Robo de agua en el Atlántico: fincas y negocios particulares dejan a miles de familias sin el servicio

Con IA monitorean las redes en tiempo real, detectando manipulaciones y fugas con precisión.

El robo de agua para jagueyes y fincas privadas deja a miles sin servicio en el departamento del Atlántico. Foto: Triple A

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Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA20.03.2025 08:31 Actualizado: 20.03.2025 08:53

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En el corazón del departamento del Atlántico, una red clandestina de conexiones ilegales ha convertido el agua potable en botín de guerra.

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Desde predios rurales hasta urbanizaciones, el robo sistemático de este recurso vital no solo afecta a comunidades enteras, sino que financia actividades privadas como el llenado de jagueyes y el riego de cultivos.

La última operación de desconexión en Candelaria, centro del departamento, reveló conexiones que desviaban 103 mil litros diarios, equivalente al consumo de 200 familias o con lo que se podría llenar 10 carrotanques, "para abastecer un estanque privado", denunció la empresa Aqsur, encargada del acueducto en esta zona.

El mapa del desvío

Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del departamento, alertó que el problema ya no es exclusivo de la zona costera el centro o sur del departamento.

La funcionaria explicó que en municipios Baranoa, Ponedera, Sabanalarga y Polonuevo se suman a la lista de municipios donde el hurto se ha convertido en una práctica extendida.

Según Ospina "con el agua robada en el Atlántico se podrían llenar 132 piscinas olímpicas", una cifra que refleja la magnitud del desvío.

En la zona de Achotera, Triple A identificó recientemente una acometida irregular que obligó a suspender el servicio en Baranoa, Polonuevo y el corregimiento del Pital del Carlín.

Miles de habitantes quedaron sin agua durante horas, mientras el predio beneficiario seguía operando.

"Sabemos que hay bastantes fraudes en las vías", denunció Eliana De La Pava, residente de Baranoa, quien exige a los infractores regularizar su servicio.

En esta finca del municipio de Candelaria se encontró una tubería ilegal. Foto:Cortesía Aqsur

Cifras que escalan la crisis

En 2024, los operativos de control de la Triple A detectaron 17.983 casos de fraude, más del doble que los 7.347 reportados en 2023. La recuperación de 1.159.670 metros cúbicos de agua generó ingresos por $8.071 millones, pero no mitiga el impacto social: bajas presiones, cortes frecuentes y la percepción de impunidad.

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Triple A ha desplegado estrategias innovadoras para combatir el hurto. El sistema Pipers, tecnología canadiense con inteligencia artificial, monitorea las redes en tiempo real, detectando manipulaciones y fugas con precisión.

Un total de 170 conexiones fraudulentas han sido detectadas en el acueducto costero. Foto:Prensa Gobernación del Atlántico

"Gracias a esta herramienta, actuamos con mayor rapidez", explica Álvaro Araujo, gerente de eficiencia hidráulica.

Además, cuadrillas permanentes y colaboración con la Policía Ambiental han permitido desmantelar redes ilegales, aunque persisten desafíos en la regularización de s.

Un llamado a la legalidad

Fredy Giraldo, gerente de servicios de Aqsur, advierte que "se trata de un abuso por parte de finqueros y propietarios de parcelas", mientras las autoridades insisten en que el hurto de agua es un delito con consecuencias económicas y sociales.

Ante el aumento de casos, la comunidad exige no solo sanciones, sino garantías de equitativo a un recurso que, en el Atlántico, se ha convertido en moneda de cambio entre intereses privados y necesidades colectivas.