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'El Gobierno está resignado a perder el grado de inversión’: Cárdenas

El exministro de Hacienda dice que el Marco Fiscal de Mediano Plazo no da un mensaje de austeridad.

El exministro Mauricio Cárdenas dice que la reducción de la jornada laboral, que aprobó el Congreso, es señal de la crisis política que se vive. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

SUBEDITORA20.06.2021 21:15 Actualizado: 22.06.2021 10:23

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Los altos niveles de deuda y gasto público proyectados por el Ministerio de Hacienda en el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ (MFMP) son para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas una mala señal para las calificadoras que tienen los ojos puestos en Colombia después de que Standard & Poor’s (S&P) nos quitara el grado de inversión.

El economista habló con EL TIEMPO sobre los malos mensajes que deja este documento, la necesidad de crear nuevos liderazgos en medio del estallido social y las medidas populistas que no hacen más que agravar la situación.

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¿Qué efecto puede tener el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ sobre la calificación crediticia de Colombia?

Es difícil anticiparlo, pero a juzgar por este no se puede descartar que Fitch Ratings tome la decisión de quitarle el grado de inversión a Colombia, como ya lo hizo S&P.

Como la calificadora evaluará la situación del país en el transcurso del próximo mes, tomará decisiones basadas en este documento y sin saber con exactitud cuál va a ser el tamaño de la reforma tributaria y del presupuesto para 2022.

¿Qué elementos del documento le preocupan?

Que la deuda bruta proyectada se mantenga cercana al 69 por ciento del PIB para 2023 y 2024 y que en los próximos 10 años no baje de 60 por ciento. Hay que recordar que en 2018 estaba en niveles de 49 por ciento del PIB.

También llama la atención que el gasto del Gobierno se mantendrá muy alto. Durante la década pasada, estuvo por el orden de 19 por ciento del PIB. En 2021, llegará a un récord de casi 25 por ciento del PIB y en 2022 estará en 23,2 por ciento del PIB. Esto quiere decir que no se va a hacer un esfuerzo de austeridad.

Además, el gasto de funcionamiento aumentaría en 2022 a 17 por ciento del PIB. Es ir contracorriente frente a las necesidades de las calificadoras.

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¿Y a estas alturas se puede hacer algo para remediarlo?

Se está esbozando un pésimo mensaje, no se ve el esfuerzo de ajuste para 2022. Pero el Gobierno todavía tiene tiempo de aquí a la presentación del presupuesto en julio para bajarlo.

De lo contrario, serían 2 de 3 calificadoras las que quitarían el grado de inversión y ello puede propiciar movimientos en los flujos de capitales y en la tasa de cambio, que no se han visto hasta ahora. Además, este año podrían salir más capitales de los que están previstos y, en ese caso, se podría dar una mayor devaluación.

Adicional a ello, hay noticias de que van a aprobarse en los próximos meses unos proyectos de infraestructura con vigencias futuras. Eso se lee a futuro como más obligaciones fiscales y genera problemas de sostenibilidad a las finanzas públicas.

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¿El 20 de julio todavía no es tarde?

Sí, lo que pasa es que es el único momento en que se pueden radicar los proyectos de ley cuando empiecen las sesiones en el Congreso.

Mejor dicho, al documento le faltó una dosis de ambición. A ratos pienso que es un marco fiscal resignado a que Colombia pierda el grado de inversión y lo que debe hacer es luchar contra ello.

¿Entonces se puede decir que el Gobierno está resignado a que va a perder el grado de inversión?

Es una lectura que uno puede hacer del marco fiscal de mediano plazo. No se hace todo el esfuerzo para evitar que Fitch y Moody’s tomen esa decisión. Al contrario, ese gasto público tan alto preocupa y, en adelante, con esa deuda por encima de 60 por ciento del PIB, no lo recuperaríamos en los siguientes 10 años.

¿La proyección del barril de petróleo Brent a 63 dólares podría ayudar?

Sí, hay que aprovechar los precios del petróleo para hacer el ajuste necesario.

¿Cuánto debería recaudar la tributaria? ¿Los empresarios y las personas que más tienen deberían aportar más?

Se estima que la reforma daría 1,2 por ciento del PIB, que son más o menos 13 billones de pesos. El Gobierno debería ir un poco más lejos e ir por 1,4 por ciento del PIB.

Yo mantendría la tarifa del impuesto de renta a las personas jurídicas en 33 por ciento y eliminaría ese descuento del ICA.

Por el lado de las personas, entiendo que el Gobierno está renuente al impuesto a la riqueza y creo que hay que insistir en mantenerlo. Lo mismo que subir el impuesto a los dividendos.

¿Qué enseñanzas nos dejó la caída de la reforma tributaria?

Que la clase media colombiana es muy distinta a la de los países avanzados. El error de cálculo político fue pensar que este grupo podía absorber una carga tributaria adicional a través del IVA o de la renta. Estas personas se vieron muy afectadas por el covid-19 y más de 2 millones cayeron a la condición de pobreza.

Aparte de la pandemia y del estallido social, habla de una crisis de gobernabilidad. ¿Es necesario renovar la política para poder continuar?

Sí, la política colombiana está en crisis y hay que renovarla. Es increíble que en medio de una situación tan crítica como la que estamos viendo no haya diálogo porque los líderes están demasiado obsesionados con el pasado. La polarización nos ha impedido tomar decisiones a tiempo para contener la crisis.

El Estado no tiene la capacidad fiscal para atender los problemas de pobreza o desempleo que hay en este momento. Se necesita crear unos consensos mínimos para resolver los problemas.

Además, la falta de gobernabilidad también refleja que hay regiones donde el Estado no tiene presencia e impera la ilegalidad. Sin embargo, hay demasiados egos en la discusión política. Hay que dejar el individualismo y ponerse de acuerdo.

¿Y usted estaría dispuesto a dar la carrera presidencial?

Yo estoy dispuesto a contribuir, a construir esos consensos desde donde sea porque estoy muy preocupado por la situación del país y veo que los líderes políticos no están a la altura de las necesidades de Colombia.

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¿Qué le parece la reducción de la jornada laboral?

Es una señal adicional de la crisis política que vive el país. Hay una carrera por el populismo, por ver quién gana más aplausos en el corto plazo sin pensar en las consecuencias futuras.

Para los empresarios va a ser más difícil contratar a los trabajadores, que es lo que necesitamos en este momento. Este tipo de decisiones al final agravan el problema laboral. Estamos retrocediendo.

¿Y la idea de imprimir dinero?

Ese el mejor ejemplo de las medidas populistas. No resuelven nada hoy y nos generan más problemas a futuro. La gente recibe un billete y piensa que le está mejorando su nivel de vida. Sin embargo, este es un alivio pasajero que acaba generando otro problema, el de la inflación.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción de Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig