Patrulla fue requerida por la Fiscalía para aclarar muerte de exFarc

La unidad del Ejército vigilaba el Caño Limón, cuando murió Dimar Torres, en Norte de Santander.

Dimar Torres Arévalo es un exintegrante de la guerrilla de las Farc, que fue asesinado cuando se movilizaba por la zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Foto: Archivo Particular

26.04.2019 14:03 Actualizado: 26.04.2019 14:04

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Una patrulla del Ejército Nacional, integrada por 35 efectivos, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el asesinato de Dimar Torres Arévalo, un exmiliciano de la guerrilla desmovilizada de las Farc, que fue ultimado por un soldado en zona rural de Convención, Norte de Santander.

Estas labores de investigación son apoyadas por la institución, que desde el martes atendió el llamado del ente acusador en el marco de las indagaciones adelantadas en torno este homicidio.

Ellos (los soldados) están a disposición de la Fiscalía y ellos están siendo requeridos. En el momento en que la Fiscalía tome alguna providencia, nosotros haremos lo mismo

El general Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército Nacional, lamentó el abrupto deceso de este desmovilizado y manifestó su interés por aclarar las versiones sobre un presunto forcejeo, que desencadenó la muerte de Torres a manos de un cabo.

“Nosotros somos los más interesados en que se aclare este hecho, sin vulnerar los derechos de las víctimas, ni las personas presuntamente involucradas (...) Ellos (los soldados) están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ellos están siendo requeridos. En el momento en que la Fiscalía tome alguna providencia, nosotros haremos lo propio en investigaciones disciplinarias”, puntualizó el alto oficial.

La muerte de este exguerrillero se registró en la tarde del lunes, en el corregimiento Campo Alegre del municipio de Convención (Norte de Santander), donde la comunidad protagonizó una asonada contra este batallón de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaba labores de vigilancia y control al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Según las versiones de la Junta de Acción Comunal de este caserío, los militares negaron el de la población al lugar del crimen y fueron sorprendidos, al parecer, cavando una fosa.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Asociación de Personeros del Catatumbo, rechazaron esta acción violenta y manifestaron su preocupación por la recurrencia de situaciones protagonizadas por las Fuerzas Militares, que estarían poniendo en riesgo la integridad de las comunidades.

CÚCUTA

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