Nuevo choque entre productores de arroz, el Gobierno y los cerealeros

La fuerte polémica entre los productores de arroz, agremiados en el movimiento Dignidad Arrocera, que ven en riesgo su actividad por las altas importaciones y existencias del cereal, y el Consejo Nacional del Arroz, que no solo desmiente que el país tenga elevados inventarios sino que, además, hace un llamado para que se siembre con prudencia este año, volvió a encenderse de nuevo en medio de un descenso en los precios del grano que tiene preocupadas a cientos de familias que dependen de esta actividad.

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Esta pelea no es nueva, pues desde hace varios años los productores de arroz en Colombia vienen reclamando del Gobierno condiciones mucho más equitativas para ejercer su actividad, que se revisen los tratados internacionales (CAN) y se genere mayor estabilidad en el sector para bien de los consumidores y productores del grano, quienes están dispuestos a irse a un paro si no se les atienden sus peticiones.

Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera ante el Consejo Nacional del Arroz (CNA), sostiene que es tal el nivel de importación de arroz blanco de Estados Unidos, Ecuador y Perú (en 2021 ingresarán unas 307.000 toneladas), que a la vuelta de unos cuantos años no solo el país terminará consumiendo un alto porcentaje de grano importado, mientras miles de familias terminarán en la quiebra.

Advierte que esa situación y las elevadas existencias de arroz que tiene el país en este momento están golpeando los precios con las consecuencias nefastas para los agricultores, pues desde inicios de este año el valor de la carga de arroz paddy verde empezó a caer en entre 10.000 y 20.000 pesos por carga de arroz paddy verde en algunas regiones.

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Y mientras en Dignidad Arrocera sostienen que esos inventarios podría alcanzar para abastecer el consumo interno durante cerca de 130 días y que los productores nacionales tienen 87.000 hectáreas para sembrar la cantidad de arroz que se importa, la visión del CNA es muy distinta.

Para los de dicho Consejo, cuya primera reunión del año estuvo presidida por Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios, no es cierto que el país tenga listas para la venta 2 millones de toneladas del grano.

Lo que muestran sus análisis es que para el cierre del 2020 había poco más de 1,1 millones de toneladas de arroz paddy seco “que equivalen a 750.000 toneladas en términos de arroz blanco, el cual, sumado a la producción de la cosecha del primer semestre, abastecerá de forma satisfactoria el mercado”.

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Con ese panorama la recomendación del CNA para los productores nacionales es que acaten las recomendaciones de una siembra ordenada y prudente, pues en caso contrario habrá “consecuencias negativas en la comercialización de la cosecha, como quiera que se afectarán los precios a tal punto que no cubran los costos de producción como sucedió en 2009, 2013 y 2017, generándose multimillonarias pérdidas para el sector”.

Lo que recomiendan es que las siembras anuales de arroz no superen las 520.000 hectáreas, por lo que el límite de las mismas en el primer semestre es de 350.000 hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud.

“En el primer semestre cada zona productora no debe sobrepasar las siguientes hectáreas de siembra: Centro, 71.000. Llanos, 204.000. Bajo Cauca, 44.000. Costa Norte, 13.000. Y Santanderes, 20.000”, según lo estipulado en noviembre pasado.

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Pero para los productores este plan es imposible de cumplir bajo las actuales condiciones del mercado y la crisis económica por la que atraviesa el país por cuenta de la pandemia.

Sostienen que “es muy complicado que los agricultores paren la producción, ya que se tienen obligaciones financieras contraídas desde el pasado, planes de pago, compromisos con el sector financiero, el agrocomercio y la misma industria, los cuales no pueden ser rediferidos ni condonados”.

Eudoro Álvarez, presidente de Dignidad Arrocera, hizo énfasis en la producción del arroz en Colombia es realizada por productores pequeños que cada año siembran en promedio 500.000 hectáreas.

Son más de 16.400 cultivadores del grano y una cadena de valor que mueve la economía de 21 departamentos y 217 municipios del país, razón por la cual reclaman del Gobierno que se les atiendan sus reclamaciones a fin de evitar una crisis.

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Por eso insisten que se tomen medidas drásticas para contener la caída en el precio del arroz. “Defender el precio es defender la producción nacional. También se nos debe reconocer que nosotros pagamos salarios y no son los del mínimo. Estamos defendiendo una producción que no la reemplazan las importaciones”, dijo por su parte Eudoro Álvarez, presidente de Dignidad Arrocera.

Una de las mayores insistencias de los arroceros en los últimos años ha sido para que se revisen los tratados internacionales que tiene el país y que no solo permiten ahora el ingreso de grandes cantidades del grano sino que, en el futuro, se hará con mayor libertad, problema que se suma al cereal que llega a Colombia vía contrabando.

De acuerdo con Roberto Botero, si no se toman medidas inmediatas de parte del Gobierno de Colombia en torno a la revisión de los TLC, cuando finalicen las fechas de los acuerdos suscritos con los países mencionados quedaríamos consumiendo un alto porcentaje de arroz importado, llevando a la quiebra al agricultor colombiano.

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A ese llamado también se unieron los productores agremiados en la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), que le exigió al Gobierno el jueves de esta semana una pronta respuesta a las peticiones hechas de tiempo atrás para mejorar las condiciones de comercialización del arroz en Colombia, entre estas, la revisión del Acuerdo de la Comunidad Andina, el cual es perjudicial e inequitativo para la agricultura colombiana.

Rafael Hernández Lozano, presidente del gremio, recordó el compromiso que el propio presidente Duque asumió en el XXXVII Congreso Nacional Arrocero realizado en diciembre de 2019 en Bogotá, de someter a revisión el acuerdo, luego de asumir la presidencia pro témpore de la CAN, que ocurrió en junio pasado.

“Por solicitud del presidente Duque, Fedearroz, la SAC y otros gremios agropecuarios elaboraron un documento que fue remitido al Gobierno en noviembre pasado como propuesta para iniciar la actuación ante la CAN, con la explicación de las modificaciones que debe tener el acuerdo”, indicó.

No obstante, a la fecha no ha habido respuesta del Ministerio de Comercio Industria y Comercio frente al documento, lo que el dirigente consideró como muy preocupante y perjudicial.

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A juicio de Fedearroz, esa omisión complica todavía más las cosas en el sector arrocero, en medio del clima de preocupación que produjo la publicación de cifras de inventarios muy por encima de las reales.

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