Multa de $ 3.800 millones a cartel de subastas de la Central de Inversiones

Seis empresas y 10 personas naturales que, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) habían conformado un cartel cartel para defraudar la libre competencia, a través de subastas públicas adelantadas por la Central de Inversiones S.A. (CISA) para la venta de diferentes bienes, tendrán que pagar una multa de 3.800 millones de pesos. No obstante, contra dicha decisión procede recurso de reposición ante el SIC.

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Las empresas a las que se les comprobó esa alianza ilegal son Transportes Especiales F.S.G. S.A.S. (FSG), HDL Logística S.A.S. (HDL), Jairo Alfonso Acuña Beltrán, Gabriel Roberto Cetina Castro y Yenny Johan Pérez López.

"Además, se sancionó a FSG por haber adelantado una conducta anticompetitiva a través de su representante legal, Fernando Suárez González, quien de manera ilegítima accedió a información privilegiada y confidencial de los procesos de subasta, obteniendo una ventaja competitiva sobre los demás proponentes", precisó el ente de vigilancia y control.

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Entre las personas naturales a quienes también se les comprobó esas actuaciones ilegales se encuentran Luis Alejandro Mondragón Marroquín, Luz Marina Jiménez Martín y Gloria Inés Cano Rojas, quienes según la SIC están vinculadas directa o indirectamente con CISA y "suministraron información reservada y confidencial sobre los procesos de subasta, colaborando y facilitando los acuerdos y conductas anticompetitivas. En el mismo sentido, se sancionó a dos (2) personas naturales más vinculadas a las empresas, por haber ejecutado las conductas anticompetitivas".

Según la Superindustria, en sus indagaciones se encontró información sobre la posible existencia de conductas anticompetitivas por parte de personas que participaban en los procesos de contratación adelantados por CISA, y se determinó una presunta violación al régimen de libre competencia económica por parte de diferentes empresas, en una serie de procesos de subasta de bienes muebles adelantados por CISA entre el 2016 y el 2018, garantizando así la adjudicación de los bienes al menor valor posible.

"Estos acuerdos fueron posibles, en la medida en que Fernando Suárez González, representante legal de FSG, obtuvo información privilegiada por parte de funcionarios vinculados directa o indirectamente a CISA, lo que le permitió ponerse en o con sus competidores y coordinar su participación en los diferentes procesos de subasta", señala la SIC.

Agregó el ente de control y vigilancia que: "se encontró suficiente material probatorio que dio cuenta que Fernando Suárez González, representante legal de FSG, recibió información a la que no tuvieron otros oferentes, de parte de algunos funcionarios vinculados directa o indirectamente a CISA", lo que una violación independiente a las normas de libre competencia.

Ante esos hechos comprobados, la Superindustria advirtió que los procesos de selección en la modalidad de subasta adelantados por CISA se encuentran expuestos a un alto riesgo de colusión, por lo que alertó a dicha entidad, con el fin de que se preste mayor atención al comportamiento de sus funcionarios y los proponentes en sus procesos.

El Tiempo