Las otras 5 fosas que serían de 'falsos positivos' en Dabeiba

El reto de determinar si en Dabeiba (Antioquia) hay restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales es cada vez mayor. Desde el 9 de diciembre del año pasado, la JEP investiga la veracidad del testimonio de un exmilitar, en el que aseguró que en el cementerio municipal Las Mercedes hay al menos 50 cuerpos de personas ejecutadas, entre 2005 y 2007, de manera irregular por la Fuerza Pública, como parte de los llamados ‘falsos positivos’.

Pero, en este municipio del Occidente de Antioquia habría otros cinco camposantos en los que se presume que hay inhumados restos de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales catalogadas como NN.

Al menos, así lo considera el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que le solicitó a la JEP ampliar las medidas cautelares a otros cementerios de Dabeiba, con el fin de hallar e identificar a estas posibles víctimas.

Para la abogada Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, vocera del Movice, es importante tener en cuenta que Dabeiba ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia, pues allí tuvieron injerencia las Farc, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Unidas de Colombia y el bloque Elmer Cárdenas, así como la Fuerza Pública, con el Batallón 74 de la Brigada Móvil de Contraguerrilla y el Batallón Voltígeros.

“Las víctimas pueden corresponder a estos diferentes grupos porque en Dabeiba hubo actuación de todos. Y desde inicios de los años 80 ha sido territorio de control delincuencial por estar ubicado en la zona del Nudo de Paramillo, estratégica para distintos delitos”, indicó la abogada.

Asimismo, agregó que, según casos que han trabajado hace varios años y que son confidenciales, podría haber 324 víctimas de desapariciones forzadas y cerca de 100 de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba.

Por esta razón, expresó que es muy difícil determinar a cuáles víctimas corresponden los siete esqueletos completos exhumados por funcionarios de la JEP en diciembre pasado, así como los demás fragmentos de huesos que serían también de posibles víctimas.

“Esa es justamente la labor que se viene ahorita, hacer las identificaciones y los cruces de datos”, manifestó Arboleda.

Esta situación concuerda con testimonios de testigos de la aparición de cuerpos NN en el municipio, especialmente entre los años 1995 y 2007. Tal es el caso de Yolanda*, quien salió del municipio desplazada por amenazas y  fue enfermera durante 12 años allí, hasta finales de la década del 90.

Ella cuenta que debía ayudar a hacer las necropsias de los cadáveres que aparecían con signos de violencia, muchos sin identificar y sin que nadie los reclamara nunca.

“Se notaban muchas irregularidades en esos muertos. Por ejemplo, recuerdo mucho un caso de un hombre, se veía que era muy joven, que recibió varios tiros en el cuerpo, pero llegó con la cara destrozada. Al médico le pareció raro que murió de un impacto en el corazón, pero le dispararon también en el rostro”, recuerda la enfermera, al tiempo que explica que nunca supo con certeza cuál actor armado les dio la orden a ella y a otros empleados del hospital de huir del municipio.

Cree que fue por todos los hechos que presenció, como la ocasión en la que un joven campesino llegó herido por arma de fuego y, una noche, hombres armados lo sacaron a la fuerza, en una silla de ruedas, ante la mirada impotente de médicos y enfermeras.

En la morgue del pueblo fue común hacer necropsias de este tipo a personas que nadie sabía quiénes eran y que luego eran sepultadas sin ritos ni rótulos con nombres, a duras penas, solo con una cruz clavada en la tierra. Muchas veces, en una misma fosa enterraban varios cadáveres.

Para Augusto González, director del Museo Casa de la Memoria de Dabeiba, siempre se han escuchado rumores de que los cuerpos que pudieron llegar al cementerio Las Mercedes eran de personas de otros lugares del departamento, como Medellín.

El Movice reportó que, según testimonios de la comunidad y de organizaciones de derechos humanos, muchas de las víctimas fueron inhumadas en estos cementerios para garantizar la impunidad de los crímenes.

“Han referido que eran testigos de cómo los diversos actores del conflicto llevaban los cuerpos de las víctimas o de los mismos combatientes a los diversos cementerios para ser sepultados sin ningún procedimiento”, indicó el movimiento en la solicitud a la JEP.

González también ratificó que habría restos de víctimas del conflicto en otros camposantos del municipio y en potreros de algunas fincas, como la suya. Cuenta que el 25 de diciembre de 2001, se asentaron en la finca de su madre de un grupo paramilitar y que montaron allí campamentos y sitios de adiestramiento.

“De las personas que sospechaban que eran infiltrados de las Farc, las ejecutaban y las enterraban en el potrero”, afirmó.

Además de Las Mercedes, el Movice le pidió a la JEP decretar medidas cautelares en el cementerio presbiteriano, ubicado en la cabecera municipal y istrado por la iglesia presbiteriana; el cementerio de la vereda El Salado; el cementerio del corregimiento Caparrucia; el cementerio del corregimiento de San José Urama y el cementerio del corregimiento de La Balsita.

Estos camposantos, dijo Arboleda, no tienen medidas de preservación, cuidado y protección para evitar que los restos humanos de posibles víctimas de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales sean alterados o se pierda su rastro.

El Movice pide además que “se solicite a la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Dabeiba, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia, la IV y XVII Brigada del Ejército y la Personería de Dabeiba que entreguen toda la información relacionada con los casos personas dadas por desaparecidas en el municipio o que pudieron haber sido llevadas a los cementerios sobre los cuales se está solicitando medidas cautelares”.

Por el momento, hace falta que se cumpla la plena identificación de los restos ya exhumados en el cementerio Las Mercedes, labor en la que trabaja el Instituto de Medicina Legal.

Así, se podrán cotejar informaciones para saber a quiénes corresponden los cuerpos y determinar si fueron asesinados por la Fuerza Pública para luego hacerlos pasar como guerrilleros o si se trata de otras personas que cayeron en manos de otros grupos armados como la guerrilla y los paramilitares.

HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO