El fantasma del neoliberalismo en la política social del Gobierno: Cecilia López

Sin caer en excesivo optimismo, parecería que por fin la Colombia privilegiada empieza a reconocer que, si algo debe cambiar, es la inmensa injusticia social que ha caracterizado por siglos a este país. Es decir, una historia de desarrollo económico excluyente, concentrador de riqueza y beneficios, y que en vez de resolverse se agrava.

Sorprendentemente, las nuevas cifras de pobreza reveladas por el Dane han desatado una importante y oportuna controversia. Aunque la pobreza monetaria bajó 3,1 puntos porcentuales (p. p.), al ubicarse en 36,6 por ciento, el foco de la discusión ha estado en que Colombia supera el promedio latinoamericano de 32,3 %. La pobreza extrema aumentó en el país 0,1 p. p. y en el sector rural, 1,7 p. p. Como si lo anterior no fuera suficientemente grave, el Gini (55,6) ubica a nuestro país “en una categoría de concentración de ingresos que comparte con Namibia, Sudáfrica y Zambia”, como lo destaca Eduardo Lora.

¿Cómo es posible que un país de ingreso medio alto con un manejo de la economía históricamente cuidadoso tenga tanta población viviendo en estos niveles de precariedad?

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Marcela Meléndez describe claramente a Colombia: “En un lado, familias que viven en el exceso, y en el otro, familias con grandes carencias. El foco de atención con mucha frecuencia se pone solo sobre lo segundo –eliminar la pobreza–, mientras que a lo primero se le baja el volumen en la conversación. Pero eliminar la pobreza es imposible sin reducir la desigualdad”. 

Y Mauricio Cárdenas nos adelanta el futuro: “No se podrá volver a gobernar a Colombia sin poner la desigualdad y la injusticia en el centro de la agenda. Ese país bastante ignorado y sin una adecuada participación política, que ahora se siente escuchado y representado, ya no aceptará ser excluido”.

Otra pregunta que trata de describir esta situación es la siguiente: ¿por qué en Colombia la relación positiva entre crecimiento económico y bienestar de su población solo es una realidad para unos pocos? Porque a los pobres deben agregarse los vulnerables, aquellos que escasamente superan la línea de pobreza (30 %), lo que lleva a que dos tercios de la población sean parte de la Colombia rezagada. Todos somos culpables: gobiernos, sector privado y sociedad en general, porque hemos aceptado que el tipo de crecimiento económico y la política social no sean capaces de abordar este inmenso reto. Pero como estamos en el gobierno del cambio muchos creímos que había llegado el momento.

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Para no perder la esperanza es hora de mirar objetivamente este tema y rogar que se acepten a tiempo sugerencias cuyo único propósito es no perder la gran oportunidad que el país tiene para avanzar realmente en la justicia social. Tan importante como lo anterior es poder responder con éxito a la desaceleración económica, porque es imposible dinamizar una economía cuando la inmensa mayoría de los colombianos luchan por salir de la pobreza o para no volver a caer en ella, como es el caso de los vulnerables.

El objetivo del desarrollo económico en un país debe ser lograr que la mayoría de su población pertenezca a la clase media. Estamos muy lejos de esa meta: 30 % en el mejor de los casos. Este debe ser el propósito común de la política económica, de las estrategias sociales y aun de las políticas sectoriales que sí tienen un claro contenido de equidad.

Bajo esos criterios es importante analizar lo que plantea el actual gobierno para no perder lo que puede ser un gran momento de quiebre. Al analizar las estrategias sociales planteadas y su actual ejecución, se observa que es una estrategia segmentada y además con un gran componente de la política social claramente neoliberal.

¿Por qué segmentada? Lo más evidente es que para los pobres son solo subsidios, subsidios y más subsidios ejecutados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la institución con cerca de 10 billones de presupuesto y con 86,8 por ciento de sus proyectos dirigidos a transferencias monetarias. Es decir, el DPS es hoy simplemente una entidad pagadora de subsidios.

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Para los sectores con algún grado de actividad productiva donde deberían ubicarse los vulnerables y aquellos cerca de la línea de pobreza hay una estrategia que en el Plan de Desarrollo se denomina economía popular. Pero la mayor segmentación consiste en que en esta política no se menciona la economía formal, hoy integrada a mercados nacionales e internacionales. Es como si no existiera.

