Las CAR, percepción y realidad

Asocars es la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, que las articula y representa a nivel nacional, en temas prioritarios relacionados con su régimen constitucional y legal, a partir del conocimiento y documentación de su gestión, para su defensa y posicionamiento, contribuyendo a la ejecución de las políticas ambientales, en beneficio de la sostenibilidad ambiental del país.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, comúnmente conocidas como las CAR, son las máximas autoridades ambientales regionales en sus respectivas jurisdicciones.

Antes de la Constitución Política de 1991 existían 18 CAR, siendo la CVC, del Valle del Cauca, creada en 1954, la pionera de este nuevo esquema institucional, con la función misional de fomentar el desarrollo económico y social, y la planificación regional.

La Constitución Política de 1991 cambió su función misional y las encargó del manejo y conservación del ambiente, para ello, las revistió de un régimen de autonomía y mantuvo el origen regional y la propiedad de la sobretasa y el porcentaje ambiental que se causa sobre el impuesto predial, recursos que sustentan en gran medida la gestión ambiental regional a su cargo.

En desarrollo del mandato constitucional fueron creadas y transformadas por la Ley 99 de 1993, 33 CAR, como autoridades ambientales regionales con cubrimiento en todo el territorio nacional, y en la actualidad con jurisdicción en el área continental y en las zonas marino costeras del país.

Son entidades públicas y autónomas del orden nacional, que no pertenecen a ninguna de las tres ramas del poder público, integradas por las entidades territoriales, encargadas de istrar dentro del área de su jurisdicción el ambiente y los recursos naturales renovables y propender hacia el desarrollo sostenible, como actores principales del Sistema Nacional Ambiental, Sina, cuya institucionalidad también la integran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos de Investigación, las Autoridades Ambientales Urbanas, AAU, Parques Nacional Naturales, PNN, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para un total de 48 entidades, de las cuales las CAR representan el 68 por ciento.

Sin embargo, esta aparente superioridad numérica al interior del Sina, no significa que sean las únicas autoridades con competencia ambiental y, en particular, respecto del otorgamiento de autorizaciones ambientales, por cuanto diferentes cambios normativos, han diseminado en Min ambiente, Anla, PNN, las AAU, y las CAR, la facultad de decidir sobre los temas ambientales regionales, siendo los proyectos de gran impacto ambiental, como los hidrocarburos, la gran minería y los llamados mega proyectos de interés nacional, decididos desde el nivel central.

Dentro de este grupo de 33 CAR, el legislador otorgó el carácter especial de Corporaciones para el Desarrollo Sostenible a siete Corporaciones, responsables de la istración de igual número de ecosistemas considerados como estratégicos para el país, y en este sentido, cumplen con unas funciones especiales y adicionales, no obstante, comparten con las otras 26 CAR la misma naturaleza jurídica, las atribuciones generales, los instrumentos económicos y financieros establecidos por la Ley 99 de 1993, y la ejecución de las políticas públicas en materia ambiental.

En cuanto a sus funciones, abarca desde el conocimiento, planificación, ordenación ambiental, evaluación y otorgamiento o rechazo de las autorizaciones ambientales, seguimiento y control del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, acciones de protección y conservación, educación ambiental, coordinación y gestión ambiental en sus jurisdicciones, hasta la sanción ante la ocurrencia de infracciones ambientales.

Con relación a los instrumentos económicos y financieros, las CAR tienen su principal fuente de financiación en la sobretasa y el porcentaje ambiental, y en las transferencias del sector eléctrico, rentas asociadas al desarrollo tradicional, seguidas del cobro por las tarifas por evaluación y seguimiento de las autorizaciones ambientales, tasas por el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y multas impuestas, entre otras, como consecuencia de los procesos sancionatorios ambientales, los cuales representan el 94 por ciento de sus presupuestos, frente a un 6 por ciento que asigna anualmente el gobierno nacional en la ley de presupuesto, lo que demuestra que la gestión ambiental regional del país se soporta en los recursos generados en los territorios. Dichos recursos son ejecutados en un 79 por ciento en inversión ambiental a través de los diferentes programas y proyectos ambientales contenidos en sus planes de acción cuatrienal, en un 3 por ciento en pago del servicio a la deuda y en un 18 por ciento como gastos de funcionamiento.

Ante la baja posibilidad de recursos propios en la mayor parte del país, la ley definió que el funcionamiento de las siete Corporaciones para el Desarrollo Sostenible estaría a cargo del Presupuesto General de la Nación, lo que no se ha cumplido a cabalidad, desplazando esta responsabilidad del Gobierno Nacional hacia las regiones, con el Fondo de Compensación Ambiental, mecanismo que se nutre de los recursos propios que aportan 26 CAR, y que sirve a las 15 Corporaciones con más bajos ingresos, incluyendo a las siete de Desarrollo Sostenible, cuya operatividad ha sido centralizada y complica su . De igual manera, existen dos bolsas de recursos istrados por el gobierno nacional, que son el Fondo Nacional Ambiental y el 1 por ciento de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías, que sufre de iguales traumatismos en su operación, y que responden a las prioridades del Gobierno Nacional del correspondiente período y no a las necesidades ambientales de largo aliento en las regiones, que son consideradas en los instrumentos de planificación de las CAR, y que deben atender con sus recursos propios.

Los órganos de dirección y istración de las CAR reflejan el espíritu participativo, descentralizado, y pluralista de la istración y gestión ambiental, a través de las Asambleas Corporativas integradas por los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción. Los Consejos Directivos, en cuanto a su integración, están diferenciados en la ley entre las 26 Corporaciones Autónomas Regionales y las siete de Desarrollo Sostenible, las primeras son presididas por el gobernador y las segundas por el delegado del Ministerio, pero, en todo caso, se mantiene la participación mayoritariamente regional, en virtud de su régimen de autonomía constitucional.

Dentro de sus integrantes se cuenta con representantes del Presidente de la República y delegados del Ministerio, la participación de los gobernadores y alcaldes, de representantes del sector privado, de las entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental, y de los grupos étnicos.

En esta entrega queremos presentar los principales logros de las 33 CAR, que demuestran su fortaleza a partir de su presencia en el territorio, y que dan cuenta del gran conocimiento, apropiación, experiencia técnica que tienen de sus jurisdicciones en las que trabajan cada día de la mano con todos los actores y, en especial, con las comunidades, siendo las entidades públicas que más aportan al cumplimiento de las metas ambientales del Gobierno Nacional y que, por años, ante el vaivén de las políticas nacionales ambientales, han soportado la gestión ambiental del país. Por esto, las CAR continúan y continuarán más unidas que nunca.

Es importante mencionar que, con ocasión de la emergencia sanitaria, con este grupo de directores que estaban iniciando su periodo institucional 2020 – 2023, decidimos, en medio de la emergencia, trabajar algunos temas estratégicos de la gestión ambiental, de manera articulada y conjunta, pensando en potencializar aquellos que más le llegan y sensibilizan a la sociedad, para lo cual firmamos los siguientes pactos y acuerdos:

En septiembre del 2020, en Pereira, en la sede de la Carder, firmamos el Acuerdo por la restauración y la agroecología para la seguridad alimentaria.

En octubre del 2020, en Cali, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con las 7 CAR con jurisdicción en el Choco Biogeográfico, firmamos el Pacto contra la deforestación y el tráfico ilegal de la madera en el Pacífico, “Bosque Pacífico”.

El 4 de noviembre del 2020 firmamos un memorando de entendimiento con las Autoridades Regionales del Agua, de Holanda, para apoyar el programa Inspiragua, que se adelanta con cinco CAR, para contribuir a desarrollar efectivamente el intercambio de conocimiento y experiencia en la gestión del recurso hídrico.

El 9 de diciembre del 2020, en el marco de la celebración de los 24 años de Asocars, en Bogotá, suscribimos el Acuerdo por la Educación Ambiental.

En 5 de noviembre del 2021, en Mocoa, Putumayo, sede de Corpoamazonia, celebramos los 25 años de Asocars, suscribiendo el pacto por la “Amazonia viva”.

En diciembre del 2021, firmamos la segunda fase del Pacto Intersectorial por la Madera Legal.

El 26 de enero del 2022, en San Gil, Santander, sede de la CAS, en el marco de la celebración del día de la Educación Ambiental, y de la conformación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental, suscribimos la alianza para la conformación de la Red Nacional para la Conservación del Cóndor Andino, que nos sirve de sombrilla para la potencializar la gestión en la protección de nuestra fauna silvestre.

En esta publicación se presentarán los logros y resultados acumulados de estos acuerdos y alianzas, y las diferentes CAR que participan presentarán en sendos artículos sus logros y resultados individuales, relacionados con estos y otros temas de su gestión.

Los recursos propios y los órganos de dirección y istración de las CAR han sido las principales causas de la tensión permanente, lo que ha generado que todos los gobiernos nacionales, después de la expedición de la Ley 99, hayan promovido proyectos de reforma, tendientes a minar la autonomía y centralizar o nacionalizar el manejo de los recursos propios de las CAR, fundando su estigmatización.

A pesar que no han prosperado los proyectos específicos de reforma, por diferentes leyes y reglamentaciones normativas, se les han asignado funciones y competencias adicionales, sin asignarles nuevos recursos, y más bien debilitando sus instrumentos financieros, sea desviándolos para cumplir obligaciones de otras entidades o creando nuevas entidades, que les compiten y disputan los recursos.

Entendiendo que el nuevo Gobierno Nacional tiene una propuesta que prioriza el ambiente, el respeto a la Constitución del 91, el fortalecimiento de la regionalización, las autonomías, y la participación, desde Asocars le hemos expresado, a través de la Ministra de Ambiente, nuestra disposición a trabajar conjuntamente y a participar activamente en una evaluación objetiva e integral del SINA, que consideramos necesaria después de 30 años de su creación y, asimismo, en las rutas de trabajo resultantes de la misma que permitan construir una propuesta orientada a fortalecer la autonomía, la descentralización, la regionalización y la capacidad financiera e institucional del SINA, haciendo realidad el principio ambiental que señala el “el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo”.

En el marco de esta revisión, valdría la pena pensar en un Ministerio de Ambiente más parecido a las CAR que a los otros ministerios, inclusive como un órgano independiente y autónomo del Gobierno Nacional, como el Banco de la República, que fije la política nacional ambiental, entendiendo que cada día es igual o más sensible, complejo e importante el manejo del ambiente que el de la moneda nacional, entre otras propuestas, que generen un verdadero cambio frente a la istración del ambiente, privilegiando su carácter diferenciado y sobre todo regional.