A raíz de las protestas que se presentaron en la noche del lunes en Bogotá por las multas que se están proponiendo a quienes usen plataformas de transporte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le salió al paso a esta polémica y dijo que aún no hay nada definido al respecto.
"Es un borrador, estamos construyendo un consenso. Hemos venido trabajando desde noviembre en una reforma necesaria, desde hace muchos años en Colombia, al régimen sancionatorio del sistema de transporte", aseguró.
Además, manifestó que mañana miércoles se abrirá un espacio de dialogo con los representantes de las plataformas para "construir un consenso. Queremos escuchar qué posición tienen frente al proyecto, qué propuestas tienen y esperamos, a raíz de esa reunión, presentarle al país cuál es el camino que sigue".
El Gobierno respeta el derecho a la protesta social, pero no aceptamos paros y bloqueos como mecanismo para dialogar
El ministro de Transporte también indicó que, por orden del presidente Gustavo Petro, no se presentará al Congreso de la República ningún proyecto de ley que no tenga un previo consenso con la ciudadanía.
Igualmente, está abierto a la posibilidad de que la regulación a las plataformas de transporte se pueda tramitar en un proyecto de ley diferente. "El Gobierno respeta el derecho a la protesta social, pero no aceptamos paros y bloqueos como mecanismo para dialogar", afirmó el ministro Guillermo Reyes.
También fue enfático en asegurar que no es cierto que se quieran acabar las plataformas de transporte en el país sino, por el contrario, se busca que entren a prestar formalmente el servicio.
"La ilegalidad y la informalidad se combate de dos maneras: llevándolos a la formalización, y si no aceptan ingresar a ese proceso, habrá que sancionar", agregó.
El ministro también manifestó que se revisará la multa que se está planteando para los s de las plataformas de transporte, ya que "no se les puede sancionar porque ellos acogen un servicio que entienden que el Estado ha venido permitiendo desde hace mucho tiempo".
El borrador el proyecto de ley indica que habría sanciones con multa de 10,6 millones de pesos, equivalente a 250 Unidades de Valor Tributario (UVT) por contratar el servicio de transporte a través de plataformas.