Las polémicas decisiones en favor de Enrique Vives por muerte de 6 jóvenes

Documento demostraría que familia que no había recibido dinero del empresario sí llegó a un acuerdo.

Familiares de las víctimas rechazaron decisión del juez de enviar a Vives a su casa. Foto: Campaña política Enrique Vives

20.05.2022 18:37 Actualizado: 21.05.2022 10:19

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Esta semana, el caso del accidente ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2021 en Santa Marta, donde murieron seis jóvenes y uno más resultó herido, volvió a generar controversia por las decisiones judiciales adoptadas para favorecer al empresario Enrique Vives Caballero, como conductor implicado en la tragedia y las acciones por parte de familiares de las víctimas.

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Vives Caballero aceptó un preacuerdo con la Fiscalía para responder por el siniestro con una pena de 92 meses, que equivalen a siete años y ocho meses de prisión domiciliaria.

De inmediato, las voces de rechazo no se hicieron esperar. Inicialmente por parte de Alex de Lima, padre de Laura de Lima, quien manifestó su inconformidad por el giro que había tomado el proceso judicial en contra de Enrique Vives, el cual considera que por los beneficios que obtuvo el conductor de la camioneta va rumbo a la impunidad.

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“Yo no lo perdono, que lo perdone Dios", dijo el progenitor de la víctima y al que le pareció absurda la pena que le pretenden dar a Enrique Vives. "Para mí es injusto, porque fueron seis jóvenes que perdieron la vida y eso para él es un premio, porque tendrá siete años de domiciliaria, estará tranquilo en su casa".

Familia había firmado acuerdo por indemnización

Alex de Lima señaló que su familia a diferencia de las otras mantenía en firme su posición de no aceptar el dinero que pretendían pagarle como reparación de los daños que les dejó esta tragedia.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un documento que contradice lo dicho por el papá de Laura y que demostraría que sí hubo un acuerdo con esta familia para que fuera indemnizada por la aseguradora del vehículo que manejaba Enrique Vives.

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EL TIEMPO tuvo al contrato de desistimiento que tiene estampada la firma de Alex y otros cuatro familiares de Laura, además del abogado Alejandro Mantilla, que los representa.

Aceptar las condiciones detalladas en este documento era un requerimiento obligatorio de la aseguradora Seguros Bolívar para entregar la indemnización a las familias de las víctimas involucradas en el accidente ocasionado por la camioneta que manejaba el empresario samario.

En el acuerdo se pactaba un giro por valor de 140 millones, de los cuales 116 millones 200 mil pesos serían consignados en una cuenta bancaria a Alex de Lima y 23 millones 800 mil pesos, correspondientes al 17 por ciento de la indemnización para el abogado de la familia por sus honorarios.

Familia dice que no aceptó condiciones del acuerdo

Al respecto, la familia de Laura de Lima volvió a hablar para precisar que sí firmaron el documento que les presentó la aseguradora; no obstante, apenas tuvieron certeza de las exigencias que le hacían para beneficiar a Vives desistieron de la negociación que avanzaba positiva hasta ese momento.

Nosotros habíamos aceptado el dinero que proponían, pero nuestro principal interés es que se haga justicia

“Nosotros habíamos aceptado el dinero que proponían, pero nuestro principal interés es que se haga justicia, así que en cuanto conocimos que debíamos aprobar un cambio de la conducta delictiva por la que sería proceso el señor Vives y renunciar a cualquier acción judicial, decidimos negarnos a llegar a un acuerdo”, expresó Diona Charris de Lima, tía de Laura.

La familiar señala que el proceso no ha avanzado mucho más en favor del empresario, precisamente por la oposición de ellos a ceder a las pretensiones legales en favor de Vives que les exigen para indemnizarlos.

Abogado dice que ya se hizo un primer giro

EL TIEMPO también consultó con el abogado Alejandro Mantilla, representante de la familia de Lima, quien, de acuerdo al documento que se conoció, también firmó para recibir el pago de la aseguradora.

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El jurista lamentó en primer lugar que se haya tergiversado el proceder de esta familia, y que el material confidencial dentro del proceso terminara filtrado a la opinión pública.

“Adelantaremos las acciones legales porque se ha violado la reserva sumaria, poniendo en riesgo a los de esta familia”, indicó Mantilla, que confirmó que los De Lima, aunque recibieron un primer pago, siguen en conciliación para que se les entregue un monto económico justo por la muerte de Laura.

Piden renuncia de abogado de víctima

La familia de María Camila Martínez, otra de las fallecidas, igualmente se pronunció sobre lo que viene sucediendo en el proceso en contra de Enrique Vives, para denunciar el proceder incluso de su propio abogado.

Gloria González, suegra de María Camila, dijo que no se siente confiada ni siquiera de la asesoría y representación recibida por el jurista que debería defender sus intereses.

 “Ya le pedimos la renuncia para que se haga a un lado, porque están haciendo audiencias a puerta cerrada, firmando y haciendo todo tipo de despelotes con el dolor de nosotros”, sostuvo la familiar.

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 Indicó también que el dinero que recibieron de la aseguradora de la camioneta por indemnización no debería interferir en las decisiones judiciales que se adopten en contra de Enrique Vives.

“Una cosa es la reparación económica a las víctimas y otra el tema judicial por el que debe ser juzgado el responsable de la tragedia. Aquí todo lo han acomodado para que no suceda nada”, puntualizó González.

En las últimas horas también se hizo público el examen forense que practicó Medicina Legal, que revela que Laura de Lima y María Camila Romero, la madrugada que fueron arrolladas por la camioneta, habían consumido previamente sustancias alucinógenas.

 El mismo estudio reveló que a María Camila Martínez y Rafaela Petit le fueron detectados 165 mililitros y 171 miligramos de alcohol respectivamente y Lenoir Romero solo 15 miligramos.

 A Juan Diego Alzate fue el único al que no se le halló ninguna sustancia alucinógena o bebida embriagante en su organismo.

El error que benefició a Vives

A esta misma prueba de rigor que se le practicó a las víctimas debió ser sometido el empresario Vives para confirmar el grado tres de alicoramiento que informó la Policía de Tránsito al momento del siniestro; sin embargo, no se le hizo en los tiempos exigidos, en lo que se trató de un claro mal procedimiento de las autoridades.

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El abogado de Vives se valió de este descuido en el procedimiento que exige la ley cuando ocurre una tragedia con víctimas mortales, y logró desvirtuar el principal argumento de la Fiscalía para judicializarlo por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual. 

En ese sentido, no se pudo confirmar de ninguna manera, de acuerdo a las evidencias que posee la defensa, que Vives Caballero estuviera conduciendo en estado de alicoramiento.

El próximo 17 de junio se realizará una nueva audiencia en que se definirá si se aprueba o no el preacuerdo firmado entre Enrique Vives y la Fiscalía.