Nuevo giro en debate por reforma de la Fábrica de Licores de Antioquia

Desempolvando dos viejas ideas del gobierno anterior, una coalición de 15 diputados de la Asamblea Departamental reavivó el debate por la reforma de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Aunque el segundo periodo de sesiones ordinarias ya terminó, y el gobierno departamental aún no da señales de convocar a sesiones extras, la publicación de una misiva de dos páginas volvió a reabrir la discusión, al poner sobre la mesa dos escenarios que ya parecían descartados: dejar la FLA en la Secretaría de Hacienda y rescatar la hundida propuesta de la pasada istración de Luis Pérez de dividir en dos pedazos a la licorera.

Para entender el contexto del giro, hay que remontarse al pasado viernes 24 de julio, cuando en el ocaso del último periodo de sesiones ordinarias, la Gobernación de Antioquia destapó sus planes para la empresa y modificó el proyecto de ordenanza N° 15.

(En contexto: Así sería la nueva Fábrica de Licores de Antioquia)

En ese documento, el gobernador encargado Luis Fernando Suárez renunció a su petición inicial de pedir un poder extraordinario para reformar la fábrica por cuenta propia y publicó un proyecto de seis capítulos y 30 artículos en donde quedó plasmado como sería el funcionamiento burocrático de la FLA, al extraerse de la Secretaría de Hacienda y ser convertida en una empresa comercial e industrial del estado.

A parte de formular cómo sería el nombramiento de la junta directiva, el gerente y de repartir varias funciones, uno de los componentes más importantes de ese proyecto fue un extenso análisis jurídico en el que se evaluaron las razones para transformar la compañía hacia la figura de empresa comercial e industrial del estado (EICE).

Cabe recordar que el hecho que motivó esa transformación fue un fallo del Consejo de Estado, proferido en julio de 2018, que se propuso resolver una antigua disputa sindical en la que se cuestionaba que tan legal era que la FLA fuera una unidad istrativa de la Secretaría de Hacienda y los trabajadores fueran considerados “empleados públicos” y no “trabajadores oficiales”.

Un problema en el que aparecía toda una intricada red de leyes, decretos y ordenanzas que se vinieron abajo cuando la alta corte decidió “exhortar” a la Gobernación para que transformara en una EICE a la licorera, en un plazo no mayor de dos años.

Hasta el pasado 15 de julio, una de las dudas que más atascada tenía la reforma era cómo debía interpretarse el uso de la palabra “exhortar”. Mientras para unos la expresión denotaba una orden de obligatorio cumplimiento, para otros no era más que una sugerencia que podía ignorarse.

(En contexto: El proyecto para la transformación de la FLA se gesta entre dudas) 

En este punto, el análisis jurídico contratado por el nuevo gobierno apreció como una solución a ese problema: sin importar la obligatoriedad de la expresión, no tenía sentido arriesgar la empresa a más litigios con los sindicatos y las altas cortes.

Bajo este contexto, la propuesta de revivir dos viejas ideas, mantener la FLA en la Secretaría de Hacienda o partir en dos la empresa, causó sorpresa entre varios sectores que le hacen seguimiento al proyecto.

Según se lee en la carta de los diputados, la idea de mantener la FLA dentro del nivel central del departamento; es decir, como está hoy, estaría fundamentada en un artículo de la última ley de reforma tributaria, aprobada en 2019.

“Las empresas de licores de los departamentos, que tienen en el ejercicio del monopolio rentístico, conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Las que se creen en adelante deberán ser empresas industriales y comerciales del Estado, del orden Departamental”, se lee en el artículo 144 de esa ley.

Cabe recordar que esta interpretación, que venía siendo promovida desde el pasado gobierno de Luis Pérez, fue descartada por la nueva istración, para evitar más enredos judiciales.

“Tendríamos como restricciones o limitantes consideraciones laborales con parte del personal activo de la FLA y la necesidad de una mayor autonomía presupuestal para nuestra licorera, aspecto este último con alternativas para su atención”, iten en su carta los diputados.

En un segundo plano, la carta propone volver a estudiar la propuesta que formuló la saliente istración de Luis Pérez de dividir la FLA en dos: una EICE y una gerencia encargada de comercializar los productos.

(De nuestro archivo: La propuesta que busca dividir la Fábrica de Licores de Antioquia)

“El segundo escenario, es la revisión que estamos realizando a la propuesta de transformación presentada en su oportunidad por el anterior gobierno departamental, consistente en la creación de una Empresa Industrial y Comercial del Estado para atender exclusivamente el proceso productivo (de licores destilados y otras bebidas) y una Gerencia del más alto nivel para la liderar los demás procesos (istrativos, comercialización, ventas, entre otros)”, se lee en el pronunciamiento conjunto.

No obstante, los corporados plantean que revivir ese proyecto podría acarrear un incremento en los gastos de funcionamiento del departamento y podría reñir con el cumplimiento de la ley 617 de 2000, que establece los límites en ese rubro.

Aunque los diputados firmantes del documento también sopesaron algunos de los problemas que traería revivir esas figuras, y aclararon que su objetivo era el de ampliar las opciones en el debate, el pronunciamiento no fue bien recibido por algunos sectores.

“A mí me parece un comunicado irrespetuoso con la institucionalidad de la Asamblea Departamental. En este momento la Asamblea no está sesionando. Me parece muy complicado que solo los diputados de la coalición de gobierno estén analizando esos temas en reuniones paralelas, de las que los demás diputados no nos hemos enterado”, criticó Luis Eduardo Peláez Jaramillo, diputado opositor del partido Polo Democrático.

Peláez consideró que revivir esas dos ideas daría cuenta de “una falta de rigurosidad”, dado que esos dos escenarios ya se habían descartado, tanto en la Asamblea como en el estudio jurídico que contrató la Gobernación de Antioquia.

Aunque el gobierno departamental todavía tiene plazo para convocar a sesiones extras, todo apunta a que el grueso de esta discusión se daría durante el próximo mes de octubre, cuando la Asamblea inicie su tercer periodo de sesiones ordinarias.

Hasta entonces no se sabrá que tanto calarán estas nuevas propuestas y que influencia tendrán en el incierto futuro de la FLA.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.