Millonarias pérdidas amenazan la operación de hospitales de Antioquia

El fantasma de la insolvencia, el incumplimiento de pagos y los recortes de personal comenzó a rondar de nuevo por los pasillos de los principales hospitales y clínicas de Antioquia.

Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia (AESA), reveló que luego revisar el desempeño de los principales 15 hospitales de segundo y tercer nivel del departamento, encontró que la facturación de estos había caído en promedio en al menos 33.447 millones de pesos, equivalentes a una disminución del 44,2 por ciento.

“Los hospitales públicos, como los privados, para financiar nuestros servicios tenemos que salir a venderlos. De esta forma, cuando nos pagan por ellos, podemos a su vez pagarle al médico, a la enfermera, al proveedor de medicamentos y demás. La disminución en la facturación ha traído consigo la disminución de nuestra capacidad para sufragar los gastos; es decir, mantener abiertos los servicios de urgencias, hospitalización, entre otros. Estamos trabajando a media máquina”, denunció Martínez Saldarriaga, durante un foro realizado por la Asociación Médica Sindical Colombiana en Antioquia (ASMEDAS) el pasado 30 de junio.

Paralelo a las pérdidas operacionales, otro indicador que preocupa al sector es la cada vez más abultada cartera de las aseguradoras; es decir, los servicios prestados que todavía no han sido pagados por las EPS.

Según los cálculos de AESA, en el caso de los hospitales públicos departamentales esa cartera ascendía a más de 1,2 billones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2019.

Para esa fecha, los deudores más grandes eran Savia Salud, con 392.895 millones pendientes; Coomeva, con 84.593 millones; Nueva EPS, con 78.526 millones; Medimas, con 33.895 millones; y las liquidadas Cafesalud, con 33.408 millones y Saludcoop, con 25.147 millones.

“En una epidemia en donde necesitamos el recurso humano cubriendo todas las bases de los servicios tener que reducir el recurso humano para sobrevivir es un contrasentido”, cuestionó Martínez Saldarriaga.

Desde la orilla privada la situación no es diferente. En una conferencia de prensa realizado el pasado 5 de junio, los directores de los 16 clínicas y hospitales más importantes del valle de Aburrá, como el Hospital San Vicente Fundación, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Las Vegas, SOMA, entre otros, revelaron que hasta el pasado marzo las aseguradoras les debían al menos 1,8 billones de pesos.

De ese total, al menos 133.698 millones correspondían a entidades en liquidación como Cafesalud, Saludcoop y Caprecom. Dentro de las entidades activas, las que encabezaban la lista de incumplimientos eran Savia Salud, con 425.173 millones pendientes; Coomeva, con 177.367 millones, y Nueva EPS, con 176.984 millones.

Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, calculó que en el caso de esa institución, la deuda del sector asegurador ascendía los 250.000 millones, un faltante al que se sumó una reducción de ingresos del 10 por ciento en marzo, 50 por ciento en abril y 40 por ciento en mayo.

Como medida para sortear ese vacío, Aguirre Martínez reveló que el hospital se vio forzado a recortar sus camas de pediatría (de las cuales solo queda operativa una tercera parte), regular las horas extras del personal médico y cortar varios beneficios salariales. Todos ellos, recortes contradictorios que tienen lugar en un momento en el que el hospital está estirando al máximo su capacidad de inversión para comprar elementos de protección personal, medicamentos e insumos para la pandemia.

Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS Universitaria, institución que istra la Clínica León XIII, reportó por su parte un total de 14.000 millones de pesos en pérdidas operativas acumuladas entre marzo y junio de este año, producto de la caída en la prestación de los servicios. Un faltante que se sumó a una deuda de las EPS de 317.000 millones de pesos.

Según precisó Ramírez, estas cifras rojas hicieron que la institución se atrasara en el pago de la nómina de julio a su cerca de 3.200 de empleados.

Para resolver este lío, los gerentes de los hospitales coinciden en lanzar una voz de ayuda para que se agilicen algunos procesos que ya están en curso, principalmente el Acuerdo de Punto Final, que consiste en un paquete de medidas prometidas por el Gobierno Nacional para sanear las finanzas del sector y que todavía está en el aire.

De igual forma, los gerentes locales piden se evalúe la posibilidad de crear un mecanismo que haga posible que las camas de cuidados intensivos reservadas para pacientes covid tengan apoyo financiero del Estado, de tal forma que su mantenimiento no represente una carga para sus endebles cuentas.

“Estamos ante un escenario muy similar al de si se le dijera a un piloto que mantuviera su avión en el aire por 10.000 kilómetros, pero solo se le echara gasolina para 5.000. Todos sabemos lo que le va a pasar al avión. Hay un aforismo en el derecho que proviene del latín que dice “Ad impossibilia nemo tenetur”, que significa que nadie está obligado a lo imposible. Los hospitales del país hemos estado solos afrontando esta situación y necesitamos ayuda”, concluye Aguirre.

Jacobo Betancur Peláez

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur 

Medellín