Habla Piedad Restrepo, la líder de la veeduría a EPM e Hidroituango

La creación de una veeduría ciudadana, enfocada en escrutar a fondo el funcionamiento de Empresas Públicas de Medellín (EPM) desató una fuerte controversia política la semana pasada. 

En medio de una serie de señalamientos, que acusan a la organización de ser una plataforma para un proceso de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, los líderes del proyecto salieron en su defensa.

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En diálogo con EL TIEMPO, Piedad Patricia Restrepo, quien hasta el pasado martes 25 de agosto fungió como directora del programa Medellín Cómo Vamos, explicó cuál es el objetivo del programa y qué personas están detrás de él.

Eso es una tergiversación con la intención de politizar a la veeduría. Nosotros nos organizamos como veeduría después de hacer un análisis muy serio de cuáles eran las pretensiones y lo objetivos que teníamos. Dentro de ellos no está una revocatoria del mandato y tampoco apoyaríamos a otras organizaciones que así lo plantearan. Nosotros no aceptaremos dentro de nuestra organización a ningún partido político ni ninguna persona que quiera utilizarla como plataforma política. De igual forma, tampoco aceptaremos personas que tengan intereses económicos en la Alcaldía ni en EPM.

A lo largo de la historia, Medellín ha vivido momentos de crisis, de alta desconfianza, de trabajo desarticulado entre lo público, lo privado, lo social y lo académico. En este momento creemos que la ciudad vive una crisis de esa naturaleza, en donde lo público y lo privado empiezan a desarticularse, y en donde hay una disminución de la confianza entre ambas partes. La veeduría nace porque queremos llamar al diálogo colectivo.

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Es fundamental. En el trabajo que yo desarrollé en Medellín Cómo Vamos, cada vez que había un reconocimiento nacional o internacional al progreso de Medellín siempre se destacaba el trabajo público-privado y la participación social y académica.

En muchos otros países el sector privado es muy cerrado, solo le interesa la sostenibilidad de su empresa, pero creo que en Medellín hay un claro convencimiento de que la sostenibilidad empresarial solo es posible si tenemos una sociedad sostenible. Por eso la gran preocupación. Si no encuentras respuestas desde lo estatal, entendido desde el gobierno local, si no hay apertura para escuchar y para entender esos procesos colectivos es ahí en donde empezamos a tener graves problemas.

Hay muchos programas relevantes para la calidad de vida de la ciudad que tuvieron el apoyo del sector privado desde su surgimiento y lo siguen. Por ejemplo el programa Buen Comienzo, de atención a la primera infancia vulnerable; también Medellín Solidaria, el programa de atención a la pobreza extrema; y el programa Viviendas con Corazón, que buscaba dar a las familias más vulnerables a una vivienda de interés social. Este último tuvo un apoyo muy importante en recursos por parte del sector privado para que fuera posible.

Aunque a veces lo damos por sentado, los servicios públicos domiciliaros se han convertido en un pilar de la calidad de vida de Medellín. La calidad de esos servicios públicos es altamente valorada por la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro, hay que entender que EPM es una empresa que aporta el 55 por ciento de sus utilidades a las arcas municipales exclusivamente para inversión social. En otras palabras, eso ha representado 1 de cada 5 pesos en inversión social.

Está en riesgo si no se cumple y no se respeta el gobierno corporativo mismo. La empresa tiene unos retos impresionantes; es decir, está lo de Hidroituango, está lo de Caribe Mar y otros retos para seguir siendo ese pilar de calidad de vida en Medellín. Además, aquí hay que pensar de nuevo la importancia del tema de la junta directiva. Necesitamos una junta con experticia, que permita tomar decisiones acertadas en términos de esos desafíos. Eso es supremamente relevante.

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EPM tiene una característica muy especial y es que es una empresa 100 por ciento pública, lo que significa que el dueño de EPM no es el alcalde sino los habitantes de Medellín. El alcalde, electo por voto popular, es ante la empresa el representante de los dueños, que somos todos nosotros. Es en esa condición que el alcalde tiene la potestad de elegir a la junta directiva y el gerente.

Ahora bien, si uno revisa el gobierno corporativo encuentra que esa junta, que tiene una gran responsabilidad, debe ser representativa de la sociedad. Al ser el máximo órgano istrativo de la empresa, por ahí deben pasar todas las decisiones trascendentales. ¿Por qué explico esto? Porque es en esa junta donde debe estar representado lo social, lo académico y lo empresarial. Tú necesitas una junta que tenga todas esas características.

Nosotros nos vamos a pronunciar sobre eso próximamente. Por ahora, lo que puedo decir es que lo más preocupante de la nueva junta es que tres de sus , que son los vocales de control, sean temporales. Eso no permite hablar de una junta en propiedad. Este es un órgano que esta semana va a tomar decisiones muy importantes. Una junta que recién llega a estudiar un tema tan crítico como la demanda a los constructores y diseñadores de Hidroituango, me parece que es un tema demasiado complejo. Que una junta recién nombrada, donde tres de sus no están en propiedad, discuta esos temas, es muy preocupante.

Todavía no hemos decidido eso. Sin embargo, a mí me gustaría reiterar que el objetivo de todo esto es que pensemos como sociedad en la importancia de lo público y lo público, no asimilado exclusivamente a lo estatal. Lo público es de todos y todas y tenemos una responsabilidad para defender el patrimonio público de nuestra ciudad.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN