¿Por qué ahora protestan hasta sectores que apoyaron a Petro? Expertos analizan

Indígenas del Cauca protestando por incumplimientos a acuerdos, comunidades afro reclamando por el olvido del gobierno, habitantes de Santander exigiendo más seguridad, mineros en Córdoba y Antioquia solicitando garantías para la minería, campesinos en La Mojana clamando por soluciones a las inundaciones y otros en San Vicente del Caguán enfrentándose con la Policía por la erradicación de los cultivos.

Así fueron los primeros 67 días del 2023 del gobierno Petro, durante el cual, según Defensoría del Pueblo, hubo 214 casos de conflicto social. El año pasado en el mismo periodo hubo 124, lo que representa un aumento del 72,6 %. En promedio, son casi 4 protestas al día y algunas duran semanas.

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La más violenta fue la ocurrida en el San Vicente del Caguán, que terminó el pasado 3 de marzo, con tres muertos y la más larga ha sido la de la Mojana, que se viene realizando de manera intermitente desde el año pasado.

Actualmente, se mantiene el paro de mineros en Antioquia y Córdoba, que completó 15 días y ha generado afectaciones en 15 municipios de los departamentos ya mencionados y en Bolívar y Sucre.

En todos se ha visto que la primera instancia utilizada por el gobierno ha sido permitir que la protesta se lleve a cabo, luego establecer mesas de diálogos con funcionarios del Ministerio del Interior y otras carteras como Ambiente y Defensa, y si no se llega a acuerdos el mismo Presidente de la República, Gustavo Petro, asiste a dialogar. En ninguna se ha utilizado la fuerza para cesar la protesta, lo cual fue una promesa del jefe de Estado.

Y es precisamente esa metodología del nuevo gobierno la que ha llevado a pensar que existe ahora una tendencia mayor a la protesta por parte de las comunidades, exacerbada por una aparente "mano blanda" del nuevo poder con los sectores a los que más les prometió durante la campaña.

Expertos consultados por EL TIEMPO dividen opiniones al respecto. Algunos descartan la mano blanda y otros se apegan al término. Pero en lo que sí concuerdan es que el diálogo como primera medida sí está resultando en una disminución de la violencia durante las manifestaciones, y lo resaltan como el primer paso ideal.

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Rosembert Ariza Santamaría, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, plantea que las comunidades, que en efecto se sienten muy representadas por el gobierno Petro y fueron las que más votaron por él, le están "midiendo el aceite" al Presidente con respecto al manejo que le dará a la fuerza pública durante su mandato, para determinar qué tanto cumplirá su promesa de cambiar la forma de operar del Esmad.

"Hay varios factores. Lo primero es entender el cambio de estilo en el manejo de la Fuerza Pública. Es un estilo más negociador, conciliador y de menos mano dura, sin duda. Es menos represivo, pero creo que todavía no tienen el cálculo para medir este tema y uno puede sentir que en ese sentido habría todavía una falta de racionalidad institucional por parte del jefe de Estado y el ministro de Defensa de hasta qué punto intervenir y cuál no, y con qué grado de fuerza", explica Ariza.

Además, señala que este accionar del gobierno en parte es para no tener en contra a una parte de la opinión pública que puntualizaría que la promesa de libertad a la protesta y cambio del Esmad no se estaría cumpliendo.

Por su parte, Carolina Jiménez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional, acota que la protesta social en Colombia no está vinculada a una mano blanda por parte del gobierno nacional, por lo tanto no se han exacerbado con este nuevo gobierno. Incluso, señala que en el Gobierno Duque la protesta fue peor.

"La protesta social es una expresión legítima y legal de la sociedad civil ante un orden social que no genera las condiciones para la materialización efectiva de los derechos y para el ejercicio de una vida digna. Hay que reconocer el valor de la movilización porque permite plantear debates que mueven a la sociedad y por eso no se explica que se dé por mano blanda, sino por su esencia de rechazar la desigualdad o la injusticia", explica Jiménez.

Y va más allá, precisando que en el gobierno Petro las movilizaciones no han sido tan amplias como en istraciones anteriores. Por ejemplo, las registradas en abril del 2021 y la de noviembre de 2019, las cuales fueron más grandes y masivas que las ocurridas en lo corrido del año en Santander, Córdoba y Antioquia.

"Lo que sí estamos viendo es que las protestas ahora están siendo más localizadas territorialmente en zonas que siguen siendo víctimas de inseguridad y violencia, y por eso es por lo que están protestando", señala la experta.

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Sobre el debate de usar o no armas para reprimir las protestas, los dos analistas coinciden en que están de acuerdo con el Presidente de no utilizarlas en casos como el de San Vicente del Caguán.

"Con esto se corrobora que cada istración tiene una manera distinta de matar las pulgas y es sin confrontación", acota el doctor Ariza, quien cierra resaltando la buena decisión del gobierno de no utilizar armas durante las confrontaciones con la comunidad en el caso del Caguán ayudó a que no estallara un conflicto mayor con los campesinos.

A esto se une la profesora Jiménez, quien agrega que el estilo del gobierno durante los primeros siete meses para afrontar la protesta ha sido el correcto.

"Me parece acertado que el primer canal de respuesta del Estado no sea la intervención militar y en ese sentido creo que fue acertada la decisión de no atender la manifestación de los campesinos en el Caguán con la intervención militar, pues el costo humanitario hubiese sido mucho más lamentable", concluye Jiménez.

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Uno de los puntos comunes de las protestas es que la mayoría son por promesas incumplidas de años, sin embargo, hay más razones pues con el paso de los meses ya hay inconformismo porque no encuentran respuestas del nuevo Gobierno.

El sociólogo Ariza señala que además del proceso de reconocimiento entre sectores y el ejecutivo hay tres razones más que estarían estimulando la protestas: las promesas incumplidas de gobiernos anteriores, las demoras en el cumplimiento de esta istración y la representación que dichos sectores sienten que tienen con el presidente Petro.

Señala que las comunidades en estos primeros siete meses de gobierno no han visto materializadas las soluciones que Petro les prometió durante la campaña, lo cual -en su opinión- sí ha estimulado a que dichos sectores se sientan más alentados a reclamar.

"Todos los sectores que creyeron en el presidente, como los del Caribe, los del Suroccidente y los del Pacífico, van a empezar a hacer presencia para reclamar las promesas de campaña", explica Ariza.

Ariza advierte que viene un ciclo mayor de movilizaciones sociales y van a ser de toda la periferia del país, que va a empezar a demandar inversión, presencia estatal y que estos hechos de abandono tradicional no se mantengan.

Ya están previstas protestas de los estudiantes, que fueron muy activos durante el Gobierno de Iván Duque, por la falta de inversión y claridad en este sector que reclama más recursos.

En contraparte, Jiménez señala que no podría afirmar si habrá un aumento en las movilizaciones para los próximos meses, pero si considera que es importante que estas ocurran, dentro del ejercicio democrático, para que el gobierno escuche las diferencias que los diversos sectores sociales tengan con la istración.

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Walter Aldana, politólogo experto en asuntos indígenas del Cauca, señala que el incumplimiento de gobiernos anteriores sí ha estimulado que cada vez más las comunidades indígenas, sobre todo las del Cauca.

Aunque considera que la actual istración no tiene una "mano blanda" y celebra el hecho de que prime el diálogo antes de cualquier tipo de accionar militar, le critica al gobierno Petro -y con esto aporta una nueva hipótesis- que desde las comunidades indígenas se percibe que existe una desarticulación entre el jefe de Estado y su ministro de Defensa con la Fuerza Pública, y la evidencia estuvo en el Caguán.

"El gobierno prometió que no iba haber erradicación de cultivos, pero Policía y Ejército siguen apareciendo en las veredas a erradicar, lo que molesta mucho a las comunidades indígenas, que cuando se sienten atacadas reaccionan, lo que solo trae -desgraciadamente- muertos para el país", explica.

"Los indígenas están protestando en la misma medida que en otros gobiernos, porque los incumplimientos del estado por los que marchan vienen de muchísimos años atrás. Además, no son tampoco más violentas, pues la estrategia de diálogo del presidente Petro ha contribuido mucho a que las comunidades sean escuchadas", cerró Aldana.

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

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