Zozobra en el paraíso, la inseguridad en la isla de San Andrés

Desde hace más de 15 años, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –en especial la isla de San Andrés– viene experimentado un deterioro en la seguridad ciudadana, comparable con lo que se vive en la Colombia continental, aunque el panorama de seguridad en esta última mejoró momentáneamente durante los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, mientras en el Archipiélago empeoró en relación con los años anteriores. Después de vivir décadas en aparente tranquilidad y con muy pocos indicadores que alertaran sobre la inseguridad en el territorio, en los últimos años se han ido diseminando los temores sociales, acompañados de una sensación de angustia e inseguridad sin precedentes en la historia del Archipiélago.

Aunque parezca paradójico, este fenómeno de inseguridad creciente ha estado aparejado de un aumento exponencial en la infraestructura policíaca y de activos de la fuerza pública, a tal extremo que el Archipiélago es, posiblemente, uno de los departamentos colombianos con la mayor concentración de organismos de defensa pública en relación con el tamaño de su población. En efecto, en las islas tienen presencia la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, el Ejército y la Policía Nacional, además de sedes de Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación y otros cuerpos asociados con la defensa y la seguridad estatal.

Solo por mencionar algunas cifras, desde 2010 la tasa de homicidios en San Andrés se incrementó, y en 2018 sobrepasó la tasa nacional, al registrar 36,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, y convirtiendo al Archipiélago en la cuarta capital más violenta de Colombia. Teniendo en cuenta parámetros internacionales, y guardando las proporciones, la isla de San Andrés pudo estar entre las 50 capitales más violentas del mundo, compartiendo una tasa de homicidios igual a la de Nueva Orleans (EE. UU.).

En 2020, pese a la pandemia y a la disminución de las tasas de homicidios nacionales, en la isla de San Andrés llegó a 59, por cada 100.000 habitantes, y aunque en 2021 disminuyó con respecto al año anterior, se mantuvo elevada: 54,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa nacional, que registró 26,8. Este incremento en la violencia y la criminalidad encuentran su explicación en el papel que juegan las islas en el tráfico de drogas ilícitas, que han convertido este territorio insular en el epicentro de disputas de grupos armados –como el Clan del Golfo y otros grupos– por el control de las rutas del tráfico, y de manera más reciente por el monopolio del mercado interno, cuya demanda crece en proporción con el incremento del turismo, como está ocurriendo en la mayoría de islas pequeñas del Caribe.

En este contexto creciente de violencia y criminalidad, la alteración en la percepción de la seguridad ciudadana viene ocupando un papel central en la vida de los habitantes insulares, que cada año se sienten más inseguros y en permanente zozobra, situación que, sin duda, se acrecentó con los asesinatos escandalosos del último año, entre ellos el cometido en octubre de 2021 contra los patrulleros de la policía Leibiston Manuel Ortiz Rocha y Sandra Marcela Pérez Hoyos, ocurrido en el barrio Nueva Guinea, de San Andrés Islas, así como asesinato del cantante Fabián Pérez Hooker, miembro del grupo Hety and Zambo, y conocido como “El rey del creole”, ocurrido en marzo de este año, que fue uno de los más repudiados.

En medio del malestar social creciente como consecuencia de la inseguridad en la Isla, la Universidad Nacional de Colombia (Unal) Sede Caribe, por medio del Centro de Pensamiento del Gran Caribe, viene realizando desde 2017, en colaboración con investigadores del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, un seguimiento anual a la percepción de la seguridad en el Archipiélago, en especial en la isla de San Andrés.

Este análisis de percepción se realiza mediante la aplicación de un cuestionario estructurado, constituido por 36 preguntas, y aplicado a una muestra de 530 viviendas –distribuida en 17 barrios, por medio de un muestreo estratificado–, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 4,95%. Este seguimiento ha permitido esclarecer que entre los habitantes de la isla existe un creciente deterioro en la sensación de seguridad. En 2018, el 46,08% de los encuestados percibía mucha inseguridad, frente a un 46,26% que percibía poca inseguridad. En 2021 se presentó un aumento en la sensación de inseguridad: el 50,1% de los encuestados considera que hay mucha inseguridad, y solo el 10,90% considera que hay poca inseguridad en el Archipiélago.

Esta situación se puede constatar al examinar el temor y la zozobra que viven los pobladores de la isla de San Andrés: el 40,85% considera que puede ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. Este temor está en estrecha relación con la percepción de los habitantes frente a la delincuencia, puesto que el 62,19% de los encuestados asegura que creció en el Archipiélago, mientras el 44,38% lo hizo en su barrio. Entre los barrios con mejor percepción de la seguridad y donde sus habitantes se sienten más seguros son Serranilla (66,67%), Los Almendros (60%), Vista Hermosa (60%) y Las Palmas (57,14%), mientras que entre los barrios con nula percepción de seguridad se encuentran San Luis, El Barack, Orange Hill, Barrio Obrero y Brook Hill.

Por otra parte, los barrios con menor percepción de delincuencia son La Rocosa, Los Almendros, Campo Hermoso, El Bigth y El Centro. En contraposición a estos, los barrios con mayor percepción de criminalidad son La Loma, Flower Hill, Lox Bigth, Natania, San Luis y Barack. Esta percepción coincide con la presencia de pandillas, el uso descontrolado de armas y, en muchos casos, con expendios de drogas ilícitas, lo mismo que riñas constantes y confrontaciones callejeras.

De manera paralela con el deterioro de una percepción de seguridad en el Archipiélago, se mantiene la desconfianza sobre la efectividad de la actuación de la Policía y las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad en el departamento. En este mismo sentido, la percepción más negativa la tiene la Gobernación del departamento, seguida de la Policía, que son vistas como entidades inoperantes frente a la creciente violencia, el aumento de la criminalidad y los asesinatos que vive el Archipiélago. Esta visión negativa y de desconfianza hacia las autoridades departamentales se viene incrementando en la última década, también como consecuencia de la corrupción que ha presentado la istración departamental, donde sus máximos líderes –los gobernadores, hombres y mujeres– han sido investigados y encarcelados por actos criminales contra las finanzas públicas.

Ante los hechos asociados con la delincuencia que ha sufrido el Archipiélago en los últimos años, existe poco optimismo sobre la mejora de las condiciones de seguridad. De hecho, la población considera, de manera reiterada, que la delincuencia aumentará en los próximos meses. Ante este panorama, es perentorio replantear los actuales esquemas de seguridad del departamento hacia uno que priorice las acciones preventivas, además de mayores esfuerzos de las instituciones públicas encargadas del orden y la convivencia pacífica para lograr una mejor efectividad y eficiencia, no solo para contrarrestar el crimen organizado, sino para aumentar su credibilidad entre la población, de modo que se pueda generar una sensación de confianza y tranquilidad entre los habitantes de las islas.

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Escrito por: Raúl Román Romero, Docente, Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe y Francisco Javier Maza Ávila, Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Cartagena.