El esquema de tarifas de renta que tendrán que pagar las empresas con la nueva reforma tributaria en Colombia

Con el objetivo de que las empresas sean más competitivas, la nueva reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buscará bajar la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día y que se ubica en 35 por ciento.

Lo que propone el Gobierno es un esquema de tarifas que se ajuste en función de los umbrales y niveles específicos de renta líquida gravable de cada empresa.

La reforma del 2021 acabó con la idea de bajar de manera gradual estas tarifas y la dejó fija y en la del 2022 estaba previsto este artículo pero finalmente quedó por fuera. 

A las grandes compañías, las que tienen una renta líquida de 120.000 unidades de valor tributario (uvt) en adelante lo que para este año supone unos 5.647 millones de pesos, se les irá reduciendo su tarifa de renta de manera gradual de la siguiente manera: un 34 por ciento en el 2025, un 33 por ciento en el 2026, 2027 y 2028 y un 33 por ciento en el 2029.

Las empresas que tengan una renta entre 6.285 y 120.000 UVT, es decir entre 295 y 5.647 millones de pesos, tendrán con una tasa de 34 por ciento en 2025, de 33 por ciento en 2026, de 32 por ciento en el 2027, de 31 por ciento en el 2028 y de 30 por ciento en el 2029.

Y las pequeñas empresas, aquellas con una renta inferior a esos 295 millones de pesos, quedarán con una tarifa permanente de 27 por ciento.

Adicional a este esquema de tarifas, el Gobierno propone un aumento en la tasa mínima de tributación del 15 al 20 por ciento. 

Según el Gobierno, esta propuesta le permitiría al país acercarse al promedio regional de las tarifas nominales de renta de las empresas, pues hoy está entre las más altas junto con Argentina (35 por ciento) y Brasil (34 por ciento).

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que esta reforma busca hacer el sistema más progresivo y justo, garantizando que las empresas contribuyan de manera más equitativa en función de su capacidad económica.

Sin embargo, la reducción gradual de la tarifa general de renta no aplicará a los sectores extractivos de minas e hidrocarburos debido a la “urgencia” de la transición energética hacia una materia de producción descarbonizada.

Estos seguirán manteniendo una tarifa fija de 35 por ciento y además conservarían la sobretasa que hoy ya tienen cuando los precios internacionales suben. 

En concreto, en el caso del sector carbonífero el proyecto de ley propone igualar la tabla de la sobretasa con la del sector petrolero. Esto significa que esta sería de 5, 10 o 15 puntos mientras que antes era de 5 y 10 puntos. 

Además, el decil de inicio (nivel de precios a partir del cual se activa) antes era de 65 y ahora de 45 lo que para Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, es algo negativo porque sería prácticamente como poner una tarifa fija del 50 por ciento. 

Según el Gobierno, la menor carga tributaria sobre las empresas y la sobretasa asl sector carbonífero estimularía el crecimiento en 0,2 puntos adicionales del PIB real en el 2025.

El mayor crecimiento estaría sustentado, principalmente, en un mayor dinamismo de la inversión, que crecería 1,1 puntos más en el 2025, explicado por la expectativa de los menores costos que enfrentarían las empresas.

Adicional a ello, el Ministerio de Hacienda asegura que el aumento de la inversión tendría un impacto favorable sobre la generación de nuevos empleos y la dinámica de los hogares. 

Al establecer unas tarifas específicas para las micro y pequeñas empresas, el Gobierno también propone en la tributaria eliminar el Régimen Simple de Tributación a partir del año gavable 2025.

Según el Ministerio, si bien este régimen fue creado con el objetivo de incrementar la formalidad empresarial ha sido utilizado como un mecanismo para reducir el pago de los impuestos de las personas tanto naturales como jurídicas que ya hacían parte de los regímenes ordinarios.

“La mayoría de los contribuyentes que optaron por este régimen ya eran formales, por lo que su objetivo no ha sido cumplido a cabalidad. Además, al estar basado en los ingresos del contribuyente, no genera incentivos para que esos exijan facturación electrónica a sus proveedores, ni para que emitan nómina electrónica que soporte sus costos o gastos, limitando así el impacto en la formalización de otros actores económicos", sostiene el Gobierno.