¿Qué le está pasando a la economía española?

Una concentración de variables negativas parece empecinarse contra la economía española. La lista incluye desde el impacto de la invasión rusa a Ucrania hasta la escalada inflacionista por el precio de la electricidad, pasando por el lastre que dejó la pandemia de 2020.

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El conflicto entre Rusia y Ucrania empieza a tener sus efectos en el consumo y en la inversión del sector productivo. Ello debido a la incertidumbre que genera entre los agentes económicos. Los vaivenes en el suministro de materias primas y las turbulencias en los mercados energéticos, además, están repercutiendo negativamente en los precios locales. El impacto ya asoma en la tasa de inflación, que se sitúa por encima del 9%, lo que se traducirá en menor crecimiento económico y en la caída del empleo. Semejante cifra no se veía desde 1985.

Si se calculaba antes del conflicto un crecimiento para este año del 5,6%, las predicciones más conservadoras expresan que no pasará del 4,6%. Al mercado laboral le puede costar cerca de 250.000 puestos de trabajo. La situación no es menos grave para la Unión Europea (UE). El Banco Central Europeo calcula que la eurozona podría llegar a un crecimiento solo del 2,3%, la mitad de lo previsto antes de la guerra.

La espiral inflacionista, generada por el precio creciente de la electricidad, también marca el deterioro de la economía española y afecta su competitividad. Al subir los precios de la energía, que prácticamente se han triplicado, aumentan los costos de producción y los precios quedan por encima de otros competidores. La producción interna, como consecuencia, llega maltrecha a los mercados internacionales.

El alza de los precios energéticos se ha cebado especialmente en la pesca, en el transporte aéreo, en la industria automotriz y, especialmente, en el transporte terrestre. Los transportistas permanecieron durante tres semanas en huelga, lo que produjo el desabastecimiento de muchos productos en los mercados. Finalmente la disolvieron, tras conseguir algunas subvenciones. Se trata, además, de los sectores que resultaron más perjudicados por la pandemia y que podría traducirse ahora en cierres de empresas y, en consecuencia, en pérdidas de empleo.

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No se prevé un cambio significativo en los próximos años. El Banco Central Europeo cree que se presentarán presiones inflacionistas durante 2022 y 2023. Aunque asegura que la tasa de inflación puede llegar a situarse en el 2% para el 2024, muchos son los incrédulos. El gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que la escalada del precio de la energía es un problema grave. Es lo que más preocupa en la actualidad, tanto a él como los ciudadanos.

La situación se asemeja a la que vivió España en los 70, según coinciden los analistas económicos. “Si se consolida la exigencia de mayores subidas salariales y se produce una espiral precios, salarios, el riesgo de que la economía entre en una fase de inflación sin crecimiento –la temida estanflación– aumentará”, apunta la consultora María Jesús Fernández. Pero el Gobierno, a través de su ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, niega esa posibilidad.

Los efectos del coronavirus no terminan para España. La caída del PIB, por la pandemia, fue superior al 10%. Aunque la mayoría de los países de la OCDE ha superado el nivel que tenía a finales de 2019, la recuperación en la península ibérica camina lentamente, pese a los paquetes de ayuda financiados por la Unión Europea. España no llega todavía al producto interior bruto (PIB) de 2019.

Con el objetivo de paliar la actual situación económica, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque, que incluye “rebajas fiscales significativas y bonificaciones en el combustible”, como lo informó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, los ciudadanos han recibido con beneplácito las subvenciones en los combustibles, que notan al tanquear sus vehículos en las gasolineras. De otra parte, el ejecutivo anunció que los jubilados no se verán afectados por la escalada inflacionaria y recibirán sus pensiones con la corrección correspondiente.

El Banco de España acaba de advertir que no se llegará en este año a un crecimiento del 7% como lo asegura el Gobierno. La entidad dice que no pasará del 4,5% y, como van las cosas, apenas superará el 2% en 2023.

Las empresas y ciudadanos saldrán más pobres de esta crisis inesperada. La inflación castiga, de manera dura, el poder adquisitivo de los españoles. Las empresas, por su parte, empiezan a tomar medidas, como reducir materias primas en los productos. En un país amante del aceite de oliva, por ejemplo, los ciudadanos ya detectan menos en las latas de atún, otro favorito de los españoles. “Están subiendo tanto las materias primas que no podemos mantener el precio. En cada lata mantenemos el gramaje de atún, pero hemos reducido la cantidad de aceite”, explicó al diario El País Marta Gutiérrez, directiva de un grupo empresarial de conservas.

Nadie espera, por ahora, una moderación rápida de los precios al consumo. Lo que España vive no sucedía desde hacía cuatro décadas. El proyecto de recuperación económica tras la pandemia recibe ahora un mazazo inflacionista.