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La extorsión, el delito que ahorca a los pequeños comercios de Medellín

Grupos ilegales les exigen hasta 300.000 pesos mensuales a cambio de dejarlos trabajar.

Las autoridades lanzaron este martes un código QR donde comerciantes podrán denunciar.

Las autoridades lanzaron este martes un código QR donde comerciantes podrán denunciar. Foto: Archivo/EL TIEMPO

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Un preocupante estudio dejó al descubierto un flagelo que viven los microempresarios en Medellín y su área metropolitana.
Carlos Retrepo* tiene un local de insumos de construcción en el barrio Boston del centro de Medellín. Durante las últimas décadas, ha trabajado ‘con las uñas’ para sacar adelante su negocio, pero lo que muy pocos saben es que ha tenido que luchar en silencio contra la extorsión.
“Acá llegaron a decirme que ellos me cuidaban y me pidieron que les mostrara las facturas de mis ventas para decirme cuánto debía pagarles por el ‘servicio’ de seguridad”, dice el microempresario.
Por una factura de dos millones de pesos le han llegado a pedir hasta 500.000 a cambio de ‘cuidarlo’.
El caso de Carlos* es más común de lo que parece. Según revela el Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM), una alianza interinstitucional de seis reconocidas organizaciones de Antioquia, hay factores del entorno, especialmente en materia de seguridad, que les ponen una ‘talanquera’ a los comerciantes.
Llegaron a decirme que ellos me cuidaban y me pidieron que les mostrara las facturas de mis ventas para decirme cuánto debía pagarles por el ‘servicio’ de seguridad
En el Informe de Resultados de la Encuesta de la Empresa Micro Valle de Aburrá 2022, realizada por el CEM, quedó al descubierto que siguen siendo víctimas de extorsiones y vacunas, hechos que la misma Policía corrobora.
Karol Vanessa Bautista Muñoz, líder del Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM), explica que este dato surge después de realizar un estudio previo del que participaron grupos focales y empresarios de la subregión.
En el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, un grupo ilegal les obliga a los empresarios a vender los insumos que ellos mismos proveen, mientras que, en el Centro de la capital antioqueña, lo recurrente es el cobro de la cuota de seguridad, donde microgrupos se reparten las cuadras.
En Itagüí cobran la cuota dependiendo de la ubicación del negocio. Si está en una vía principal tiene un precio y si está muy escondido, otro precio.
La encuesta arrojó que el 15,7 por ciento de los comerciantes dijeron ser víctimas de extorsión. Fueron consultadas 1.237 unidades productivas de Medellín y el Valle de Aburrá, donde el 56 por ciento son formales y el 44 por ciento, informales.
Cifras de extorsión en Medellín

Cifras de extorsión en Medellín Foto:EL TIEMPO

“Esto es grave, porque deberíamos estarnos preocupando por otros factores del entorno”, agregó Bautista Muñoz.
Entre los microempresarios informales, el 24,3 por ciento respondió que pagan una cuota que oscila entre los 20.000 y 50.000 pesos. Y el 42,4 por ciento pagan menos de 20.000 pesos mensuales.
En el caso de los formales, el 31,2 por ciento dice pagar entre 20.000 y 50.000 pesos; el 22 por ciento entre 50.000 y 100.000 pesos, y el otro 22 por ciento respondió que pagaba entre 100.000 y 300.000 pesos mensuales.
A esto se le añade que tanto formales como informales, el 16 por ciento pagan una cuota por operar en la zona y el 14 por ciento de los proveedores tienen restricciones para llevar los insumos hasta el lugar donde se encuentran sus clientes.
“Las mujeres pagan menos, pero igual pagan. Cuando nosotros revisamos las cifras por género, nos dimos cuenta que el 64 por ciento de las mujeres pagan menos de 50.000 pesos, mientras que el 50 por ciento de los hombres se ven obligados a pagar tarifas superiores a 50.000 pesos. Por sectores, el comercio se ve más afectado, igual que la industria. Los servicios se ven menos afectados”, precisó la líder Bautista.

Delincuentes al acecho

Carlos*, el comerciante del centro, dice que el trato de los delincuentes depende del estrato donde se ubique el comercio.
“En estratos bajos la cosa es distinta, acá somos estrato 4 y llegan charlando, pero en otras comunas la cosa es con armas. En el caso de los tenderos, los obligan a vender productos específicos”, relata.
“El dueño ya tiene unas características que lo hacen vulnerable y si a eso le sumamos problemas de seguridad, pues es muy difícil salir adelante y por eso las cifras de cierres de empresas para el Valle de Aburrá son del 50 por ciento al quinto año de constituida.
Es muy difícil que ellas permanezcan en el tiempo y permanezcan de una manera saludable y competitiva, si tienen estas dificultades”, concluyó la líder.

‘El que no paga vacuna...’

Santiago Tobón, coordinador de la iniciativa de Seguridad y Justicia del Centro de Valor Público de la universidad Eafit, quien por años ha estudiado lo que pasa en la ciudad, asegura que este delito no tiene reducción y va en aumento por tres razones: nadie denuncia la extorsión, concentración institucional en la extorsión carcelaria y falta de coordinación para enfrentar el problema.
“En Medellín, por ejemplo, cada año se ponen entre 400 a 500 denuncias de extorsión y en una encuesta que hicimos con unos colegas en 2019, que vamos a volver a hacer ese año, la cantidad de hogares y negocios que son extorsionados o que pagan cuota semanal de extorsión, es superior a 150.000. Estamos hablando de un volumen absolutamente gigantesco de gente pagando semanal”, dijo el coordinador.
Básicamente estarían monopolizando la venta de algunos productos de la canasta familiar para hacer algunos cobros superiores
El Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) manifestó tener conocimiento de algunos casos donde existe un monopolio rentístico, en el que grupos ilegales no permiten la venta de algunos artículos, mientras que ellos monopolizan las ventas.
“Ellos monopolizan la venta de los artículos, pero que se esté haciendo una exigencia para poder llegar a vender, no. Básicamente estarían monopolizando la venta de algunos productos de la canasta familiar para hacer algunos cobros superiores, pero sobre la extorsión y exigencia de dinero a estas empresas estamos investigando algunos hechos”, recalcó el mayor Andrés Moreno, comandante encargado del Gaula Policía Metropolitana.
“Estos pagos son ilegales y pueden acercarse a nosotros o llamar a la línea 165, a la línea 123. Reiteramos mucho para que, a través de las investigaciones, a través de las acciones y las actividades de Policía Judicial y las actividades que nosotros hacemos de prevención, podamos dar solución a este flagelo”, concluyó el mayor.
En datos entregados por la Secretaría de Seguridad de Medellín, las denuncias por extorsión, donde la microextorsión es la más elevada, han tenido un incremento del 299 por ciento y, de lo que se denuncia, en un 89 por ciento se hace efectiva la captura y judicialización de los responsables.
Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hasta el 31 de mayo de 2023 se instauraron 743 denuncias por extorsión en los 10 municipios del Valle de Aburrá, 453 casos más que en los mismos cinco meses de 2022.
En datos del CEM el tejido empresarial del departamento de Antioquia está discriminado de la siguiente manera: el 89 por ciento de todas las empresas del departamento son microempresas, el 9 por ciento son pequeñas, el 2 por ciento mediana y el 1 por ciento son gran empresa.
La alianza interinstitucional que dio origen a este centro la conforman: Cámara de Comercio Aburrá Sur, Fundación Fondo de Garantías, Proantioquia, Comfama, Interactuar y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
"Desde Interactuar acompañamos a estos empresarios, los escuchamos y orientamos para que puedan permanecer con sus microempresas, con herramientas desde el liderazgo y manejo de las finanzas que les dé más posibilidades de entender estos fenómenos, sobrellevarlos de la mejor manera protegiendo la integridad personal y familiar", apuntó Lina María Montoya, directora ejecutiva de Interactuar.
Y agregó, "el gran cuestionamiento es cómo avanzamos en la articulación público-privada y como sociedad para ser más fuertes y brindar más opciones a quienes enfrentan este tipo de situaciones que los exponen y los hacen más vulnerables". 
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Redactora de EL TIEMPO

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