Por qué a Minhacienda no le gusta eliminación de 4x1.000

El Ministerio de Hacienda expresó su oposición y pidió archivar al proyecto de ley sobre la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, conocido como el 4x1.000, una iniciativa que lidera la representante por Bogotá Katherine Miranda y que ya fue aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes. 

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“Lo propuesto suscitaría un impacto fiscal negativo en las finanzas de la Nación, en la medida que este no incorpora fuentes suficientes que compensen la pérdida estimada de recaudo asociada a la eliminación de este impuesto”, dice en una carta firmada por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano.

Hay que recordar que esta iniciativa prevé una reducción progresiva del gravamen a los movimientos financieros (GMF). En concreto, se plantea reducir un punto porcentual al año desde el 2023, pasando la tarifa al 3 X 1.000 en ese año, al 2 X 1.000 en el año 2024, al 1 X 1.000 en el 2025 y deje de existir en el 2026.

Según el Ministerio de Hacienda el impacto fiscal anual de esta medida sería cercano a 7,4 billones de pesos, lo que representa alrededor del 0,7 por ciento del PIB.

“El escenario fiscal derivado de la aprobación de la Ley de Inversión Social no contempla reformas tributarias adicionales. De tal modo que la reducción de este impuesto sería contrario al consenso nacional de expandir la inversión social sobre bases financieras sólidas, lo cual implica reducir el déficit fiscal del Gobierno, de forma gradual y progresiva, a partir de 2022”, se puede leer en el concepto.

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Adicional a ello, el proyecto de ley también busca establecer un impuesto a los salarios altos a partir del 2023. Sobre este asunto, la cartera de Hacienda asegura que la medida también afectaría la estructura tributaria nacional y el recaudo de ingresos fiscal.

Según sus cálculos, el impuesto a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a 25 millones de pesos, con tarifas escalonadas entre 1 y 5 por ciento, generaría un recaudo promedio de 1,4 billones de pesos por año, entre 2023 y 2032.

Adicionalmente, el artículo 13 del proyecto que lidera la representante Katherine Miranda contempla a partir del 2026 derogar el artículo 86 de la Ley 2010 de 2019, por el cual se permite descontar del impuesto de renta el 50 por ciento del ICA. En este caso, el recaudo adicional sería de 0,7 billones de pesos en promedio por año para el periodo 2023-2032.

Para el Ministerio de Hacienda, esta medida generaría impactos negativos sobre el empresariado colombiano pues la carga efectiva de tributación de las empresas aumentaría.

En total, el Ministerio de Hacienda calcula que el impacto fiscal neto de las propuestas anteriormente referidas asciende a 5,3 billones de pesos anuales (alrededor de 0,5 por ciento del PIB).

“Este monto equivale cerca de la mitad del recaudo promedio estimado con la Ley de Inversión Social (0,9 por ciento del PIB). En este sentido, lo propuesto pondría nuevamente en riesgo la senda de estabilización de las finanzas públicas”, destaca el Ministerio en la carta.

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