Lucas Tamayo, gerente del edificio
Aquarela que se construye en Cartagena, y el arquitecto Claudio Restrepo fueron declarados inocentes por los delitos imputados de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales, en una decisión del Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Fredy Antonio Machado López.
En el fallo de segunda instancia, Machado confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Noveno Penal Municipal de Control de Garantías, al verificar que Aquarela habría cumplido con toda la normatividad vigente al momento de tramitar y obtener las licencias urbanísticas y de construcción del proyecto Aquarela.
Con esta decisión se exonera de culpabilidad a los dos constructores, pero las investigaciones sobre la legalidad del proyecto continúan.
Esta construcción plantea el levantamiento de 5 torres con 31 y 32 pisos en el barrio Torices a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas. La polémica con el proyecto nace a raíz de que la declaratoria de patrimonio de la ciudad por parte de la Unesco se vería comprometida por culpa de que estos edificios.
Sobre el polémico proyecto hoy pesan varios procesos, una acción popular elevada por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación; una demanda contra el curador urbano y otras autoridades locales elevada por la Fiscalía General de la Nación, y una orden de sellamiento indefinido que ordenó el Distrito de Cartagena.
A través de un comunicado, Promotora Calle 47 S.A.S, empresa a cargo del proyecto, señaló que “esta decisión, adoptada en derecho, confirma el cumplimiento de la normatividad urbanística y ambiental en el desarrollo del proyecto habitacional”.
Además, manifestó que el desarrollo urbanístico “cumple con las condiciones de calidad y dignidad a las que se refiere la Ley 388 de 1997, asimismo le permite a más de 900 familias acceder a una vivienda digna, con excelente ubicación, transporte público y equidistante de centros educativos y de salud”.
La semana anterior, el Ministerio de Cultura, en representación del Gobierno colombiano, señaló que tiene plazo hasta el próximo primero de diciembre para presentar un informe a la Unesco sobre las acciones que la Nación ha llevado para salvaguardar la declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad que tiene Cartagena y que hoy está en peligro por cuenta del proyecto urbanístico ‘Aquarela’, que se construye a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.
La última palabra, sobre si debe ser demolida la torre que ya está en pie de Aquarela y si todo el proyecto debe ser cancelado, la tiene un juez de Cartagena. La obra hoy permanece suspendida y el Tribunal istrativo de Bolívar encontró otras “razones de mayor peso” para mantener las medidas cautelares adoptadas por el juez de primera instancia.
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