El balance que deja el 2021 para la infraestructura del país

En un año complejo para la recuperación de la economía y para la mejoría de la competitividad del país, la infraestructura colombiana alcanzó logros claves, pero también hubo lunares por decisiones y acciones de gestión que siguen frenando los avances que necesita el país tanto en carreteras, contratación y conectividad de las regiones.

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), uno de los temas estratégicos del año fue que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los concesionarios viales y aeroportuarios lograron cerrar acuerdos claves para superar los efectos de la pandemia en la ejecución de los proyectos, destacando que se le evitaron al país múltiples pleitos y tribunales.

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En este proceso, según la agremiación, en un cambio de paradigma la Procuraduría, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, acompañaron a las partes, para garantizar el interés público y el principio de legalidad.

Y como consecuencia de estos acuerdos se logró que los índices de ejecución de las concesiones viales de cuarta generación (vías 4G), cierren el año por encima del 60 por ciento y con una inversión de más de 30 billones de pesos, indicadores que al final del actual gobierno llegarán al 80 por ciento. Las tres concesiones que ya terminaron obras son: Girardot –Honda-Puerto Salgar, Puerta de Hierro-Cruz del Viso y Pacífico 2 (Primavera – Bolombolo – La Pintada).

Además, y luego de un período de incertidumbre frente al abastecimiento futuro de energía, la CCI destaca que el reciente acuerdo de rescate de Hidroituango, mediante el cual la aseguradora Mapfre cubrió el 90 por ciento de la póliza del proyecto, asegura la continuidad de la megaobra y garantiza la seguridad energética del país.

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Pero advierte que los argumentos de la Contraloría en el proceso de responsabilidad fiscal dejan serias dudas acerca de la rigurosidad constitucional y legal en el estudio realizado por esa entidad, dado que no existe gestión fiscal alguna a cargo de los constructores del proyecto y, en consecuencia, no pueden ser calificados como responsables fiscales.

Pero en materia de obras, para la CCI destaca la puesta en marcha “por fin” del Túnel de la Línea y el cruce completo de la cordillera Central, en el que dejan lecciones los tropiezos del proyecto en materia de planeación, duplicación del tiempo de ejecución y quintuplicación del valor de las obras, pero la entrega de la totalidad del proyecto “traerá inmensos beneficios económicos y contribuirá al mejoramiento de la productividad y competitividad del aparato productivo del país”.

A pesar de los avances del 2021, la CCI reiteró que entre las cosas malas y feas del año que termina para la infraestructura sigue siendo preocupante la baja ejecución de los recursos hoy disponibles en las cuentas del Sistema General de Regalías, ya que los 14,4 billones de pesos podría invertirse en buena medida en vías terciarias y secundarias, aspecto que llama a la reflexión entre alcaldes y gobernadores, más aún cuando esos recursos equivalen al recaudo resultante de una reforma tributaria.

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También a juicio de la CCI, resultó un lunar la licitación del viaducto en el kilómetro 58 de la vía al Llano, en el que fueron evidentes las fallas de planeación y contratación, especialmente en materia presupuestal, vale decir, la insuficiencia de los recursos para acometer el proyecto, así como también, el plazo irreal de solo 10 meses, para la entrada en operación de esta obra.

Según el gremio que lidera Juan Martín Caicedo, el gran error del año fue el Plan de Ordenamiento de Bogotá, en el que al amparo de argumentos de una presunta afectación al medioambiente, la alcaldesa, Claudia López, excluyó el tramo Norte de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, lo cual sin duda, pondrá en jaque la competitividad y la productividad de la capital y la región.

Otros aspectos negativos fueron la persistencia de las modalidades fraudulentas para evadir los pliegos tipo y la intención de iniciativas parlamentarias para usar la contratación pública para objetivos particulares, como por ejemplo obligar a las empresas a vincular a personas de grupos poblacionales específicos.

Y a ello se suma la baja ejecución en algunos entes del orden nacional, ya que al corte del 30 de noviembre el sector transporte ha ejecutado solo el 30,3 por ciento del presupuesto asignado para la vigencia 2021, aspecto en el que se rajan el Instituto Nacional de Vías, con un 41,9 por ciento y la Aeronáutica Civil con solo el 38,3 por ciento.