No obstante las falencias señaladas, debe reconocerse que el propósito del gobierno Petro de centrar acciones en la economía popular es una luz de esperanza que debería incidir sobre el modelo de crecimiento del país y sobre todo en la política social. Precisamente por valorar su importancia es necesario señalar elementos que requieren otra mirada.

Si bien se plantea en el Plan de Desarrollo como una política transversal, lo cual es positivo, de nuevo uno de sus mayores componentes es la Renta Ciudadana, que sigue siendo una transferencia monetaria. Es decir, subsidios no solo para pobres y pobres extremos, sino también para vulnerables, lo que equivale a dos tercios de la población colombiana. ¿No es esta una estrategia neoliberal?

Por consiguiente, debe anotarse que resulta realmente paradójico que en un gobierno en el cual flota en todas sus oficinas el fantasma del neoliberalismo para estigmatizar a la tecnocracia, su política social tenga claros componentes de la estrategia neoliberal llevada al extremo: subsidios, subsidios y más subsidios.

Además, hoy hay una dura crítica sobre las transferencias condicionadas porque, aunque redujeron la pobreza, no lo hicieron de manera significativa, y crearon la categoría de vulnerables no solo en Colombia, sino en América Latina. Es decir, no lograron que esta población que superó la línea de pobreza ingresara a la clase media. Estos sistemas nunca graduaron a la población receptora de estas ayudas, convirtiéndose en trampas de pobreza. Entre otras, porque no incluyeron, como se sugirió, componentes productivos.

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Después de 30 años ya deberían verse cambios importantes en las nuevas generaciones que recibieron más educación y mejor atención en salud. Pero los niveles de pobreza siguen altos y la informalidad, lejos de reducirse, se mantiene, cuando no aumenta.

José Antonio Ocampo mencionó una debilidad de las transferencias: aumentaron la demanda de salud y educación de los pobres, pero la oferta de estos servicios no mejoró. Y un tema que se sigue eludiendo: el impacto sobre mujeres pobres al reforzar su papel de cuidadores, al que se agrega la no suficientemente explorada relación entre transferencias e informalidad laboral.

Nadie niega que los apoyos en dinero se necesitan, pero no pueden ignorarse las falencias que contribuyeron en algún grado a la nula movilidad social en Colombia durante este siglo.

Con respecto a la economía popular, no puede ser solo una política de pobres, para los pobres y con los pobres. La necesidad de vincularla al resto de sectores productivos es la forma de lograr lo que debe ser la meta: una clase media mayoritaria que le permita al país enfrentar exitosamente los ciclos económicos y lograr esa movilidad social que dejó de ser una motivación para la mayoría de los colombianos.

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Los guetos son inaceptables y, de hecho, hoy existen dada esta vergonzosa desigualdad. Por consiguiente, lejos de fortalecer esas exclusiones es necesario integrar los sectores de mayores ingresos por medio de estrategias gubernamentales. Aislar a los ricos –para usar el lenguaje de moda– es un desastre y lo que realmente toca es diseñar la forma eficiente de incorporarlos a los proyectos del Estado, para bien de quienes no han tenido esas oportunidades.

Una vez consolidado el marco conceptual de la política social con ajustes, debería venir la coordinación institucional que no se vislumbra y que puede ser el principio del fin de una estrategia que debería ser exitosa. Solo para empezar, se debe recordar que la inclusión social no puede limitarse a un ministerio ni al DPS.

Por fortuna parecería que su planteamiento teórico de alguna manera lo reconoce. Pero en la práctica no se evidencia la claridad que se requiere. Ojalá se escuchen opiniones de manera que no se pierda esta oportunidad donde voces independientes y Gobierno podrían coincidir si existe la generosidad que demanda este cambio que todo el país requiere, pero en particular para esa mayoría que ha dejado de ser silenciosa.

CECILIA LÓPEZ

Para EL TIEMPO

(*) Presidente CiSoe, exministra de Agricultura y Medio Ambiente, exdirectora del DPS y exsenadora de la República.