Medellín tiene 10 años para mejorar derechos de población Lgbti

En El sudor de tu frente, un libro de crónicas de la periodista Patricia Nieto, publicado en 1998, se cuenta la historia de un taxista que recorre las calles de Medellín durante las noches. En su carro, el hombre es testigo de la truculencia que se esconde en las calles oscuras. Cerca de los puentes, (centro de la ciudad) es testigo de grupos de personas que, invadidos por la intolerancia, se bajan de taxis, armados con bates o piedras, y persiguen a los transexuales que frecuentan ese sector.

El hecho, si bien puede parecer una mera anécdota, es sintomático de la intolerancia frente a la diversidad sexual. En las ciudades, y a pesar de que las sociedades se han hecho más abiertas, sigue discriminándose a las personas que tienen una tendencia sexual diferente a la heterosexual. Medellín no es la excepción.

Por ello, la ciudad adoptó desde el 2011 ( acuerdo 08 de 2011 - reglamentado por el decreto 1928 de 2011) una política pública para respetar los derechos de la comunidad Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales). La idea de esa iniciativa fue garantizar y restablecer los derechos de esta comunidad.

Para Hernando Muñoz, activista desde hace 20 años por los derechos de la población Lgbti y miembro de la ONG Colombia Diversa, esta política no ha sido demasiado efectiva. Muñoz cree que esta idea ha sido, más que una política con repercusiones tangibles, un papel que no se ha respetado.

El activista considera que para que esta funcione mejor, han hecho falta más recursos. “Para la población, desde lo que yo conozco, ha sido muy difícil. Ha sido lucha tras lucha poder mantener proyectos. Tenemos una casa maravillosa en el centro de la ciudad que se llama ‘Centro de diversidad sexual y de género’, pero no está dotada. Lastimosamente se convirtió en un elefante blanco”, denuncia Muñoz.

Para que la política pública pueda tener un efecto real sobre las personas de sexualidad diversa, la istración municipal presentó el pasado marzo un plan estratégico para proteger a población Lgbti de la discriminación.

Luz Ángela Álvarez, líder de este nuevo programa, cuenta que el trabajo se hará desde varios frentes. Uno de ellos será ‘derechos y vida digna’, que tiene como fin garantizar que esta población acceda como cualquier otro grupo a la salud, la educación, el uso de espacio público sin sufrir descriminación.

El plan También intentará brindarles empoderamiento social y político a los colectivos que luchan por los derechos de esta comunidad. Además, tiene proyectado trabajar pedagógicamente para que las personas respeten los derechos de quienes tienen gustos sexuales diferentes.

El plan tiene una acción hasta el 2018 y, si bien es cierto que los cambios culturales son lentos, se espera que para el 2028 se haya avanzado en el respeto por los derechos de la comunidad Lgbti.

Si bien este plan está en manos de la secretaría de Inclusión Social de Medellín, su aplicación es bastante amplia.

Álvarez explica que cada secretaría tendrá planes de trabajo haciendo un enfoque de diversidad sexual. “El reconocimiento de las diversidades sexuales no es tema de una sola secretaría. En todos los espacios de ciudad se debe trabajar con este enfoque. La secretaría de Educación tendrá que trabajar, por ejemplo, en manuales de convivencia para que se incorpore lo relativo a la identidad sexual y de género”, puntualiza la secretaria.

La coordinación ha sido una de las trabas para llevar a buen término las políticas a favor de la población Lgbti en Medellín. Así lo cree Juan Fernando Gómez, personero delegado para los derechos humanos de Medellín.

Sin embargo, es optimista en que con la implementación del plan pueda darse una mayor articulación que sirva para proteger a la comunidad Lgbti de una manera más eficiente.

El personero insiste en que el subregistro dificulta mucho saber a qué riesgos está sometida esta población. Según cifras de la secretaría de Seguridad, en 2017 fueron víctimas de homicidio siete personas Lgbti (cinco hombres homosexuales, una mujer lesbiana y otra transexual).

Pero como el registro es tan deficiente, la cifra puede ser mucho mayor. “Los datos terminan siendo parte de las estadísticas generales sin una caracterización específica, tal y como sucedió durante muchos años con la violencia en contra de las mujeres”, expresa el personero.

Pero los problemas para esta población van incluso más allá del rechazo. Gómez denuncia que los grupos delincuenciales que hacen presencia en Antioquia tienen una visión moralizante contra la población sexualmente diversa.

El observatorio ciudadano Lgbti de Medellín denunció, con pruebas, panfletos entregados por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los que se amenazaba de muerte a los de esta comunidad.

Otro aspecto preocupante es el a la salud. Gómez denucia que la población trans tiene dificultades para acceder al sistema general de Seguridad Social. Álvarez concuerda con que los trans son los más vulnerables dentro de la comunidad LGBTI.

Son estas condiciones que esperan ser mejoradas a 2018, cuando el plan cumpla 10 años.

MEDELLÍN