Los 5 grandes cambios que trae el revolcón en la industria del seguro

El Gobierno prepara un verdadero revolcón en la industria aseguradora del país.

El propósito es aliviar la estructura de este mercado, de tal forma que las compañías salgan del estancamiento en que se encuentran en términos de cobertura, innovación de productos, desarrollos tecnológicos, eficiencia y mayor competencia, aspectos que, sin duda, terminarán beneficiando a la población colombiana, en especial a la de menores ingresos, según fuentes oficiales.

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Los cambios hacen parte del Proyecto de Ley 413 del 2021, con el cual se busca modernizar el sistema de pagos e impulsar el desarrollo del mercado y que pronto inicia su debate en el Legislativo.

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El mismo trae un capítulo especial dedicado a las facultades del Gobierno y de la Superintendencia Financiera para expedir normas, vía decretos, y de esta manera modernizar el esquema organizacional de las compañías y la intermediación de los seguros.

Los otros capítulos tienen que ver con una mayor adopción tecnológica e innovación en el sistema de pagos, en el mercado de capitales, así como la consecución de altos estándares en la istración de los recursos que hacen los fondos de pensiones y cesantías y las entidades financieras públicas.

“Se necesita bajar los costos operativos de las firmas, que haya más competencia, mucha más digitalización, productos hechos a la medida de las necesidades de la gente, más omnicanalidad y un contrato moderno de seguros, para lo cual habrá que hacer un par de cambios al Código del Comercio”, precisó la fuente consultada.

Uno de los grandes ajustes tiene que ver con las licencias que otorga la Superintendencia Financiera para vender seguros (vida y generales), pues en adelante se requerirá una sola, tanto para los actuales como para los nuevos actores de este mercado.

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Significa que ya no habrá necesidad de tener dos aseguradoras, como sucede hoy, sino que una sola sería suficiente, lo que se traducirá en reducción de sus estructuras, menores costos y mayores eficiencias, a través de economías de escala.

Lo que está buscando el Gobierno con esto es algo similar a lo implementado en el sistema financiero un par de décadas atrás, cuando autorizó a los bancos fusionar a sus compañías de leasing o, incluso, a sus filiales hipotecarias.

A la fecha operan en Colombia 18 compañías de vida y 25 de seguros generales, incluidas dos cooperativas, según registros de la Superfinanciera, con lo cual se esperaría unan reducción cercana al 50 por ciento de este mercado.

Otra de las medidas que se busca implementar está encaminada a que las aseguradoras aceleren el pago de las reclamaciones cuando se presenta un siniestro y estas los reconocen. Hoy en día el plazo máximo establecido son 30 días a partir de la isión del hecho; no obstante, las compañías se toman el tiempo de ley para cancelar las indemnizaciones, pudiendo hacerlo antes en beneficio del asegurado.

Según la fuente consultada, se quiere acabar con esa práctica y que ese tiempo se reduzca a la mitad o menos de lo establecido, para lo cual se tendrán que ajustar un par de normas del Código del Comercio.

En esa misma dirección, se insistirá, con el proyecto, en la necesidad de diseñar un contrato de seguro más moderno, claro, conciso y entendible para el consumidor, sin asteriscos ni tanta letra menuda, lo que abriría la puerta a que las aseguradoras se metan de lleno a amparar esos riesgos nuevos o antiguos que aún están sin cubrir.

Pero el revolcón no solo será para las aseguradoras, incluye también a los intermediarios de esta industria, es decir, aquellas firmas que venden las pólizas (corredores y agentes).

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En este segmento operan 43 firmas, entre nacionales y extranjeras, según registros de la Superfinanciera.

Con la nueva ley, a quienes se mueven se les exigirá mayor profesionalización y especialización, así como una transformación fuerte en materia de venta de productos masivos que incluyan una estructura sólida de valor agregado.

“Está visto que muchos intermediarios no les están ofreciendo un valor agregado a los consumidores, se dedican a vender seguros obligatorios cobrando altas comisiones y con el menor esfuerzo, mientras hay un mercado gigante por explorar”, señaló el experto.

Por eso, para imprimirle más dinámica y modernizar este mercado se abrirá la puerta para que entren jugadores digitales, disruptivos, plataformas, como las que ofrecen información comparativa del costo de las pólizas y las pasarelas de pago, para que vendan seguros hechos a la medida de las personas bajo la supervisión del Estado.

Frente a los cambios que se avecinan, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, gremio de las aseguradoras, se mostró bastante optimista, aunque dijo que habrá que analizar la minucia del proyecto para saber los alcances de lo que quiere el Gobierno.

El directivo dijo que en líneas generales hay aspectos del proyecto, como lo concerniente a las licencias para la venta de seguros, que es positivo, pues eso genera economías de escala.

“En líneas generales, la industria no se opone a los cambios que busca el Gobierno, aunque hay un punto delicado, pero todo depende de cómo quede redactado, y es la posibilidad de que en ciertos casos se pueda vender seguros en Colombia sin que la empresa esté establecida en el país”, advirtió Gómez Martínez.

Dijo que es cierto que la industria aseguradora tiene que caminar hacia una mayor adopción de la tecnología, así como hacia los seguros inclusivos y los paramétricos en los que hay un potencial inmenso.

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Desde la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros (Acois) también acogieron la iniciativa del Gobierno que busca cambios sustanciales para la industria aseguradora, pero indicaron que de la actividad de intermediación también hacen parte las agencias y agentes independientes de seguros (Ley 65 de 1966), lo que eleva a unos 22.000 el número de actores, quienes deben estar certificados por las compañías para las que actúa, según lo dispuesto en la circular 050 de la Superfinanciera.

“Será buena la apertura a nuevas formas... pero no estamos de acuerdo con que para ello se tengan menos controles en los procesos de formación de quienes representan a las aseguradoras en la comercialización de los distintos programas de seguros”, dice Carlos Alberto Montoya, presidente de la junta directiva de Acois.

Las cifras de penetración de la industria aseguradora no son muy favorables. Se estima que en el país menos de 3 millones de personas tienen un seguro de vida voluntario, mientras que el número de copropiedades aseguradas solo en Bogotá llegan a 20.000; de las cuales, 10.735 son residenciales, según cálculos de Fasecolda, gremio que estima que solo el 8,2 por ciento de los hogares cuentan con un seguro voluntario.

Pero no es lo único. La penetración del seguro, medida por el valor de las pólizas frente al PIB, solo alcanza un 3 por ciento, mientras que en países como Chile tienen niveles por encima del 5 por ciento.

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