Denuncian detrimento de $ 662 millones y poca inversión en planes por medioambiente

De 13 auditorías a la gestión sobre el medioambiente en el Valle del Cauca que adelantó la Contraloría departamental se establecieron 64 hallazgos istrativos, de los cuales, cinco tienen connotación fiscal.

Esto último significa que dineros públicos están en riesgo, al punto de que la contralora del Valle, Ligia Stella Chaves, señaló que existe un detrimento patrimonial de 

$ 662’419.522 para programas, cuya finalidad es la protección de recursos naturales del departamento.

Justamente, así se indica en el informe anual ‘Estado de los recursos naturales y del ambiente del Valle del Cauca’ que la funcionaria presentó a la ciudadanía con un urgente llamado sobre la poca inversión en este aspecto. El análisis, como lo suele hacer la Contraloría, es con base en la vigencia del 2023, pero tomando información del año anterior.

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Es así, de acuerdo con el documento y las cifras explicadas por la contralora Chaves, que “se pudo concluir que la inversión en las entidades territoriales del Valle del Cauca fue de $ 2.179’785.262,768, en la vigencia 2022, de los cuales, el 4,1 % ($ 88.824’280.123) se invirtieron en temas ambientales”.

Es por ello que la contralora lanzó la voz de alerta. “Cabe destacar que de los $ 88.824 millones que se invirtieron en el tema ambiental, el 34 % ($ 30.164’816.300), se ejecutaron con recursos propios y el 66 %, del Sistema General de Participación (SGP). 

Pero “se pudo evidenciar que municipios, como Alcalá, Argelia, Ulloa, Versalles, El Águila, El Cairo, El Cerrito, La Victoria y Zarzal, no invirtieron recursos propios en el tema ambiental”, se lee en el informe de la Contraloría. 

“En la evaluación realizada se tomaron cinco ítems como referencia. Fueron saneamiento básico, adquisición de áreas de interés, gestión del riesgo, medioambiente y residuos sólidos. Se analizó lo presupuestado contra lo ejecutado”, se lee en el documento.

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La contralora aseguró que en este análisis se encontró que municipios como Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Calima Darién, Candelaria, Cartago, El Cerrito, El Dovio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Restrepo, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa y Zarzal, “no ejecutaron recursos en el ítem de adquisición áreas de interés. Sin embargo, en el municipio de Jamundí llama la atención la inversión de 847’722.510 pesos en implementación de esquemas de pago por servicios 

ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos”.

La contralora anotó: “Es necesario seguir haciendo análisis y evaluaciones continuas de los presupuestos ambientales en Colombia y en nuestra región para lograr su mejoramiento y garantizar un futuro sostenible para el país”.

Según la Contraloría del Valle, en este tema es muy pertinente señalar que los estudios nacionales evidencian lo insuficientes que son los esfuerzos y compromisos del Gobierno, “como el establecimiento de presupuestos de carbono para el período de 2020 a 2030, pues el presupuesto para el sector ambiente sigue siendo precario y no se está invirtiendo para proteger y conservar los recursos naturales del país”.

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Aunque los pagos por servicios ambientales (PSA) son legales, la funcionaria recalcó que no es lo único en materia ambiental.

En la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) informaron que los PSA benefician a nueve municipios con 400 familias en 2023 en 750 hectáreas y con $ 2.600 millones. Señalaron que en Tuluá o Jamundí se definen recursos, pensando en la comunidad y con organizaciones reconocidas. 

En la corporación informaron que se analiza, por ejemplo, el agua con procesos de conservación ambiental, más sostenibles y con mejor nivel de vida. “No solo en el tema ambiental, sino cómo la comunidad se ve beneficiada”. Para la CVC, la minería ilegal es un obstáculo para definir costo y oportunidad para la población. Ese es el caso de la vereda Peñas Blancas, en Pichindé.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI