Procuraduría tutela y exige a Fiscalía fallar en caso de robo de predio de Nación en Cartagena

La procuradora delegada regional Fabiola Acevedo presentó en las últimas horas, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, una acción de tutela contra la fiscal 20 seccional de Cartagena, exigiendo que esta se pronuncie de inmediato sobre la restitución de 22 hectáreas de predios pertenecientes a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

La omisión de la Fiscalía en este caso habría generado graves consecuencias, incluyendo la consolidación de ventas fraudulentas de terrenos a ciudadanos nacionales y extranjeros que, confiando en las instituciones, estarían adquirido predios respaldados por documentos falsos.

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La Procuraduría ha señalado que la demora injustificada en la istración de justicia ha permitido la proliferación de actos ilícitos, como la falsificación de folios de matrícula inmobiliaria.

El predio sobre el cual pone hoy la lupa la Procuraduría está ubicado en uno de los corredores de mayor proyección urbanística de la nación. 

A pesar de que la Superintendencia de Notariado y Registro y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia denunciaron este caso ante la Fiscalía 40 de Cartagena, hace más de una década, las investigaciones han sido dilatadas sin una resolución clara por la Fiscalía de Crespo, en la capital de Bolívar.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en 2012 ya había calificado el escándalo como el 'Festival del tumbe', advirtiendo sobre el robo de 13 hectáreas de terreno, ubicadas entre la pista de aterrizaje y La Bocana, en terrenos que pertenecerían al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

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En sus declaraciones, Vélez informó a la opinión pública que la apropiación de estas tierras habría iniciado en 1994.

La denuncia se presentó contra personas indeterminadas y por el presunto delito de hurto de bienes del Estado.

En este caso, se ha utilizado la modalidad del 'gemeleo' de folios, lo que ha facilitado la venta ilegal de los terrenos. Así lo explica el abogado Eduardo del Río, experto en litigios sobre propiedades del Estado: "Se han adquirido terrenos con documentos falsificados expedidos, mediante actos de corrupción, por la misma Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena. Este es un caso emblemático”, señala el abogado, que recuerda que se trata de una de las zonas con mayor valor del país para estratos altos.

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En su acción de tutela, la procuradora Acevedo enfatiza que la Fiscalía ya había sido conminada, mediante una providencia del 23 de mayo de 2022, a resolver la solicitud de restitución de los predios.

Sin embargo, han transcurrido casi tres años desde esa orden y, a pesar de contar con todas las pruebas necesarias, la fiscal 20 seccional sigue sin emitir un fallo.

Esta inacción, según la procuraduría, habría permitido que los invasores consoliden su ocupación, generando un perjuicio patrimonial para la Nación y para compradores incautos, advirtió el ente de control.

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En el predio que sería apto para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Cartagena Rafael Núñez, hoy una constructora promueve un lujoso proyecto habitacional.  

Santiago Castro Gómez, exdirector de la Aerocivil, había denunciado reiteradamente que estos terrenos son inalienables, inembargables e imprescriptibles, lo que impide su apropiación privada.

Mientras este predio de la nación está en venta, el litigio continúa abierto y, con la reactivación del proceso judicial, se espera que la Aerocivil recupere estos terrenos estratégicos para la ampliación y modernización de la terminal aérea.

La omisión de la Fiscalía en este caso, según el abogado Eduardo del Río, pone en evidencia la fragilidad de los controles sobre la istración de tierras públicas y deja expuesta a Cartagena ante el crecimiento desordenado impulsado por prácticas fraudulentas.

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La Procuraduría ha puesto la lupa sobre esta situación y exige respuestas inmediatas para frenar esta cadena de irregularidades.

"La falta de acción por parte de la Fiscalía no solo pone en riesgo el patrimonio de la Nación, sino que además permite la consolidación de un modelo de corrupción donde los ciudadanos terminan siendo las principales víctimas", advierte el Ministerio Público.

Para Del Río, "la incertidumbre jurídica sobre estos predios afecta la confianza en las instituciones y crea un precedente peligroso que podría repetirse en otros puntos del país si no se toman medidas contundentes y ejemplares".

Según la Fiscalía 40, los invasores rellenaron con escombros una hectárea de la Ciénaga de la Virgen, un ecosistema protegido, incurriendo en un grave delito ambiental. Pese a esa observación, el caso sigue a la espera de una acción del ente investigador. 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas