Seguridad jurídica para el POT de Bogotá | Opinión

En los últimos días se ha generado una discusión importante alrededor de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial que fue presentada por la istración Distrital al Concejo de Bogotá. Temas como la habilitación del suelo y el modelo de ocupación, la limitación de hacer viviendas de un solo cuarto, la mezcla desproporcionada de usos mixtos, la densidad, la dificultad de hacer renovación urbana y sus altas cargas, entre otras cosas, son los puntos alrededor de los cuales se han hecho sugerencias, críticas y alertas para mejorar el documento.

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En esta oportunidad quisiéramos salirnos un poco de la coyuntura de los temas controversiales y poner la lupa en uno fundamental y transversal a todos los aspectos e intereses que se dan alrededor del POT: la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que la Alcaldesa ha mencionado desde su visión en varias oportunidades, pero que, lamentablemente, como lo hemos expresado con anterioridad, no se concreta de manera real con esta propuesta.

En primera instancia, debo advertir que este documento es largo, denso y difícil de entender. El tamaño de sus artículos tiene la misma suerte del documento general, lo que hace que una vez leído cada artículo sea difícil comprender cuál es el sentido de su orientación. La interpretación de cada disposición es tan amplia que seguramente las oficinas de abogados no darán abasto en los próximos 12 años, y los procesos serán severamente castigados por la burocracia y la subjetividad del funcionario de turno.

Lo anterior puede ser el resultado de una redacción a partir de la ideología que se repite e imprime en prácticamente todo el texto de este POT. Esto no es un tema menor. El Decreto 1232, que reglamenta este tipo de instrumentos, lo define como un documento técnico y sustentado técnicamente. Cosa que, respetuosamente, no entendemos que se esté dando de esta manera.

Ahora bien, debemos reconocer que la Secretaria General del Distrito ha liderado un proceso de eliminación de trámites buscando la eficiencia y dando una batalla contra la corrupción. No obstante, a pesar de ese esfuerzo este documento crea por lo menos 29 nuevos trámites y deja para desarrollo posterior por lo menos 60 reglamentaciones, en muchos casos sin responsables ni tiempos definidos. Sumado a lo que acabamos de mencionar, deroga todas las normas anteriores sin un plan definido y completo de transición, por lo que cada artículo o propuesta en sí misma es un lío en la interpretación.

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Ante esto los curadores urbanos y las oficinas de abogados han levantado la voz en varias oportunidades diciendo que la propuesta de POT no está construida con un criterio que busque generar seguridad jurídica. A pesar que la discusión se está dando en el Concejo, la verdadera norma se realizará a partir de conceptos y opiniones de la Secretaria Distrital de Planeación, que quedará como una entidad hiperpoderosa, y a partir del criterio de sus funcionarios deberá legislar ahora sobre casos particulares, abriendo paso a prácticas no deseadas en ningún sistema democrático.

Todavía estamos a tiempo de mejorar el documento y tener un POT que les sirva a todos los ciudadanos. Este tema en particular lo venimos alertando a la istración hace meses. Lo hacemos porque creemos que tenemos la obligación y el deber de trabajar en equipo por la ciudad; no porque nos queramos situar en otra orilla, la cual desde nuestra opinión es inexistente.

ALEJANDRO CALLEJAS 

GERENTE DE CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA