Los últimos días de 'Aquarela', la torre que amenazó el patrimonio de los cartageneros

la Torre de Aquarela que amenazaba la declaratoria patrimonial de Cartagena de Indias habrá desaparecido en la última semana de octubre: la mole de hierro y cemento de 25 pisos será historia.

“Con cada tonelada de escombros que bajan las máquinas de esa altura no solo cae hierro y cemento, cae la gran mentira que nos querían meter a los cartageneros: que dizque era un proyecto para vivienda de interés social. Eso era un negociazo que unos cachacos querían hacer con la historia de mi ciudad”, dice con una carcajada sarcástica Maximiliano Marimón, un habitante, entrado en años, del barrio Torices a pocas cuadras de donde se levanta aún parte de la torre.

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Hoy, el avance físico en la demolición de Aquarela es del 48 por ciento, con 11 pisos desmontados que han dejado 1.200 metros cúbicos de escombros. El edificio tenía una altura inicial de 61,20 metros; la actual es de 33,15 metros, y sigue cayendo.

El desmonte había iniciado el pasado 26 de febrero, y el ciento por ciento de la demolición debe culminar la última semana del mes de octubre: 8 meses para las obras sostiene el contrato entre el Distrito y la empresa caleña Atila, con experiencia en la demolición de edificios como el Space en Medellín, el cual cayó en 6 segundo por implosión.

De Aquarela ya fueron derribados del piso 25 al 15 en su totalidad; del piso 14 han desmontado el ciento por ciento de los muros y el 75 por ciento de las losas. Del piso 13 han desmontado el 50 por ciento de los muros. Del Piso 12 están realizando los cortes verticales de los muros con sierras murales; y en piso 11 están realizando cortes verticales de los muros con las sierras murales, informa el Distrito.

La obra tiene como fin recuperar 619.5 metros cuadrados de espacio público que invade la mole, y a su vez el paisaje urbanístico y cuadrante patrimonial de la ciudad que impactaba negativamente. 

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La mole que se levanta gris y grotesca a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas llamó la atención la Unesco, la organización internacional que otorgó a Cartagena de Indias el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la humanidad en noviembre de 1984.

Aquarela- responsabilidad de la constructora Promotora Calle 47 S.A.S con sede en Medellín- se había constituido en una pesadilla urbanística que puso contra las cuerdas este patrimonio histórico y cultural, además por ser Cartagena la ciudad con más presencia en los catálogos internacionales de turismo.

Pero sobre todo, esta mole gris dejó al desnudo los vacíos en la ley para proteger el patrimonio de los colombianos, pues el proyecto multifamiliar para cinco torres de apartamentos obtuvo sus licencias de construcción y permisos otorgados por la curaduría urbana número uno de la ciudad entre el 2014 y el 2016.

La responsabilidad mayor de esta afrenta a la joya turística del país recae sobre el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena, pues un líder comunal del sector de Paseo de Bolívar había elevado sus llamados de alerta en el año 2013, ante el Concejo Distrital, sobre el proyecto cuando vio las vallas con los permisos y las primeras perforaciones del terreno que anunciaban la megaobra.

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La respuesta vino del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) que envió una carta al Ministerio de Cultura, firmada por Alfonso Cabrera, entonces director de patrimonio de la ciudad, en la cual advertía sobre la obra. Sin embargo, desde el ministerio, en una decisión de escritorio, desconocieron el riesgo para el patrimonio y señalaron que la obra estaría fuera del cuadrante patrimonial. Todo esto, antes de que la Promotora Calle 47 S.A.S pusiera la primera piedra.

“Si hay alguien que desea ver a este castillo de naipes en el piso lo más pronto posible ese soy yo. Aquarela representa una de las mayores afrentas a nuestro patrimonio y por eso nunca hemos escatimado esfuerzos en cerrar este triste capítulo de nuestra historia, sin dejar por fuera todos los compromisos que los constructores deben cumplir con las familias damnificadas”, señala el alcalde de la ciudad Dumek Turbay.

Pero fue gracias a la Resolución 01 del 9 de octubre de 2018 emitida por la Inspección de Policía Número 2 de Cartagena, mediante la cual se ordenó la restitución de un área de 619.5 metros cuadrados de espacio público invadidos por la construcción, que el estado pudo encontrar un vacío para impedir el desarrollo del proyecto. Por lo demás, jurídicamente el proyecto era viable.

En la sesión 43 del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Bakú (Azerbaiyán) en el año 2019, La Unesco puso sobre la mesa el caso del Puerto, Fortalezas y Conjunto de Monumentos de Cartagena de Indias, y consideró la demolición de la torre como una medida de mitigación.

Esto fue ratificado en un comunicado entregado al Ministerio de Cultura el 24 de julio de 2019, firmado por la observadora de la Unesco Mechtild Rössler, en el cual se le informa al Estado colombiano considerar la demolición de la torre debido a la amenaza a la declaratoria patrimonial.

Ante este llamado, el Juzgado Décimo istrativo de Cartagena decretó la medida cautelar y suspendió la obra.

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Y para evitar que con la caída del edificio, las familias de compradores que invirtieron los ahorros de su vida en el fallido proyecto también vieran en ruinas su patrimonio, el Distrito elevó una demanda en contra de la constructora y en defensa de las familias de compradores.

Según el Distrito, con una Acción Popular se busca demostrar “que la Promotora Calle 47 SAS y las demás empresas que participaron en la estructuración y venta del proyecto Multifamiliar Aquarela SAS violaron el derecho de los consumidores de la Vivienda de Interés Social por, entre otras, la no devolución integral de los recursos invertidos por los compradores de la Etapa I”, señala la demanda en uno de sus apartes.

El llamado judicial del Distrito de Cartagena pone la lupa sobre las empresas y sociedades atrás del frustrado proyecto ‘Aquarela’. Se trata de la Promotora Calle 47 S.A.S; Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de a y vocera del Patrimonio Autónomo Aquarela, y Plano Constructivo SAS.

Con un sarcasmo muy caribeño, Maximiliano Marimón señala que pese a la intensidad de las obras hoy duerme más tranquilo.

“Esa obra no era solo un adefesio en una zona patrimonial sino un atentado a la calidad de vida de este barrio, donde el plan de ordenamiento territorial (POT) solo permite edificaciones de máximo 5 pisos. La movilidad hubiera sido caótica”, dice Marimón, pensionado de una empresa petrolera.

El compromiso del Distrito con los habitantes del barrio Torices fue que la demolición no se haría por implosión sino piso a piso y de forma casi manual y con tecnología; pero además no se ejecutarían trabajos en horario nocturno ni los fines de semana.

Con esta demolición, la istración de la ciudad rompió con el paradigma que habían impuesto los anteriores alcaldes que veían imposible derribar la mole en una interminable fila de tramitología y burocracias que agravaba aún más la amenaza sobre la declaratoria patrimonial de la ciudad.

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Periodista de Nación 

Cartagena