La lucha de los mineros ancestrales contra la Gran Colombia Gold

Los pueblos vecinos de Segovia y Remedios, ubicados en el nordeste de Antioquia, a unas cuatro horas de Medellín, están fundados sobre las ilusiones de hombres que hace casi 200 años pusieron su deseo de progreso en el oro. De generación en generación, se han reproducido las historias de esfuerzo de quienes se adentran en lo profundo de las minas o cargan sobre sus hombros bultos de rocas de las que luego sale el dorado metal.

Los mineros de hoy recuerdan que desde la época de sus bisabuelos, el oro ha sido la fuente más preciada de sustento para los habitantes. Por años se han heredado las habilidades y la pasión por la minería. Desde muy pequeños, jugaban en las minas y aprendían las minucias de la labor. Nacieron con la batea a un lado, y muchos de ellos empezaron a trabajar en la adolescencia. Por ello se consideran mineros ancestrales.

Hoy asumen la ancestralidad como el arma que tienen para defender su único medio de sustento y para demostrar que no son criminales. Sobre sus hombros, dicen, cargan con ese estigma. En especial ahora, cuando la multinacional Gran Colombia Gold (GCG), dueña del título minero RPP 140, que abarca un territorio de 2.871 hectáreas y cobija ambos municipios, ha pedido a los gobiernos departamental y nacional que tomen medidas para combatir la minería ilegal en la zona, incluso con una acción policiva y militar.

Es una especie de batalla entre David y Goliat. Los mineros repiten una y otra vez que no son ilegales, mientras que la multinacional asume que sí, pues explotan sin permiso en su título. En esa gran extensión, la compañía opera tres enormes minas: El Silencio, Providencia y Sandra K. Allí también hay 38 pequeñas minas formalizadas, es decir, que firmaron contratos de operación con Gran Colombia Gold para extraer el oro con permisos y requisitos legales; en ellas trabajan unas 700 personas. Se suman otras minas operadas por un tercero de forma legal, que les brinda empleo a unos 1.800 mineros más. En el terreno hay también más de 100 minas que son explotadas sin contrato: las que son llamadas ilegales.

“Mire la delincuencia de ese muchacho y mírele el fusil que lleva en la espalda”, dice con ironía un joven que de sus 27 años lleva 16 en la minería y forma parte de la plantilla de ese centenar de minas sin contrato. Cuando habla se refiere a un chico que sube por un empinado camino de tierra amarilla y seca, con la cara mojada por el sudor y los ojos fijos en el suelo y un bulto de rocas en la espalda. Estos chicos temen. Les angustia la posibilidad de una intervención militar en la zona, tal como pidió semanas atrás Lombardo Paredes Arenas, el CEO de la multinacional, en una carta enviada a las autoridades colombianas. La explotación ‘ilegal’ representa “un riesgo significativo para ellos mismos, nuestros empleados, los habitantes y el medioambiente en las áreas circundantes, y además pone en peligro la integridad física y la infraestructura de las minas de la GCG”, expresó el directivo en la misiva.

Para los mineros tradicionales de Remedios y Segovia, la formalización que les ofrece la empresa no es un camino fácil. De hecho, creen que acabará quebrándolos a todos. Varios de ellos cuentan que contemplan la opción, pero se quejan de falta de garantías. Piensan que la empresa se llevará la mayor cantidad de las ganancias y sienten incertidumbre ante el futuro que les espera, con contratos que se suscriben solo por dos o tres años. Por eso resisten y se niegan a la formalización.

Otros, en cambio, ya dieron ese paso. “Ha sido muy duro, un trabajo largo y tedioso. Cuando las minas son productivas es fácil conseguir dinero para hacer ese proceso, pero cuando la mina es tan pequeña, como esta, es muy difícil porque la formalización es costosa. Pero también trae sus beneficios: bienestar para los empleados, dejar de ser perseguido y no vivir con el temor de que van a venir a cogerlo porque está trabajando minería ilegal”, dice Eucario Blandón, representante legal de la Sociedad Minera La Cuenca, una mina formalizada, ubicada en jurisdicción de Remedios.

Los formalizados son mineros tradicionales que tomaron la decisión de trabajar de la mano de la empresa. Luego de recibir una visita técnica, en la cual se estudia si el área de extracción no choca con las de otras minas, incluidas las de la GCG, los mineros conforman una sociedad y cumplen una serie de requisitos para obtener permisos de las autoridades competentes. Después firman el contrato de operación, y el material que saquen de las minas lo deben llevar a la planta de beneficio de la empresa para que sea procesado, pues esa es la única ambientalmente autorizada en Segovia y Remedios. Esta les paga según la cantidad del metal.

Cuando los mineros no están formalizados deben acudir al mercado negro para obtener los explosivos, aunque la mayoría los fabrica de forma artesanal. Eso implica graves riesgos para quien manipula el material y para las minas cercanas, pues se pueden producir explosiones no controladas que generan derrumbes o gases tóxicos. Esa es, dice la GCG, una de sus principales preocupaciones.

Ni en el 2018 ni en lo que va de 2019 ha habido detenciones por uso o compra de explosivos de manera ilegal, según el capitán Andrés Felipe González, comandante (e) del Distrito de Policía de Segovia. Pero el año pasado, en ambos municipios sí hubo 33 capturas por minería ilegal, ya sea “porque los detenidos se encontraban en la mina ilegal o porque personal de seguridad privada de Gran Colombia Gold los hallaron en propiedad de ellos sin autorización”.

Los mineros rechazan las acciones de las autoridades, pues su argumento es que cumplen con una actividad ancestral que sus antepasados ya desarrollaban antes de la llegada de la multinacional. Según Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minera, hoy viven con zozobra porque hay rumores de que está en camino un operativo contra los que no se han formalizado. Ni las autoridades nacionales ni las departamentales confirman esta versión. Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, no es una opción desarrollar operaciones militares, pero advierte que quienes exploten sin permisos deben asumir consecuencias tales como el cierre de las minas.

“Es muy doloroso que le digan a uno ilegal. En este momento, muchos hemos demostrado que queremos hacer las cosas bien, pero en ocasiones, el Estado nos lo pone muy difícil”, dice Delfín Antonio González, un hombre de 64 años que mantiene el legado minero que le dejó su familia. Él es el representante legal de la planta de beneficio La Palma, la única de Segovia que implementa tecnología limpia ante las exigencias legales de erradicar el uso del mercurio, pero que aún no está autorizada, como la de la multinacional.

Hace nueve años, Delfín Antonio González empezó la transición. En ese lapso ha invertido unos 700 millones de pesos. En el entable (lugar donde se procesa el oro con mercurio) funcionan ambas plantas, pues la incertidumbre no le ha permitido tomar la decisión de cerrar la artesanal, ya que teme que con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sea obligado a abandonar el sitio. Los mineros no formalizados le llevan a él los bultos de material en los que hay oro. Él toma una pequeña parte y la analiza en el entable para determinar cuántos gramos de metal hay. Después saca un promedio total y les paga lo que corresponda. Posteriormente, en la planta nueva procesa el material restante, y luego vende el oro al que mejor se lo pague.

Plantas como La Palma juegan un papel muy importante porque los análisis para determinar la cantidad de oro por tonelada son algunas de las principales dificultades para que los mineros no hayan logrado acuerdos de formalización. Ellos cuentan que cuando la multinacional hace los estudios, siempre les da menos cantidad de oro por tonelada que la que sale de los entables. Sobre este punto también se quejan los formalizados, por lo cual muchas veces acuden a una segunda opinión, que es permitida por la empresa (siempre que sea en un lugar certificado), aunque cuenta con un laboratorio de última tecnología para este fin. La multinacional, explica un minero, paga la onza de oro a 700 dólares, aunque depende del precio internacional vigente.

Los procesos de formalización también tienen en vilo a las conocidas como ‘chatarreras’, en su mayoría mujeres que se dedican a recoger el material que sobra en las minas para sacar un poco de oro. Consuelo Castrillón cuenta que es una tradición del pueblo y que casi todas son madres cabeza de hogar que han sacado adelante a sus familias de esa forma, aunque es poco lo que ganan. Pero es lo único que saben hacer y piensan que no hay cabida para ellas en minas que trabajen de la mano de la empresa. “Como el Estado no nos ha mostrado más opciones, en septiembre creamos una asociación que ya tiene 120 chatarreras afiliadas, aunque somos solo de dos minas. Si el chatarreo se acaba, nos vamos a quedar sin fuente de empleo, más en estos municipios donde lo único que existe es la minería”, dice Castrillón, quien ha trabajado en esa labor desde hace 25 años.

Su voz se suma a la de los mineros, que no quieren ser catalogados como criminales. De hecho, insisten en que ellos también son víctimas. Algunos cuentan que están sometidos al pago de extorsiones a los grupos armados, una obligación que tienen las minas formales, las informales, los restaurantes, las tiendas, las peluquerías y cualquier negocio de ambos municipios. Pagan porque el temor a morir es más grande. Al respecto, el capitán González explica que en ambos municipios tienen injerencia el ‘clan del Golfo’ y los ‘Libertadores del Nordeste’. También informa que en 2018 hicieron 14 capturas por extorsión.

Sea cual sea la situación legal del minero o el rol que cumpla en la cadena productiva, todos coinciden en rechazar las acusaciones de la GCG. Dicen que están a la búsqueda de mejores opciones para mantener vivo su oficio en estas tierras infértiles donde hay poca o ninguna posibilidad de otra actividad económica. Por eso le piden al Gobierno Nacional que les haga más fácil su formalización. Este trabajo es su único sustento.

HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Enviada especial al nordeste antioqueño