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Desmantelan red de ocupación ilegal de tierras en Barranquilla y Atlántico: hay servidores público implicados

- Operación liderada por la Policía Nacional y la Fiscalía promete más capturas.

- Funcionarios públicos estarían implicados en delitos de urbanización ilegal y estafa agravada.

La captura fue en Valencia, España — Captura Foto: iStock

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Leidys Rivero Martínez

SUBEDITORA14.04.2025 16:27 Actualizado: 14.04.2025 16:27

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En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de 17 personas vinculadas a una red dedicada a la ocupación ilegal de tierras en Barranquilla y el Atlántico.

(Lea: Denuncian presunto caso de abuso policial contra una mujer en Barranquilla: uniformados fueron apartados del cargo)

Entre los detenidos se encuentran tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, dos notarios, un calificador de Instrumentos Públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad.

También han sido identificados otros actores criminales que, según las investigaciones, utilizaban mecanismos de presión y constreñimiento sobre la comunidad para apropiarse de terrenos y luego venderlos fraudulentamente, causando graves perjuicios a numerosas familias.

El presidente Gustavo Petro dio detalles en redes sociales

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó sobre este caso a través de su cuenta en X, destacando la gravedad de la situación y la presunta complicidad de ciertos sectores del Estado en estos hechos delictivos.

“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla”

Gustavo PetroPresidente de Colombia

El mandatario de los colombianos subrayando que muchos de los implicados tienen vínculos con la clase política regional.

Las órdenes de captura fueron emitidas por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la istración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Estos cargos reflejan el nivel de sofisticación con el que operaba la organización, la cual no solo se apropiaba ilegalmente de terrenos, sino que también manipulaba documentos oficiales y utilizaba su posición dentro de instituciones gubernamentales para garantizar la legitimación de sus actividades .

Identidad de los funcionarios capturados

Luis Martínez, tramitador.
Inés Salas, agente corruptora.
Iván Páez, Registrador de Soledad. Rafael Bossio, abogado.
Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad.
Marlon Mora, inspector de policía.
Ismael Cárcamo, agente corruptor.
Juan Ucrós, exregistrador de Soledad.
Neissy Cantillo, exinspectora de Policía de Soledad.
Alex Ahumada, abogado.
Wilmar Machuca, poseedor irregular
José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad.
David De Castro, exregistrador de Soledad.
Francisco Mejía, notario de Santo Tomás.
José Peñaloza, poseedor irregular.
Roque Lugo, testigo falso.
José Márquez, abogado.

Además, Petro anunció que la operación continuará con 16 imputaciones adicionales, elevando el total de personas judicializadas a 33.

Esta cifra resalta la magnitud de la red criminal y su alcance dentro de diversas entidades gubernamentales. Las autoridades han señalado que se están realizando nuevas investigaciones para identificar posibles cómplices y determinar si existen otras células delictivas operando en la región con dinámicas similares.

He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado.

Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2025

Este golpe contra la ocupación ilegal de tierras representa un esfuerzo por restituir el derecho de las familias afectadas, así como por fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones del Estado. La Fiscalía ha indicado que continuará con procesos de judicialización y seguimiento a los bienes involucrados, con el propósito de garantizar la recuperación de los terrenos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.