Apagón a la vista / Análisis de Juan Manuel Galán

Goldman Sachs Research anticipa que hacia 2027 la demanda global de electricidad de los centros de datos aumentará un 50 por ciento y un 165 por ciento para 2030, impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial, la computación cuántica y en la nube. La masificación de vehículos eléctricos también contribuirá significativamente al crecimiento del consumo energético mundial.

Por su parte, Bloomberg New Energy Finance proyecta que para 2050, el 50 por ciento de la electricidad global vendrá de fuentes renovables como la energía eólica, solar, por hidrógeno verde y geotérmica, gracias a la reducción de costos y al desarrollo de baterías, a base de sodio en lugar de litio, más eficientes.

En ese contexto de crisis energética mundial, Colombia enfrenta a corto plazo un panorama energético riesgoso. Aunque hemos sido históricamente reconocidos por una matriz energética limpia y confiable –66 por ciento de generación hidráulica–, varios factores de tipo estructural, climático y político confluyen hoy para poner en jaque esa estabilidad. Según la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Jaramillo, el sistema eléctrico colombiano estará “estresado” durante 2025 si no se toman medidas urgentes.

La generación de energía nacional creció un 3,2 por ciento entre 2023 y 2024, pero la expansión es insuficiente frente al aumento sostenido de la demanda con un crecimiento anual promedio de 2,6 por ciento, pero del 6,4 por ciento entre los últimos fenómenos de La Niña y El Niño. En regiones como el Caribe se registran incrementos de hasta dos cifras porcentuales.

La generación térmica es entonces vital para mantener la confiabilidad del sistema, especialmente durante los picos del fenómeno de El Niño, cuando los embalses descienden a niveles críticos. Sin embargo, la caída de la producción de gas natural por incertidumbre en la política energética y por decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos, con un faltante proyectado de entre 100 y 130 GBTUD, –qué ironía– hará que las térmicas se tengan que alimentar con carbón, combustible fósil que emite cuando se quema entre un 40 y un 50 por ciento más de CO2.

El riesgo de apagones no tiene una sola causa, es producto de una combinación de factores que se acumularon. Varios proyectos de energía renovable, especialmente eólicos y solares, están paralizados por falta de licencias ambientales, conflictos sociales y demoras en consultas previas.

Una prioridad en la agenda legislativa es la expedición de una ley estatutaria que regule la consulta previa para prevenir abusos como el uso indebido por intermediarios, excesivas demoras en proyectos de interés nacional estratégico, falta de representatividad y la manipulación del mecanismo.

Otro factor es el hecho de que nuestra matriz energética depende en gran medida de la hidroelectricidad. Esto nos hace vulnerables a fenómenos climáticos, ya no extraordinarios, como El Niño, que reduce los niveles de los embalses y obliga a usar fuentes térmicas más costosas y contaminantes.

Además, varias empresas encargadas de la distribución y comercialización de energía padecen crisis financieras, lo que limita su capacidad de inversión y mantenimiento de infraestructura. La falta de líneas de transmisión modernas y suficientes impide que la energía generada en ciertas regiones llegue a los centros de consumo.

El ambiente de incertidumbre regulatoria y política asociado a cambios en las señales de política pública y decisiones regulatorias creó desconfianza en los inversionistas, frustrando el desarrollo de nuevos proyectos.

Seis horas diarias sin energía, según estudios del Banco de Bogotá, nos costarían 1,1 billones diarios. De acuerdo con Fedesarrollo, un corte similar al de los 90 significaría una contracción de 1,5 puntos porcentuales en la economía y la pérdida de 230.000 empleos.

España, Portugal y el sur de Francia acaban de vivir las consecuencias de una interrupción del flujo de energía: caída de los sistemas de comunicación, suspensión de operaciones en transporte, afectación al comercio, pagos y transacciones electrónicas deshabilitadas, parálisis de la producción industrial y caos vial por la falta de semáforos. 

Sin refrigeración, se perdieron alimentos en supermercados, hogares y restaurantes. Además del impacto en centros de salud que suspendieron servicios no esenciales. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales estima las pérdidas en 1.600 millones de euros el 28 de abril.

De acuerdo con XM, entre 2021 y 2024, apenas un 21 por ciento es la tasa de entrada de proyectos. Se trata de una capacidad atrasada de 3.500 megavatios, es decir, el 30 por ciento de la demanda nacional. El centro de gravedad es garantizar los proyectos que aseguran la energía en firme. 

Las demoras en la ejecución de proyectos o una sequía intensa conducirían a interrupciones del servicio. La reducción de costos que impactan las tarifas depende en gran parte de aumentar la oferta de energía a través de más proyectos de energía firme.

El Gobierno colombiano tiene una responsabilidad crítica y objetiva en las medidas que tome –o deje de tomar– durante los próximos meses para definir si el país logra evitar una crisis energética o si cae en un apagón generalizado.

Si el 80 por ciento del consumo de energía tiene su origen en contratos de largo plazo entre generadores y distribuidores, mientras solo un 20 por ciento se transa en la bolsa de energía, resulta contraproducente la pretensión del Gobierno de imponer topes a la venta de energía en bolsa como mecanismo para reducir tarifas. La bolsa de energía, según Natalia Gutiérrez, equilibra los balances diarios de energía porque permite ajustar los precios según las condiciones climáticas y de disponibilidad de recursos hidráulicos, térmicos y solares en épocas de sequía y de lluvia. Así se asegura la confiabilidad del sistema para contar con energía cuando más se necesita.

Aunque las renovables son el futuro y se debe apuntar a una diversificación de la matriz energética, en el corto plazo es necesario garantizar el suministro de gas natural y mantener operativas las plantas térmicas como respaldo ¿Está el Gobierno postergando la solución?

El gobierno actual parece dejar que la crisis se agrave, para que el próximo gobierno tenga que asumir el costo político de las decisiones impopulares. Una percepción sustentada por la lentitud en la toma de decisiones críticas, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de una narrativa clara sobre el rumbo energético del país. La falta de liderazgo visible en el sector energético y la rotación frecuente de funcionarios en cargos de decisión promueven la sensación de improvisación.

Colombia no está condenada a un apagón, pero está peligrosamente cerca de uno si no se toman decisiones firmes y coordinadas. El país tiene los recursos naturales, el conocimiento técnico y el capital humano para superar la coyuntura. Faltan voluntad política, agilidad institucional y una visión de largo plazo ¿Será este el año en que se tomen las decisiones correctas? ¿O simplemente se dejará que el próximo gobierno apague la luz?