Preocupa el aumento de desplazamientos ‘gota a gota’ en Antioquia

Salir de sus casas con las pocas cosas que en una maleta caben para salvar sus vidas, fue la constante de decenas de antioqueños que durante el primer semestre abandonaron sus hogares por las confrontaciones armadas que persisten en la región.

En datos entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante su último informe de monitoreo, correspondiente a los meses de enero a junio, en el departamento 3.865 personas fueron víctimas de desplazamiento individual, lo que representa un 15 % más de los casos registrados por la misma entidad durante el mismo período de 2022, cuando la cifra llegó a los 3.285 casos.

Ignacio San Román, jefe Subdelegación Medellín CICR, indica que las víctimas pueden ser mucho más, teniendo en cuenta que algunas deciden no declarar y poner en conocimiento de las autoridades por el temor a lo que les pueda ocurrir.

“En Antioquia no es la primera vez del caso de los desplazamientos individuales, es una cosa que llama la atención”, comenta el jefe, quien agrega que el departamento ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el 11,3 % del total de las personas (34.212) que salieron de sus territorios en lo que llaman desplazamiento ‘gota a gota’.

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Estos desplazamientos ocurren, explica el jefe de la subdelegación, sobre todo, por señalamientos, amenazas y estigmatizaciones que sufre la población civil en las zonas que están siendo disputadas por los grupos armados ilegales.

Precisamente lo que han identificado durante el último periodo es una reducción en algunas de las consecuencias humanitarias relacionadas a los conflictos armados entre el Gobierno y los grupos armados, pero persisten los conflictos entre estos últimos por el control de las rentas y territorio, situaciones que terminan afectando a la población civil.

“En este control del territorio cuando cambia de manos de un grupo a otro, cuando están en disputa, ocurren todos estos casos, desde homicidios, desapariciones, señalamientos y amenazas que provocan que la población tenga, una a una de esas familias, salir desplazadas en muchas ocasiones hacia Medellín”, agrega San Román.

La llegada de estas víctimas a la capital del departamento la ha documentado la Personería Distrital que semestralmente entrega un informe. En el último, con corte al 20 de junio, por ejemplo, reportaron la llegada de 3.098 personas desplazadas, donde el 52,7 % correspondían a mujeres y el 47,3% a hombres.

Aunque el listado lo encabezan ciudadanos de Quibdó, Chocó (484 personas), los demás municipios que integran el ‘top 10’ son localidades antioqueñas: Ituango (147 personas), Turbo (127 personas), Caucasia (103 personas), Apartadó (97 personas), Chigorodó (89 personas), Bello (84 personas), Yarumal (62 personas), Tarazá (59 personas) y Segovia (56 personas).

La gran mayoría de estos territorios han sido identificados por el CICR y organizaciones defensoras de derechos humanos como lugares donde la violencia entre grupos armados persiste.

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“Las zonas que están más afectadas por el conflicto son el Nordeste con Remedios y Segovia, el Norte con Ituango, algunas zonas del Bajo Cauca, Caucasia, Tarazá y luego hay otros municipios como Turbo, Chigorodó. Esas son las zonas donde se han producido más desplazamientos de manera individual”, acota el jefe del CICR.

Ernesto Pinzón, integrante del área de garantías de la Corporación Jurídica Libertad, explica que en estas subregiones (Bajo Cauca, Norte y Nordeste) han aumentado los conflictos entre actores ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias del Estado Mayor Central y Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘clan del Golfo’, como el Estado les llama.

Estos territorios conforman lo que la Corporación llama ‘Medialuna’, áreas claves del departamento por su riqueza en minerales como el oro, así como el ser corredores estratégicos para conectar el sur de Bolívar, Córdoba y el Nudo del Paramillo.

“Si se mira un paralelo de hoy en día dónde son las zonas de Antioquia con mayores índices de violencia, donde hay unas crisis humanitarias complejas, son en zonas donde anteriormente tenían fuerte presencia las Farc-Ep”, dice Pinzón.

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), por su parte, manifiesta que estos conflictos hacen parte de la configuración de los modos de actuar de los grupos armados ilegales en épocas de ‘paz total’, donde ninguno quiere ceder terreno y algunos buscan ampliarse a territorios estratégicos mientras negocian.

“Todo esto es una amalgama que nos está produciendo que haya todavía conflictividad en los territorios, haya disputas armadas y que la población civil que está en el medio opte, o por salir o refugiarse al interior de sus comunidades, constituyendo confinamiento”, resalta Zapata.

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Esto último es lo que viene ocurriendo en Segovia y Remedios donde la confrontación entre los ilegales ha ocasionado que varias veredas se desplacen y declaren un campamento de refugio humanitario.

Aunque en Gobierno Nacional firmó un cese al fuego bilateral y temporal con uno de los grupos que tiene presencia en Antioquia, la guerrilla del Eln, que inició el pasado 3 de agosto y va hasta el 29 de enero de 2024, defensores de derechos consideran que se debe avanzar en lo mismo con los demás actores armados ilegales y lograr que entre ellos no se enfrenten, pues esto es lo que hoy tiene a la población civil en el fuego cruzado.

“Nosotros creemos que es importante avanzar en los ceses al fuego bilaterales y son muy importantes, pero donde realmente vemos que puede dar avances significativos frente a los alivios humanitarios, son los ceses al fuego multilaterales”, dice Pinzón, teniendo en cuenta que, en Antioquia, por ejemplo, que el grupo armado con mayor presencia en el departamento son las Agc con quienes no se ha avanzado en negociaciones y está en enfrentamientos con el Eln.

Una postura similar tiene el director Zapata quien plantea la alternativa de que el Gobierno promueva un cese multilateral del fuego, “porque es que claro, cuando hablamos de quiénes están en disputa no es el Estado con estos grupos en este momento, sino la disputas entre ellos, entre ellos no se están haciendo esos pactos ni esos ceses, entonces como están en plena disputa entre ellos, la población civil queda en la mitad y por eso es victimizada”.

Agrega Zapata que esto sería viable si se avanza en los ceses bilaterales y el Gobierno pone una cláusula expresa de cese hacia la población civil, porque de esta manera se mitiga y aligera la situación de derechos humanos de las comunidades.

“El llamado al Gobierno es: avance en estos procesos, pero colocando la cláusula explícita de que cese las hostilidades contra la población civil. Sólo así se podrá avanzar en un aparente cese multilateral del fuego”, concluye.

En el monitoreo realizado por el CIRC se menciona la existencia de siete conflictos no internacionales en el país, donde cuatro tienen asiento en el territorio antioqueño.

Se trata de los tres existentes entre el Gobierno con los grupos armados no estatales como las Agc, Eln y exFarc no acogidas al proceso de paz ahora conocidas como Estado Mayor Central. El cuarto corresponde al conflicto entre las Agc y Eln.

“Recientemente hemos clasificado este año un conflicto entre Eln y antiguas Farc no acogidas al acuerdo de paz, lo que pasa es que ese conflicto está clasificado y cumple los criterios a nivel nacional, pero en territorio de Antioquia no está ocurriendo actualmente. Entonces los tres con el Estado y Agc y Eln”, concluye el jefe del CICR.

Los restantes corresponden a antiguas Farc con la Segunda Marquetalia y con Comandos de la Frontera, pero estos se dan en otras zonas del país

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa