Cinco claves para entender la ola de violencia que azota a Bello

Un total de 101 personas han sido asesinadas en lo que va corrido de este 2019 en Bello, municipio del norte del valle del Aburrá. En el mismo periodo del año pasado, la cifra era de apenas 38.

Los últimos dos muertos fueron encontrados el pasado lunes en aguas el río Medellín. Según Adriana María Salas, alcaldesa de Bello, las dos personas no necesariamente fueron asesinadas en la localidad sino que pudieron ser arrojadas aguas arriba y bajar arrastradas por la corriente. Pero, por haber sido encontradas en jurisdicción bellanita, entran en las cuentas del municipio.

Esta situación de zozobra e inseguridad que hoy sigue padeciendo Bello, pese a los esfuerzos de las autoridades de la istración Municipal, la Gobernación de Antioquia e incluso el Nacional, la Policía y el Ejército, es producto de una larga historia de dominio de grupos delincuenciales que lleva por lo menos dos décadas.

“La gente ve que impunemente el mundo criminal cobra vacunas, cuotas de vigilancia, por cada edificio que se haga exige un apartamento, fabrica productos alimenticios que la gente tiene que comprar. Es decir, que tiene un control total del territorio”, explica John Mario Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y habitante de Bello.

“Por ejemplo, si los de Niquía dicen: aquí no sale nadie después las siete de la noche, efectivamente es así. Y hasta las mismas empresas de vigilancia privada les pagan vacuna a los pillos. ¡Eso es una cosa surreal! pero es la realidad de Bello. Eso es una muestra del poder que ellos manejan”, asegura Muñoz.

No obstante, había cierto sosiego mientras que ese poder no estuvo en disputa, pero las capturas de cabecillas de grupos de alcance metropolitano, como alias Tom, despertó una pugna por el control tanto territorial como de las rentas criminales.

“Hubo una fractura entre las bandas de ‘Pachelly’, ‘Mesa’ y ‘Niquía’, al parecer, por el asesinato de un cabecilla. Sin embargo, la razón de fondo sería una expansión territorial para tener mayor control y poder en otros sectores con rentas ilegales”, explica el Decano de Humanidades.

El crecimiento urbanístico, según el último censo, aumentó el número de viviendas en un 56,3 por ciento entre 2005 y 2018 y la supuesta entrada de dos nuevos actores armados, como el cartel mexicano de Sinaloa y el Eln, serían otros de los agravantes.

Para completar, el municipio ha padecido de inestabilidad política a raíz de la vinculación de funcionarios a procesos penales y disciplinarios. Hay que recordar que el último alcalde electo, César Suárez Mira, fue condenado en primera instancia a prisión domiciliaria por 6 años y 10 meses debido a que falsificó su diploma de bachiller. En su reemplazo funge la exsecretaria de Gobierno Adriana Salas.

En concepto de Muñoz, en Bello hay una pérdida de credibilidad frente a la institucionalidad y al sentido de lo público y lo colectivo, así como una ausencia de una ciudadanía más responsable de sus deberes y derechos.

El pasado sábado 3 de agosto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez hizo un recorrido por Bello con varios generales de la República. Allí volvió a insistir en el ‘mapa de calor’ con el que se pretende entender cómo actúan y en qué lugares se encuentran las ocho estructuras criminales que luchan por las rentas ilegales en Bello.

Los grupos delincuenciales identificados que se disputan los dineros del microtráfico, las plazas de vicio y el control de las extorsiones son: los ‘Chatas’, los ‘Triana’, los ‘Pachelly’, el ‘Mesa’, ‘Niquía Camacol’, el ‘Mirador’, ‘Maruchengas’ y ‘La Camila’.

“Queremos que en ocho días se pueda ver qué fuerzas atacan a Bello barrio por barrio. Nuestra idea es que esto se entregue cuando lo revisen bien, que sea un documento de estudio para periodistas y fuerzas de seguridad del Estado”, dijo el gobernador.

El mandatario local también informó que se creó una comisión con el Gobierno Nacional y organismos de inteligencia internacional, junto con la Fiscalía, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para recuperar el municipio. “Soy optimista de que en muy poco tiempo volverá a reinar la institucionalidad”, advirtió Pérez.

Para el gobernador, “paulatinamente se viene recuperando la seguridad” y sustenta su afirmación en algunas cifras: 832 personas detenidas en los últimos meses y 57 motos robadas recuperadas. “Este tema no se puede medir solo por los homicidios, sino también por todo el trabajo que venimos haciendo por detrás”, agrega Pérez.

La alcaldesa Salas le dijo a EL TIEMPO que el documento al que se refiere el gobernador está siendo revisado. Para la istración, este no reflejaba la realidad del municipio. “Hicimos reparos al mapa, no todas las situaciones que se pintan en él corresponden a la realidad. Por ejemplo, el tema de la presencia y las alianzas de los grupos ilegales no son acertados desde el punto de vista de la investigación”, expresa Salas.

Pero, más allá de la polémica por el mapa, hay una realidad incuestionable: los homicidios vienen bajando. Mientras en mayo se presentaron 22, en junio fueron 20 y en julio la cifra cayó a 12. Según la alcaldesa Salas, esto se debe, entre otras cosas, a la presencia constante de las autoridades. Para la alcaldesa, lo más importante no es solo bajar la tendencia sino “devolverle la tranquilidad a la gente para que, en el marco de una democracia, gocen de todas sus libertades”.

Una visión menos optimista tiene Germán Valencia, docente de estudios políticos de la Universidad de Antioquia y experto en violencia urbana. Para él, antes de tomar el caso particular de Bello hay que tener en cuenta que las problemáticas que se presentan allí son características de todo el valle de Aburrá. Sin embargo, en el municipio se presentan varias singularidades: buena ubicación geoestratégica para sacar droga, presencia del ‘clan del Golfo’ y reacomodamiento de cabecillas.

“No ha habido un acuerdo entre las bandas para ver quién sucede el poder. Ese no acuerdo ha llevado a que se dé esta guerra en la que la población civil queda en la mitad”, precisa. Además, añade que la baja en homicidios del último mes no se debe a la presencia estatal: “Las bandas son como empresas, quieren que su negocio sea rentable.

Pero, como la guerra es entre ellos, se les ‘calienta’ el negocio; se les vuelve un conflicto costoso. Si las tasas de homicidio bajan, es porque entre ellos se dan cuenta de que el negocio no es rentable si se siguen matando. Más que por la presencia de autoridades, es decisión de ellos bajarle a esa guerra”.

La alcaldesa Salas no está de acuerdo con esa aseveración. Para ella, la baja en las muertes violentas, aunque es consecuencia de varios factores, depende en gran medida de la presión de las fuerzas del Estado. “Si hubiera un pacto, como se ha dicho, entonces los homicidios bajarían a cero. Esa no puede ser la razón principal”, argumenta.

Han sido varios meses de homicidios, amenazas, toques de queda y balaceras que han causado una zozobra permanente en la población. Es el caso de una mujer que pidió no ser citada con su nombre. Vive en el barrio El Trapiche y sus familiares en el sector de Niquía. A pesar de que no ha recibido amenazas personales, relató que no puede desplazarse a ese lugar por el peligro que representa para su vida. Incluso, quiere vender la casa en que vive para no vivir más esta situación.

Para la alcaldesa, estos casos son los que más afectan el estado anímico de los habitantes: “En este hecho son dos víctimas y un menor, esto pone a la población bellanita en un marco mayor de vulnerabilidad. Nos preocupa porque, si bien es muy clara la confrontación entre estos grupos ilegales, el hecho de que alguien ajeno al conflicto, en este caso un menor, resulte inmiscuido, nos pone retos muy grandes en temas de seguridad”.

Otros de los más golpeados por la violencia han sido los comerciantes. Ante las amenazas, balaceras y esporádicos toques de queda impuestos por grupos armados, las personas sienten temor de salir de sus casas para departir en establecimientos nocturnos. Por eso, la Alcaldía viene trabajando de mano de los dueños de esos establecimientos para crear confianza y condiciones para que las personas salgan sin temor.

Pero hay otro hecho, sucedido esta semana, que puso en alerta a las autoridades. En el municipio circuló un panfleto en el que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia señalaron a 19 personas de 'objetivo militar’. Entre los primeros amenazados se encuentran los cabecillas de varios de los grupos armados que operan en Bello, entre ellos los ‘Pachelly’, el ‘Mirador, el ‘Mesa’, los ‘Chatas’ y ‘Niquía Camacol’. Pero también hay funcionarios públicos, jueces, un aspirante a la alcaldía, así como personas de la vida política, comercial y líderes comunitarios de Bello.

La alcaldesa dijo que la primera persona que tuvo conocimiento del panfleto puso la denuncia. De inmediato, agrega, convocó a un consejo de seguridad con presencia de la Policía. Hasta ahora están investigando quién pudo haberlo emitido.

La mandataria añadió que se hicieron ya los trámites para brindar protección a las personas que fueron amenazadas en el impreso. En cuanto a los jueces, el gobernador expresó que uno de ellos ya recibió apoyó de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, la Policía y el Ejército están creando una estrategia para proteger a estos empleados judiciales.

Miguel Osorio Montoya

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN