Estos son los bloques claves para navegar el Plan de Desarrollo de Petro

A más tardar el próximo 7 de mayo los colombianos podrán saber con certeza si la estrategia que se ha trazado el gobierno de Gustavo Petro para su cuatrienio, y con la cual espera convertir a Colombia en ‘Potencia mundial de la vida’, cuenta con el aval del Congreso de la República para su ejecución.

Su propuesta, presentada ante el Legislativo y al país en general el lunes de la semana que termina, demandará inversiones de más de 1.154,8 billones de pesos y la mayoría de estos irán con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Los cinco ejes de la transformación que requiere el país, según el Gobierno, están contenidos y esbozados en un proyecto de 300 artículos cuya discusión y análisis está por comenzar.

Como un aporte a sus lectores, EL TIEMPO entrega en esta edición de domingo una guía práctica de los temas fundamentales contenidos en dicho proyecto, cuyo articulado pueden consultar, además, en nuestra página de internet.

En esta nota periodística encontrará un resumen sobre esos cinco ejes de transformación.

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El primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, aspecto clave en los planes para garantizar el derecho a la alimentación de la población.

En segundo lugar, la seguridad humana y la justicia social, que busca la transformación de la política social, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social.

El tercer eje fundamental del proyecto está centrado en el derecho a la alimentación, con el cual se busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Este se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, y adecuación de alimentos.

La transformación productiva, internacionalización y acción climática es el cuarto eje y apunta a la diversificación de las actividades productivas para que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos.

El quinto eje se refiere a las necesidades de atención y reducción de las brechas sociales y económicas, en lo que se ha llamado la ‘Convergencia regional’. El propósito de este eje es avanzar garantizando adecuado a oportunidades, bienes y servicios. “Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios”, señala el Plan.

El primer capítulo del plan tiene que ver con los proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz y la implementación del acuerdo de paz suscrito con la antigua guerrilla de las Farc y que están contenidas en el Plan Plurianual de Inversiones.

En el artículo octavo se dispone que el Departamento istrativo para la Presidencia de la República definirá las responsabilidades que las entidades del orden nacional tendrán para cumplir con el informe final que la Comisión de la Verdad, entre las cuales están, por ejemplo, avanzar en acciones para desmantelar a los grupos armados y fortalecer la istración de justicia para superar la impunidad.

En el artículo noveno se permite modificar los acuerdos sobre sustitución de cultivos de uso ilícito que se hayan celebrado con las comunidades, garantizando “las estrategias de reconversión económica, preferentemente de carácter colectivo con enfoque territorial”. En el artículo décimo se dispone la apropiación de recursos para el cumplimiento y el cierre de los compromisos adquiridos con los pueblos y las familias indígenas que se vincularon al Programa de cultivos de uso ilícito.

Ese artículo señala que la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola “se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y las estructuras de gobierno propio indígena”.

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De otro lado, se precisa que el régimen del Fondo Colombia en Paz, sobre los actos, actuaciones, contratos y istración de los recursos “será de derecho privado”. También se incluye en el artículo 12 la creación de un mecanismo no judicial para la contribución de la verdad y la memoria histórica que tendrá como fin sistematizar la “información que surja de los acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar”.

El artículo 13 dispone que la Agencia de Renovación del Territorio estará adscrita al Ministerio de la Igualdad y el 15 crea una ‘Asignación para la paz’ que destinará recursos para la implementación del acuerdo y que financiará proyectos de inversión y de las víctimas mediante convocatoria pública con determinados criterios.

En el capítulo II del Plan se plantean artículos relacionados contra la protección del medioambiente, el agua y adecuación de tierras. De esta manera, se propone en el Artículo 17 crear el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (aunque ya existe y se busca potenciar) con el objetivo de mitigar ese fenómeno. Estará conformado por Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Procurador General de la Nación.

Entre tanto, en el artículo 18 se busca que la unidad istrativa especial de Parques Nacionales Naturales podrá autorizar la realización de adecuaciones o mejoras sobre las edificaciones existentes dentro de las áreas de su competencia, que estén asociadas al uso dotacional comunitario o vivienda rural de población vulnerable.

Adicionalmente, el plan indica en el Artículo 21 que para la elaboración de planes de ordenamiento territorial los municipios deberán seguir diferentes niveles de prevalencia. Por ejemplo, se deberán tener en cuenta factores relacionados con la conversación y la protección del ambiente y ecosistemas; establecer políticas sobre conservación y preservación de las áreas consideradas como patrimonio cultural; e identificar proyectos turísticos especiales, entre otros niveles.

En el Artículo 22, por su parte, el Ejecutivo propone establecer consejos territoriales del agua en las regiones y territorios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo de esta propuesta es “fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio entorno al agua buscando la consolidación de territorios funcionales con enfoque de adaptabilidad al cambio climático”. El Ministerio de Ambiente será el encargado de reglamentar la conformación, funcionamiento y articulación de estos encuentros.

Por otra parte, el Gobierno Nacional plantea que los organismos ejecutores públicos o la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a través del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (Fonat), podrán financiar obras de adecuación de tierras en los distritos entregados en propiedad a las asociaciones de s (Artículo 24).

Entre tanto, el documento propone que el Ministerio de Ambiente, para el manejo y istración de las reservas forestales y los baldíos de la nación, podrá suscribir con organizaciones campesinas y familias campesinas concesiones hasta por treinta (30) años renovables. El objetivo, dice el Gobierno, es controlar la deforestación, la degradación de ecosistemas naturales y promover el desarrollo de actividades de restauración (Artículo 41).

Uno de los principales rasgos del ADN del Gobierno quedó plasmado en este capítulo de la carta de navegación planteada para los cuatro años del mandato de Gustavo Petro, ya que en este apartado uno de los protagonistas es la llamada economía popular.

Y el presupuesto destinado para este capítulo durante cuatro año es de 743,7 billones de pesos, más de la mitad de los recursos totales del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En el artículo 58 se plantea la creación del Consejo Nacional de Economía Popular, un organismo asesor y consultivo del Gobierno, y que quedaría reglamentado a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y cuya tarea central será la formulación de las líneas de la política pública para la economía popular y de coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para ello.

Al mismo tiempo, más adelante, y con el objetivo de tener una mejor trazabilidad de la economía popular, el artículo 72 del PND señala que el Dane deberá diseñar un sistema de información enfocado en esta. Además, se establece en el artículo 77 que el Dane realizará el Censo Económico en 2024, y que deberán quedar incorporadas las unidades de economía popular.

También, en el artículo 76, señala que para la contratación estatal exista un factor de asignación de puntaje “que fomente la ejecución de los contratos por parte de población sujeto de especial protección constitucional, como el campesinado, pequeños productores locales, o personas de la economía popular; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”. Para ello, se propone el diseño de alianzas público- populares (artículo 82), y se enfocará en el desarrollo y mejoramiento de proyectos de infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, entre otros.

Asimismo, el artículo 70 propone la creación de instrumentos para la inclusión financiera y crediticia de la economía popular. Y como complemento, otras acciones claves del PND son una renta ciudadana y un esquema de protección al cesante y seguridad social. Por ejemplo, el artículo 52 del proyecto de ley proyecta la creación de un programa de renta ciudadana, con el que se busca “armonizar” los programas de transferencias a cargo del Departamento istrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Igualmente, otro punto clave está en el artículo 125, que es polémico porque tiene que ver con el sistema de salud, y señala que la a de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realizará el giro directo de los recursos a las instituciones y entidades que presten estos servicios.

Una de las grandes apuestas del Gobierno para su cuatrienio es asegurar la transición energética y que el país entre en una senda en el que el uso de energías limpias sea el denominador común en todos los procesos productivos. Así quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se señala que lo que se busca con esto, entre otros objetivos, es “dejar atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza”.

En ese propósito se invertirán unos 114,4 billones de pesos a lo largo de este periodo que termina en el 2026. Los frentes y aspectos puntuales que se trabajarán hacen parte del Capítulo IV de la carta de navegación que fue presentada para su discusión ante Congreso de la República el martes de esta semana y abarca desde el artículo 180 hasta el 217 de dicho documento.

Un recorrido por esos 37 artículos deja ver aspectos fundamentales en los que trabajará el Gobierno para lograr esa transformación productiva de la economía del país.

Por ejemplo, en el artículo 184 se delega en el Ministerio de Minas y el Servicio Geológico Colombiano la estructuración del Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, el cual se encargará de proveer toda la información necesaria en materia de suelos, agua, riesgos geológicos y recursos minerales estratégicos para la transición energética, la industrialización, la seguridad alimentaria y la infraestructura pública.

En ese mismo capítulo se le pone fin a la minería a gran escala a cielo abierto para la extracción de carbón, así como al uso de leña, carbón y residuos por energéticos de transición para la cocción de alimentos. También se establecen los mecanismos de financiación para adelantar obras de infraestructura de transporte, en especial los que desarrollen distintos entes territoriales.

Otro de los aspectos que aborda el Plan en su cuarto capítulo tiene que ver con la economía productiva. En su artículo 210, ratifica la defensa comercial del país a través de “una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, como mecanismos de protección a la producción nacional originadas en “prácticas desleales y maniobras contrarias al libre comercio internacional, la soberanía alimentaria y el adecuado funcionamiento del mercado”. Además, podrá adoptar medidas de carácter recíproco frente a las que adopte un Gobierno extranjero por razones seguridad nacional.

Dicho capítulo lo cierra la modificación del artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, relacionado con las sociedades por acciones simplificada (SAS). De aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo, las S.A.S. quedarían autorizadas para emitir valores, los cuales se podrán inscribir en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y negociarse en bolsas de valores, en los términos y condiciones que determine el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El PND se materializa en cinco “ejes de transformación” definidos en el Artículo 3, uno de esos ejes es el ‘Derecho humano a la alimentación’, que según el texto “busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, y adecuación de alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana”.

En el título II ‘Plan de inversiones y presupuestos plurianuales’, para este programa se destina una inversión de 46,1 billones de pesos y contaría con varios mecanismos para su ejecución.

Uno de ellos, mediante la creación del sistema de transferencias (Artículo 51) que estará bajo la coordinación del Departamento istrativo para la Prosperidad Social “como el conjunto de políticas, programas, planes, proyectos y actores, orientados a la entrega de transferencias monetarias y transferencias en especie”.

Para su ejecución, en el capítulo III, ‘Seguridad humana y justicia social’, mediante el Artículo 53 se crea la transferencia en especie ‘hambre cero’, “para garantizar el derecho a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con enfoque de derechos y con participación de las economías popular y comunitarias, y la agricultura campesina, familiar y comunitaria”.

Además, en el capítulo IV, ‘Derecho humano a la alimentación’, en el Artículo 172 se crea el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición —SNSM— liderado y istrado por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, “como mecanismo de identificación, focalización, seguimiento y monitoreo de la situación de malnutrición de las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias”, que utilizará como instrumento de análisis el Registro Social istrado por el Departamento Nacional de Planeación. Allí se integrarán las fuentes de información de las entidades que cuenten con datos sobre malnutrición y beneficiarios.

En el capítulo VI del Plan, con el que se busca reducir las brechas sociales y económicas en el país, mejorando el a oportunidades, bienes y servicios, se sientan varias líneas en temas de transporte, subsidios y vivienda.

En el artículo 220 se establece que los subsidios para energía eléctrica y gas combustible se prorroguen como máximo, hasta el 30 de junio del 2027.

Ese artículo tiene unos parámetros que abrirían la puerta para que los subsidios sean otorgados no solo por estar en un estrato que tenga estos beneficios, sino que se cruzará con información socioeconómica de los s para establecer si lo necesitan.

“Para otorgar subsidios de energía eléctrica, gas, combustible, acueducto, alcantarillado y aseo a los s de menores ingresos, se implementarán medidas que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los s como parámetro de focalización del subsidio”, dice el primer parágrafo.

Para realizar este proceso, se establece que se definirá “un periodo de transición y una diferenciación por tipos de municipios para la aplicación de dichas medidas y sentar las bases para ajustar la focalización de los subsidios con la metodología que considere la capacidad de pago de las personas y que, para el efecto, defina el Gobierno nacional”.

También habría un cambio en cuanto a la vivienda de interés social, cuyo valor no debe exceder los 3.552 UVT, pues se plantea en el artículo 238, que se podrá establecer excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por 3.947 UVT, cuando se den ciertas condiciones.

Entre estas se encuentran que el valor puede incrementar cuando incorporen criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos establecidos, o se encuentren ubicadas en áreas consolidadas de la ciudad, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón (1.000.000) de habitantes y existan presiones en el valor del suelo.

Y en temas de transporte, entre otras cosas, se establece en el artículo 183, que se podrán crear ‘autoridades regionales de transportes’ a través de un convenio interistrativo, que son entidades que se pueden conformar entre entidades territoriales, para planear y gestionar proyectos de transporte público cofinanciados por el Gobierno.

En este capítulo, en el que se plantea cerrar la ‘brecha’ social en el país, se incluyó específicamente a la Costa Pacífica, en el artículo 234, en que se recogen las necesidades contempladas en 179 puntos de un acuerdo que se pactó tras los paros cívicos en el puerto de Buenaventura y se establece que se diseñará e implementará una hoja de ruta que priorice proyectos estratégicos y sus asignaciones presupuestales, no solo para esta región sino los otros departamentos de esta costa.