Líderes de las protestas contra los peajes en Meta responden a denuncia de la gobernadora sobre afectación al orden público por bloqueos

La compleja situación de las protestas por los peajes expuesta en diálogo con EL TIEMPO por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, que ya completa cuatro meses, tuvo respuesta de los líderes de las manifestaciones, en medio del anuncio de una de las concesionarias de liquidar el contrato sin culminar las obras y dejar a más de 1.300 personas sin trabajo.

Acero dijo que en “un peaje no es para hacer controles, lo que hace es recoger dinero de quienes por allí transitan, los controles los hacen integrantes de la Fuerza Pública y las protestas no han impedido la acción de la fuerza pública y lo que hace la gobernadora es criminalizar el derecho a la protesta”, mientras que Mora aseguró que en Puente Amarillo, “cuando los integrantes de la Fuerza Pública van, les ofrecemos tinto y la semana pasada les hicimos una solicitud de acompañamiento en la protesta”.

Por su parte, el subcomandante de la Policía en el Meta, coronel Ferley Puerto, señaló que las concesionarias istran las cámaras de seguridad por donde transitan los vehículos y con las manifestaciones muchas de las cámaras han sido tapadas: "En ellas nos apoyamos para identificar vehículos y personas cuando nos llega algún tipo de información y hacer el seguimiento puntual. En eso sí hay dificultades para hacer el control y prevenir acciones".

Agregó que los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, que siguen en sus actividades de patrullaje y control y en uno de ellos, detuvieron un vehículo con una menor de edad que había sido reclutada por la guerrilla, la cual fue rescatada, y las cuatro personas que la llevaban fueron capturadas. Estos reclutamientos tienen como objetivo reforzar las estructuras de ‘Iván Mordisco’, en busca de arrebatarle el control del Meta a ‘Calarcá’.

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Con relación a las doce mesas de negociación hechas para resolver las reclamaciones del peaje de Puente Amarillo, Mora afirmó que no se han aceptado las propuestas porque lejos de mejorar el problema lo empeoran, la última propuesta realizada en la reunión del 7 de noviembre, en la Gobernación del Meta, la ANI proponía aumentar la tarifa plena de la categoría uno de 5.000 a 8.200 pesos y generaban una tarifa diferencial para las comunidades de Restrepo y Cumaral de 3.200 pesos y los fines de semana cobraban un solo trayecto.

"De acuerdo con el tráfico de la ANI de 2023, con esa propuesta se iba a beneficiar a 200.000 vehículos y a 1.200 turistas les van a subir la tarifa, generando mayor recaudo, cuando lo que se quiere es que lo reduzcan", aseguró Mora.

Mientras en el caso del peaje La Libertad, dijo Acero, “ni la gobernadora ni el alcalde de Villavicencio se han hecho presentes en las mesas de negociación y tampoco han hecho propuestas. El peaje La Libertad está muy cerca de la ciudad y genera unos costos muy altos para los ciudadanos de Villavicencio, en los que gastan más del 82 por ciento de un salario mínimo diario, afectando a unas 30.000 personas de 33 veredas".

Sobre los intereses electorales de los líderes de las protestas, Acero afirmó: “Yo soy un defensor de derechos humanos y he participado de las contiendas políticas, pero se hace como parte de un ejercicio ciudadano y es que a cualquier persona que inicie una justa causa para transformar la vida de ciudadanos, aun cuando tenga intenciones políticas, no se le debería juzgar por eso y debería ser bien vista y en lugar de las que no hacen nada y buscan comprar el voto en las elecciones”.

Mientras que Mora señaló: “Bienvenido todo el que quiera aportar al bienestar de sus comunidades, en Puente Amarillo hay personas del Centro Democrático, unos del Pacto Histórico, otros liberales y algunos independientes, y yo prefiero que aspiren los honrados y no los que no le aportan al departamento”.

En relación con el riesgo que están poniendo la ejecución de las obras comprometidas en las concesiones y el mantenimiento de las vías, en el que la Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente), responsable de la vía Villavicencio-Yopal, invitó a las partes a negociar; mientras que la Concesionaria Vial de los Llanos, responsable de las obras de construcción, mejoramiento y operación de los corredores viales que hacen parte del proyecto Malla Vial del Meta, anunció que si la protesta continúa en los peajes de La Libertad, Ocoa e Iracá, liquidaría el contrato sin culminar las obras.

Esa concesionaria actualmente está ejecutando la doble calzada de Villavicencio a Acacías y está por iniciar la construcción de la doble calzada de salida de la capital del Meta a Puerto López, un puente en el parque los Fundadores y la prolongación del Anillo Vial, en Villavicencio. En la misma trabajan 1.300 personas que se quedarían sin trabajo.

En ese sentido, los dos líderes de las protestas señalaron que no están en contra de las obras, sino de lo que están costando las obras para la ciudadanía y en contra de los incumplimientos de las concesionarias con los contratos. Y por eso la propuesta es renegociar las concesiones. Pero no es posible que un ciudadano pague un doble impuesto por la vía.

Finalmente, en relación con las 1.300 personas que se quedarían sin trabajo por la liquidación de la Concesionaria Vial de los Llanos, Acero aseguró que no creen en "las cifras que las personas vinculadas a las concesionarias están dando".

NELSON ARDILA ARIAS

Especial para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO