Los contratos del ministro Eduardo Montealegre y de los otros cerebros del 'decretazo' para la consulta popular

El ex fiscal y virtual nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Yefferson Mauricio Dueñas, además de estar entre los principales asesores del presidente Gustavo Petro en materia jurídica frente a la posibilidad de convocar por decreto una Consulta Popular, también son actuales contratistas con el Estado.

Así lo pudo determinar la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras revisar la información abierta que reposa tanto en la plataforma Secop, de Colombia Compra Eficiente, como del Portal Anticorrupción (Paco) de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Tal como se ha conocido esta semana, Montealegre y Dueñas, junto con los juristas Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, ex presidentes de la Corte Constitucional, han orientado al Jefe de Estado frente a la inminente presentación de un decreto que convoque a una Consulta Popular que ya fue hundida en el Senado de la República. 

De hecho, fue el propio Montalegre, de quien se supo este jueves que será el reemplazo de Angela María Buitrago en la cartera de Justicia,  quien confirmó el martes, tras reunirse con el presidente Petro, que la polémica convocatoria es un hecho: “La Presidencia encontró que en la decisión del Senado hubo vicios de inconstitucionalidad insubsanables que hacen inexistente la determinación del Congreso”, dijo.

En el caso del nuevo ministro Montealegre, quien ha sido constante asesor y consejero en temas jurídicos del presidente Petro desde el comienzo del actual Gobierno, la contratación ha sido a través de la firma de la que es representante legal: Economía, Derecho y Sociedad SAS.

Por su parte el jurista Dueñas, si bien es también propietario y representante legal del bufete Dueñas Gómez Abogados, ha  contratado con diferentes entidades estatales a nombre propio. Incluso, hay registros de convenios con entidades públicas desde el año 2017.

Este medio encontró que Economía y Sociedad SAS, del ex fiscal Montealegre, firmó el pasado 19 de febrero un nuevo contrato con el sistema de Medio Públicos RTVC, por más de 495 millones de pesos y una duración de 12 meses. Y uno de sus focos principales es avanzar en una demanda contra la senadora del Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal.

La información que aparece en Secop señala que el objeto de este contrato, que tendrá vigencia hasta el próximo 3 de diciembre,es  "prestación de servicios jurídicos especializados de asesoría en materia constitucional, penal, civil y comercial, en todos los temas estratégicos a cargo de la alta dirección; para la emisión de conceptos y la representación en procesos judiciales y acciones constitucionales, que se encuentren directamente relacionados con la afectación del buen nombre de la empresa”.

Sin embargo, en los documentos adjuntos en la plataforma aparece la propuesta firmada por el propio Montenegro Lynett y en la que se establecen unos honorarios de 40 millones de pesos mensuales durante 10 meses y 15 días.

En el documento se señala como la primera actividad específica la “representación judicial, en calidad de víctima, en el proceso penal por injuria en contra de la Senadora María Fernanda Cabal”

El pasado 3 de abril, cuando ya habían pasado dos meses de firmado el convenio, información oficial publicada por RTVC anunció la instauración del proceso por injuria y calumnia contra la senadora Cabal.

De hecho, la noticia cita a al propio Montealegre ya como vocero: “María Fernanda Cabal ha atentado contra la libertad de prensa y ha lanzado expresiones injuriosas al querer vincular el ejercicio legítimo del periodismo, la libertad de comunicación, la defensa de la paz, la defensa de los sectores sociales como uno de los contenidos importantes e institucionales de RTVC, y los ha querido ver como un favorecimiento al terrorismo”, afirmó. 

Cabe recordar que Morris, gerente de RTVC, ha insistido que desde sectores políticos y medios de comunicación existe una campaña de “desinformación y desprestigio” en contra del sistema de medios públicos. Y ha señalado a la congresista como una de sus principales promotoras.

Pero este no es el primer convenio que firma Montealegre con RTVC desde que es gerenciada por el periodista y ex director del programa Contravía. Tal como lo reveló en octubre pasado la Unidad de Datos de EL TIEMPO, ‘Economía, Derecho y Sociedad SAS' firmó con RTVC otros dos convenios.

El primero de ellos se suscribió el 19 de octubre de ese año por 57 millones de pesos, con el fin de prestar “servicios jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en todos los temas relacionados con derecho constitucional, derecho istrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico en el proceso de rediseño institucional”.

Este acuerdo tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año y fue reemplazado por un nuevo convenio con exactamente la misma finalidad, pero con duración de un año completo y valor de 268 millones de pesos. Se suscribió el 19 de enero de 2024 este año y se terminó el 27 de diciembre.

Pero además esta firma ya había firmado un contrato por 480 millones de pesos con la firma estatal de seguros Positiva, con el objeto de “prestar los servicios profesionales de asesoría, acompañamiento y representación judicial y extrajudicial de los intereses de la compañía”. Este acuerdo se suscribió el 29 de mayo de 2023. 

Por su parte, Yefferson Dueñas, quien fue durante 15 años abogado y magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia ha firmado, entre 2023 y 2024, cinco convenios para asesorías legales por un valor total de 611 millones de pesos con entidades como la Justicia Penal Militar y el Icfes.

El más reciente lo suscribió con el Icfes el pasado 26 de febrero, por 77 millones de pesos con el objeto de apoyar en “la estructuración, consolidación y revisión de informes dirigidos a las partes interesadas de la entidad, así como en la emisión de conceptos para garantizar la coherencia, legalidad y precisión en la comunicación institucional”.

Con esa misma entidad, Dueñas había firmado, el 2 de mayo del año pasado, un contrato por 103 millones de pesos para servicios de asesoría jurídica “en relación con las actividades y operaciones vinculadas a proyectos nacionales e internacionales en materia de evaluación e investigación de la educación”.

Con la Justicia Penal Militar hay dos contratos que suman 378 millones de pesos, ambos con el objeto de “prestar servicios profesionales en la elaboración, estructura y defensa de las propuestas de iniciativas y reformas normativas y reglamentarias en la Justicia Penal Militar y Policial”. Se suscribieron entre 2023 y 2024, ambos con duración cercana a un año. 

UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO