La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de del partido de izquierda Unión Patriótica se convierte en un nuevo hito en este caso.
Ese movimiento, nacido de los acuerdos de paz entre el
presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc firmados en La Uribe (Meta) el 28 de marzo de 1984, fue objeto desde su fundundación de un
“plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes” que significó la muerte o desaparición de miles de personas, entre ellas dos candidatos presidenciales:
Jaime Pardo Leal, en 1987 y
Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990.
Si bien muchas de las organizaciones sociales cercanas a la UP hablan de hasta 10 mil casos y la Corte IDH cifra el dato en por lo menos seis mil, cifras oficiales de Colombia muestran realidades diferentes en número, pero escalofriantes en cuanto a los hechos que el tribunal internacional calificó este lunes como “sucesivas y graves violaciones de los derechos humanos".
La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó dos fuentes oficiales de datos para determinar el número de víctimas de este genocidio: la
Jurisdicción Especial para la Paz y los datos del Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado (Sievcac), del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Las cifras de la JEP
La JEP tiene en su archivo un total de 5.733 militantes de la Unión Patriótica víctimas de asesinato o desparición entre los años 1984 y 2016.
La cifra hace parte del proceso que adelanta este alto tribunal y que incluyó “16 informes orales y testimonios en profundidad de víctimas y sobrevivientes de España, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia y Noruega que dan cuenta de los hechos, el contexto, las consecuencias e impactos, así como las demandas de las víctimas respecto la verdad y la justicia”.
De ese total de más de 5 mil víctimas, un 80%, es decir, 4.616, fueron asesinadas. Las restantes 1.117 fueron registradas como victimas de desaparición forzada. Adicional a esto, la JEP reportó 2.217 personas, militantes de la UP, que sufrieron desplazamiento forzado durante ese lapso.
El caso en la JEP, conocido como “proceso judicial 06 : Victimización de de la UP”, ya acreditó a 297 víctimas: 157 mujeres, 136 hombres y cuatro organizaciones colectivas: el Partido Unión Patriótica , el sindicato Sintramienergética, el Partido Comunista Colombiano y la agremiación Central Nacional Provivienda.
Antioquia y Meta, epicentros del exterminio
Otra fuente de datos que revela la magnitud del genocidio contra este partido político es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Con corte al 15 de junio de 2022, esta entidad tiene registradas e identificadas, en sus bases de datos, 3.005 víctimas de asesinato y 540 personas que sufrieron desaparición forzada.
En cuanto a muertes, el CNMH reporta que el año con más casos de asesinatos de militantes de la Unión Patriótica fue 1996, con 416. El segundo fue 1988, cuando se reportaron 300.
De hecho, los crímenes contra la UP se recrudecieron en la década de los 90. El 55% del total se registraron etentre 1990 y 1999, mientras que el 35% se produjeron entre 1984 y 1989.
Por departamentos, Antioquia, seguido de Meta y Santander, son las regiones con el mayor número de militantes o dirigentes políticos de la UP asesinados. Las tres concentran el 60 % de los casos en todo el país desde 1984 hasta el corte de la base de datos, en julio de 2022.
De hecho, en cuatro municipios antioqueños: Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa, se produjeron el 26 % de todos los asesinatos de de la UP en el país. Según los datos consultados, allí se presentaron 800 de los 3.005 homicidios contra militantes o dirigentes de este partido político.
En cuanto a desapariciones, son los mismos tres departamentos: Antioquia, Meta y Santander los que encabezan las estadísticas. Allí ocurrieron el 57 %, es decir, tres de cada cinco casos registrados por Memoria Histórica.
Uno de los datos más preocupantes es que de la mayoría de víctimas de desaparición forzada durante el exterminio de la UP jamás se volvió a tener noticia.
Los datos revelan que el 83% del total está reportado como ‘continúa desaparecido’, mientras que un 7% está catalogado como ‘sigue desaparecido, pero se tiene información..
Y tan solo el 1,1% de todos los 541 registros, apareció con vida mientras que el 8% apareció muerto.
De hecho, en su sentencia, la Corte IDH conmina al Estado a hacer una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce; así como brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo requieran.
RAFAEL QUINTERO CERÓN
Unidad de Datos EL TIEMPO
@TheFugazi