El crítico presente de empresa de servicios públicos en Santa Marta: tras intervención aumentaron denuncias por mala prestación de servicios y corrupción

El 22 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó una medida drástica al intervenir la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR).

Según la Superintendencia, la empresa no contaba con la capacidad técnica, operativa, istrativa y financiera para garantizar la calidad, cobertura y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en la capital del Magdalena.

Esta decisión, que arrebataba la gestión istrativa de ESSMAR a la Alcaldía de Santa Marta, fue duramente criticada por la entonces alcaldesa, Virna Johnson.

La mandataria rechazó el diagnóstico negativo de la Superintendencia, argumentando que la intervención estaba motivada por razones políticas del presidente en turno, Iván Duque.

A pesar de las disputas, protestas y hasta la toma de la sede de ESSMAR por parte de trabajadores y seguidores de Johnson indignados, se generó cierta expectativa en la ciudad sobre posibles mejoras en los servicios de agua potable y alcantarillado, apoyadas por el Gobierno Nacional. 

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Sin embargo, dos años y nueve meses después, la situación ha empeorado significativamente. El descontento ciudadano ha crecido exponencialmente debido a la mala calidad de los diferentes servicios.

La falta de agua potable y los constantes rebosamientos de alcantarillas han llevado a los habitantes de Santa Marta a protagonizar múltiples protestas, incluyendo el cierre de vías, que han causado caos en la ciudad.

Las quejas por la deficiente prestación de servicios básicos han aumentado considerablemente, agravadas por denuncias de corrupción dentro de la entidad.

El actual agente interventor, Jorge López Echeverría, quien asumió el cargo tras la istración de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha sido objeto de duras críticas.

López Echeverría fue señalado por su manejo de la crisis de agua potable durante el fenómeno de El Niño, así como por presuntas irregularidades dentro de la entidad, como la asignación de responsabilidades a empleados sin el perfil profesional adecuado, aumentos salariales injustificados, contrataciones ilegales y la falta de pago a proveedores.

Además, en los últimos tres meses, López Echeverría otorgó un número significativo de documentos de disponibilidad de servicios a nuevas obras, a pesar de que el acueducto de la ciudad no tiene la capacidad para atender una mayor demanda.

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En una reciente entrevista al medio SumarioTV, el superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga, reconoció que los indicadores de ESSMAR no son positivos.

Quiroga indicó que las numerosas quejas e inconformidades con la gestión de Jorge López obligaron a tomar medidas inmediatas, incluida su destitución.

"Desafortunadamente, el compromiso de los trabajadores falló, al igual que el del nuevo gerente que se designó. La corrupción es un problema grave en las empresas de servicios públicos, y la politiquería ejerce presiones que impiden el avance", expresó Quiroga.

El superintendente también mencionó que se han detectado irregularidades en la asignación de disponibilidad del servicio en situaciones donde no hay suficiente agua para atender la demanda. Ante esto, dijo que se tomarán medidas para denunciar posibles conductas ilícitas y corregir el rumbo de la entidad.

“Por ahora, se ha designado a una persona interna de la empresa como agente interventor temporal, mientras se adelanta un proceso de selección para un nuevo gerente”, sostuvo Quiroga. 

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Entretanto, la población samaria sigue denunciando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada día más.

El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, uno de los críticos permanentes de la intervención de ESSMAR desde sus inicios, ha expresado su descontento con la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos y la actual situación de la empresa.

Martínez sostiene que la intervención no solo no ha mejorado la situación, sino que ha empeorado gravemente todos los indicadores de la empresa, llevándola al borde de la liquidación.

Recordó que ESSMAR, se constituyó, luego de muchos años que la operación de estos servicios estuviera a cargo de un privado con ineficientes resultados.

Pero ahora con la istración de la Superservicios indicó que “ni un pozo ha tenido mantenimiento y ya evidencian su fractura, la ampliación de la Planta El Roble no solo no se terminó sino que lo avanzado, sin funcionar, ya está destruido. En el yate de un constructor, su agente celebró las cientos de disponibilidades que negociaron, agravando el problema, como pasa hoy en el sector de Los Cocos (lea Tutela 290 de 2024)”.

En su declaración, Martínez también apuntó hacia la istración del expresidente Iván Duque, asegurando que la intervención de ESSMAR se hizo por motivos de "odio y corrupción". 

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Acusó al actual superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, de aliarse con aquellos que han saboteado los esfuerzos legislativos del presidente Gustavo Petro, y de apoyar iniciativas que, según Martínez, solo buscan beneficiar a intereses privados, como la Alianza Público-Privada (APP) del río Magdalena.

“Con el agua potable, que es el problema más delicado que enfrenta Santa Marta, se sigue haciendo un negocio que impide que se generen soluciones de fondo para la ciudadanía”, agregó.

El gobernador no dudó en afirmar que la empresa ESSMAR, que estaba en proceso de maduración y consolidación, ha sido desfinanciada y endeudada, con el objetivo de cumplir los intereses de quienes desean privatizarla nuevamente. "Son políticos que buscan enriquecerse", puntualizó.

Finalmente, Martínez lamentó que la Superintendencia de Servicios Públicos nunca mostró la voluntad de cumplir con la promesa del presidente Gustavo Petro de devolver la empresa al ente territorial.

“No estuvimos de acuerdo con la intervención ya que se preveía que iba a caer en manos de personas sin capacidad y con tendencia a la corrupción. Es una desgracia para la ciudad; quienes hemos intentado buscar una solución al agua hemos encontrado una cantidad de obstáculos por parte de aquellos que ven el tema del agua como un negocio”, concluyó el gobernador del Magdalena.