 2020, se ha evidenciado una reducción del 25% de la totalidad del fraude de energía “que ocasionaba pérdidas no técnicas, pasando de una pérdida diaria de 2 mil millones a 1.500 millones de pesos”.

“Nuestro gran reto fue empezar, no solamente a través de las inversiones para detectar y regularizar el fraude, sino también un cambio cultural a través de la penalización de este delito”, comentó el ingeniero en el marco del seminario “Delito de defraudación de fluidos y su impacto” que realizó la empresa de energía con la Universidad del Norte.

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Participaron expertos en la materia como el exfiscal General de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre para reforzar todo el aspecto normativo y procedimental asociado a este delito.

Sobre la toma indebida de la energía eléctrica que constituye un delito en Colombia, el exfiscal Montealegre consideró que la legislación actual es insuficiente porque son billones de pesos los que se pierden en el país por el hurto de energía.

“Usted como es el que tiene que pagar los fraudes en los fluidos que hacen personas inescrupulosas, por eso se requiere una reacción más fuerte por parte de la legislación penal, una nueva política criminal frente al hurto y al fraude de fluidos, de robo de energía, agua y telecomunicaciones. Se necesita más fortaleza, más claridad, más capacidad de investigación de la Fiscalía General frente a estos casos”, agregó.

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Desde su concepto, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas debe crear una comisión de análisis de política criminal para presentar una reforma legislativa que comprenda herramientas más efectivas en la lucha contra la defraudación de fluidos por parte del Estado y la justicia.

En palabras de Alberto Madero Rincón, decano de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en las aulas de clase en Derecho Penal “estamos profundizando un poco, no solo en las características jurídicas de este tipo de delitos, cuándo aplica cuándo se tipifica la conducta, sino también su impacto en la sociedad y las consecuencias que esto trae en las tarifas”.