El panorama de la desnutrición infantil en Colombia

Los informes oficiales confirman la grave situación de muchos niños y niñas menores de cinco años en Colombia. El último Boletín epidemiológico semanal (BES) del 2022 emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS) muestra un total de 21.337 casos de desnutrición aguda en la primera infancia reportados por las instituciones de salud en el año.

La situación es consecuencia de la brecha acumulada, que puso a Colombia como único país de Suramérica que figura entre los ‘focos del hambre’ en el mundo. La crisis alimentaria fue además consecuencia de la pandemia ocasionada de covid-19 y, en gran medida, lamentablemente, de la preferencia de los gobiernos anteriores por importar alimentos en lugar de aumentar la capacidad de producción nacional.

Por eso importa insistir en que no todo se debió a la pandemia, o que esta vino apenas a agravar las consecuencias de décadas de políticas alimentarias y nutricionales deficientes y no integrales. De lo contrario insistiremos en soluciones simplistas e ineficaces. 

Por otra parte, se está afrontando el problema de manera incompleta y segmentada, porque se ignoran fenómenos complejos como la doble carga nutricional. La doble carga significa la coexistencia, en un mismo niño o niña, del exceso de peso y la desnutrición crónica; esta condición tiene el efecto adicional de aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles.

Las cifras que se conocen sugieren que esta doble carga está presente en todos los grupos de edad y ha venido en aumento exponencial. Es así como la malnutrición por exceso —sobrepeso y obesidad— entre los escolares de 5 a 12 años aumentó de 18,8 % en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN, 2010 a 24,4 % en la ENSIN 2015. Entre la población adolescente el exceso de peso aumentó de 15,5 en la ENSIN 2010 a 17,9 % en la ENSIN 2015.

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La malnutrición por exceso en esta fase de crecimiento constituye el mayor riesgo para presentar en la vida adulta enfermedades como diabetes, entre otras. La deficiencia de micronutrientes sigue siendo un problema de salud pública para algunos grupos poblacionales específicos. Pero las deficiencias son más prevalentes entre menores de cinco años y en algunas regiones del país. 

La Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE) 2017 procesada por el Ministerio de Salud para la población entre los 13 y 17 años muestra que el 86,9 % de los escolares no cumplen el requerimiento de frecuencia de frutas y verduras recomendado por la OMS. La mayor prevalencia en el consumo frecuente de frutas y verduras se observó entre estudiantes del sector oficial, con un 13,3 %, en comparación con el sector no oficial, de 11,9 %. 

Por otra parte, el 76,5 % de los escolares no consumen lácteos con la frecuencia recomendada para la población colombiana mayor de dos años. Se estima un mínimo de tres porciones diarias en este rango de edad. 

Por el contrario, el consumo frecuente de bebidas azucaradas se extiende al 74 % de la población colombiana. El 82,4 % de los encuestados dice haber consumido productos de bolsa o paquete por lo menos una vez en los últimos siete días. Estos tipos de consumos conllevan mayor riesgo de desarrollar malnutrición por exceso y enfermedades no transmisibles.

El cumplimiento de los requerimientos nutricionales en macro y micronutrientes es una obligación del Gobierno, que debe tomarse en serio. Es evidente que los contextos alimentarios son decisivos para el futuro de estas generaciones de colombianos.

Pero hoy no existen programas suficientes para resolver o por lo menos mitigar la grave situación descrita. Por eso de prever que las cosas no van a mejorar en el corto o en el mediano plazo. El escenario es alarmante, porque así acrecentará la triple carga nutricional, donde la deficiencia de micronutrientes se añade al sobrepeso y la desnutrición. 

 La institución que debe responder de manera masiva es por supuesto el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aún más cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 adopta un compromiso explícito “con las trayectorias educativas completas y la seguridad alimentaria y nutricional, para fortalecer la lucha contra el hambre y promover el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

El PAE data de mediados del siglo pasado y es el programa de asistencia alimentaria más antiguo del país. Pero, aunque la evidencia internacional confirma su eficacia, sigue muy lejos de cumplir las metas necesarias o de tener el impacto esperado.

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El traslado del programa desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación bajo el primer gobierno Santos no ha implicado mejoras.

Y a su turno, la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) creada por el gobierno Duque no cambió la situación. Todavía se presentan escándalos de corrupción, recurrentes, desvió de recursos, comidas en mal estado y raciones de alimentos reducidas y de mala calidad para la población infantil.

Duele ver cómo los operadores del PAE logran ganancias millonarias a costa de la desnutrición de la infancia. La vigilancia del programa no fue una prioridad en su diseño ni en su ejecución. Muchas entidades, nacionales e internacionales, guardan silencio cómplice y no denuncian la falta de efectividad y el robo de billones de pesos.

Disminuir la brecha de seguridad alimentaria en los hogares que albergan niñas, niños o adolescentes exigiría cambios sociales hondos contra la inequidad, además de programas de distribución gratuita o subsidiada de alimentos. 

La iniciativa de cambiar el modelo de contratación del PAE y de flexibilizar las exigencias financieras y istrativas haría posible que las organizaciones de padres de familia ofrezcan el servicio, bien sea directamente o por coistración con las instituciones educativas. 

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Pero, esta opción debe asegurar un ejercicio ágil, eficiente y adecuado a las complejidades de cada territorio. Una zona rural no necesita lo mismo que un pueblo, una ciudad intermedia o una ciudad capital de departamento.

El PAE debe aprovechar su experiencia institucional, como también los muchos años de participación de varias universidades regionales en el análisis de las alternativas y en las evaluaciones de sus actividades. Debe también avanzar en la estrategia anunciada de apoyo sostenible a las compras públicas, la producción local y los circuitos cortos. 

En conclusión, el PAE necesita cambios de fondo para atender el problema alimentario infantil. Debemos estudiar los casos exitosos, como el Plan Indígena Propio, para que el PAE pase por un proceso similar y así mejoren la seguridad alimentaria y el respeto del derecho humano a la alimentación. 

SARA ELOÍSA DEL CASTILLO MATAMOROS (*)

Razón Pública (**)

(*) Coordinadora Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.