Escándalo en Villavicencio por denuncia de coimas para archivar investigación

Por lo menos 20 audios y cinco mensajes escritos e imágenes enviadas vía WhatsApp hacen parte de las evidencias presentadas ante la Fiscalía por el abogado David Enrique Rodríguez Casas en la denuncia penal donde señala que le están pidiendo 100 millones de pesos para archivar una investigación que adelanta la Contraloría por la supuesta compra irregular del edificio de la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Villavicencio (Villavivienda), hoy denominada Piedemonte.

Los diálogos comprometen al gerente de la Electrificadora del Meta (EMSA), Eliécer Almeyda Gutiérrez, que estaría haciendo la labor de emisario del contralor de Villavicencio, Carlos Alberto López, para pedir el dinero, a cambio de archivar el proceso. 

En uno de los audios de un supuesto dialogo del gerente de la EMSA con Rodríguez Casas se escucha:

“Claro David, si quiere, mándeme un personaje o algún chino y yo le pongo un doliente, sin embargo, yo ahorita a las 8:00 llego a la empresa y averiguo por el tema, me interesa hablar porque yo soy cercano al contralor, yo almorcé con él la semana pasada y hay otro tema ahí”.

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Rodríguez Casas dice que se desempeñó como gerente de la empresa Villavivienda de septiembre a diciembre 31 de 2015 y para la compra de la edificación se firmó la promesa de venta con la autorización de la junta directiva en julio de 2015 y el avalúo comercial del inmueble, y la escritura se suscribió el 15 de noviembre del mismo año.

En la denuncia asegura que el contralor venía expresando en redes sociales que adelantaba una investigación por un presunto daño fiscal de 3.700’000.000 de pesos por la adquisición del edificio en el centro de Villavicencio, que involucra a los gerentes y junta directiva de la empresa Villavivienda, entre los años 2015 a 2019.

Rodríguez Casas sostiene que una vez se hace el despliegue mediático, “se me viene exigiendo vía WhatsApp por conducto del gerente de la Electrificadora del Meta, Eliécer Almeida Gutiérrez, quien aduce ser el emisario del Contralor Municipal, inicialmente la suma de cien millones y finalmente de cincuenta millones de pesos, para excluirme de la investigación”.

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En otros audios se escucha:

“Porque no nos vemos David, antes de las 11:00 puede llegar a la electrificadora en la Azotea, y hay podemos hablar varias cosas”.

“Eso es lo que dijo el man. Yo lo acabo de dejar porque lo visite en la casa. Él dijo que, por supuesto lo citaba a una declaración juramentada, pero que 60 puntos”.

Los sesenta puntos, explica Rodríguez Casas son los 60 millones de pesos que le estaban pidiendo. A esto se suma, dice el abogado, que el día jueves 12 de mayo pasado “recibí insistentemente llamadas de WhatsApp del gerente de la Electrificadora del Meta y cuando contesté me pasó al teléfono al contralor, quien me expresó que los cincuenta millones podía entregárselos a Eliécer Almeyda, que sería su representante”.

Rodríguez Casas dice que sostuvo esas conversaciones hasta tener evidencia de que detrás de las mismas estaba el contralor y una vez los obtuvo presentó la denuncia ante la Fiscalía.

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Ante la denuncia, el gerente de la Electrificadora del Meta, Eliécer Almeyda Gutiérrez, a través de su asesora de prensa expresó que “por ahora no va a referirse al tema".

Entre tanto, el contralor Carlos Alberto López aseguró que “no me puedo pronunciar al respecto. De hacerlo me recusarían”.

Pero se remitió a un video en el que expresa: “Formulé una petición de vigilancia especial istrativa a la Procuraduría, y formulé las denuncias penales y una queja disciplinaria y estoy dispuesto a atender lo que en derecho corresponda y sé que el ejercicio de la función constitucional y legal que me corresponde traer todas las vicisitudes del mundo, pero tengo la conciencia tranquila que siempre he actuado en derecho”.

En la denuncia que presenta Rodríguez Casas y en los audios se menciona a exalcaldes de Villavicencio y exdirectivos de Villavivienda, algunos de ellas precandidatos a cargos de elección, a quienes supuestamente también les estarían pidiendo dinero por archivar la investigación.

No obstante, ninguno se ha querido pronunciar sobre el tema, tras ser consultados por EL TIEMPO. 

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