Una reactivación incompleta / Análisis de Ricardo Ávila

Los niños lo entienden desde temprana edad: cuando una pelota golpea el piso, la intensidad del rebote depende de la magnitud de la caída. Esa misma propiedad física aplica en el caso de la economía, motivo por el cual hay que tomar con un grano de sal el reporte que entregó el Dane el viernes, cuando informó que el crecimiento había sido cercano al 29 por ciento en abril.

La cifra récord es consecuencia, en buena parte, de que la base de comparación resultó ser el cuarto mes de 2020, durante el cual se impuso la cuarentena más estricta de todas al comienzo de la pandemia. Como lo confirmaron los datos, en ese momento la producción nacional se desplomó en más de una quinta parte.

De ahí que los especialistas hablen de un “arrastre estadístico” que se seguirá notando en las mediciones que vienen, hasta que el parangón deje de incluir el profundo bache del año pasado. Hecha la aclaración, no hay duda de que existe un proceso de reactivación en marcha.

El acumulado en el primer tercio de 2021 muestra una expansión de 6,9 por ciento, que les da la razón a diferentes entidades que vienen aumentando sus apuestas sobre la dinámica de la economía colombiana. Aunque esa es la norma en América Latina, gracias al alza en los precios de los bienes primarios que exporta, en lo que atañe al país las mejores previsiones son notorias.

El turno más reciente le correspondió a Fedesarrollo, que habló de una tasa anual de 7,2 por ciento. De cumplirse el pronóstico, en diciembre próximo, el valor real del producto interno bruto estaría muy cerca del registrado en 2019, antes de que comenzara la emergencia sanitaria. Cuando se tiene en cuenta que la Cepal afirma que el retorno de la región, como un todo, al punto de partida solo sucederá hasta 2024, cierta satisfacción está justificada.

Incluso las cuantiosas pérdidas que dejaron los paros y bloqueos que golpearon múltiples actividades y negocios en mayo no alcanzarían a dañar el repunte. Aquí también jugará el ‘efecto base’, pues la parálisis de un año atrás servirá para disimular lo ocurrido.

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Hacia adelante, el optimismo está de vuelta. En la medida en que la normalidad sea la constante en el futuro cercano y las afectaciones serias a la movilidad desaparezcan, tanto las previsiones sobre el consumo de los hogares como respecto al gasto gubernamental hacen pensar en un buen segundo semestre.

Así se observa en las encuestas hechas entre comerciantes e industriales que muestran muy buenas expectativas para la última mitad del año. Con la reapertura en marcha y la esperanza de que la vacunación empiece a notarse pronto sobre contagios y fallecimientos atribuibles al covid-19, el ritmo de las actividades debería mejorar. “La economía tiene mucho vigor reprimido”, señala al respecto el analista Mauricio Reina.

A lo anterior se le agrega un entorno internacional favorable. Para solo citar un caso, factores como un barril de petróleo por encima de los 70 dólares se traducirían no solo en más divisas, sino en inversiones adicionales en exploración y desarrollo de campos, algo que empieza a verse en algunas regiones del país.

Además, diferentes exportadores reportan más interés de sus clientes, a pesar de los trastornos que trajo la parálisis de Buenaventura, que ocasionó incumplimientos en entregas, por motivos de fuerza mayor. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la necesidad de contar con proveedores de este lado del Pacífico hacen que la posición geográfica de Colombia ayude, sobre todo a la hora de vender en Norteamérica.

Por cuenta de las señales mencionadas, es fácil saltar a la conclusión de que lo que importa ahora es esperar que las cosas vuelvan a su curso normal. Sin embargo, más de un economista se apresura a señalar el riesgo de caer en la autocomplacencia, definida por la Real Academia como la “satisfacción por los propios actos o por la propia condición”.

En respuesta, los especialistas insisten en que hay tareas por hacer, cuya urgencia no ha desaparecido. Para Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, lo primero es mantener la guardia en alto.

Según la profesora, “mayo y junio fueron meses muy difíciles para el empleo y la generación de ingresos, por las afectaciones en salud propias del tercer pico y el clima de inestabilidad asociado al estallido social, y porque estos sacudones encontraron al aparato productivo muy debilitado”. Como si eso fuera poco, “aunque las protestas han amainado, los factores subyacentes siguen presentes”, agrega.

Lo anterior implica que los procesos de diálogo iniciados deberían mantenerse. Más allá de que la intensidad del incendio sea menor, el fuego no se ha apagado, por lo cual los gobernantes están en la obligación de escuchar quejas y proveer soluciones razonables. Ello no obsta para que las autoridades hagan esfuerzos orientados a contener el vandalismo y la violencia, todavía presentes en varios lugares.

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Entre las medidas que se requieren hay que comenzar por el combate a la desocupación. Durante una reunión ocurrida el martes en la Casa de Nariño, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, habló de un plan de empleo público de emergencia, focalizado en cerca de 1,7 millones de personas menores de 28 años que no tienen trabajo.

En concreto, la iniciativa menciona la contratación de jóvenes para la reparación y mantenimiento de infraestructura, actividades culturales o cuidado y tutoría de niños o de adultos mayores. Una fuente importante de financiación podría ser un 15 por ciento de las regalías, cuyos recursos indicativos disponibles para inversión ascienden a 14,3 billones de pesos en el bienio 2021-2022.

Usar algo más de dos billones de pesos que no están comprometidos y seguirían colocados en títulos oficiales, en lugar de atender una necesidad social manifiesta, sería lógico. Tanto como mantener el apoyo a las familias pobres, algo que pasa por la extensión del programa Ingreso Solidario.

No obstante, la ampliación en el tiempo de las ayudas que surgieron por cuenta la pandemia está directamente vinculada a las finanzas públicas. La publicación del marco fiscal de mediano plazo el lunes pasado mostró que la realidad de las cuentas estatales dista de ser holgada y que, por el contrario, es crítica.

Con un saldo en rojo que este año llegaría a 96 billones de pesos –incluyendo los 14 billones que entrarán a las arcas de la Tesorería una vez la nación le venda a Ecopetrol las acciones que posee en ISA–, el espacio para un faltante mayor es nulo. Raspando aquí y recortando allá, el Ministerio de Hacienda ha podido encontrar el dinero para asumir nuevas obligaciones, como la matrícula que beneficiará a un segmento de estudiantes universitarios, pero los malabares tienen un límite.

Por esa razón es indispensable que el próximo 20 de julio se presente el proyecto de reforma tributaria cuyas líneas generales son conocidas. El texto, que ya está casi listo, se basa en aumentar la tarifa de renta de las empresas, adoptar un impuesto al patrimonio, recortar ciertos descuentos y aplicarle una sobretasa al sector financiero.

Aun así, los detalles precisos de la iniciativa son motivo de gran expectativa. El punto central es si los ajustes apuntan a ser temporales, pues en caso de que esto pase, no se corregirá el problema de fondo que consiste en identificar fuentes permanentes de ingresos para reducir el déficit.

No menos importante es que las cuentas den. Desde ya se habla de cálculos que pecan de optimismo, aunque habrá que ver el texto de la propuesta para emitir juicios fundamentados.

En cualquier caso, cortar este nudo gordiano es inaplazable así la indiferencia sea la norma. “Lo que más me preocupa es que ni en el mundo político ni en la opinión se ha podido entender la importancia que tiene construir un plan serio, creíble y sostenible en materia fiscal”, subraya Mauricio Santamaría, presidente de Anif. Y añade: “Ojalá demos la discusión que se necesita y encontremos buenas fórmulas para subir los recaudos, porque de lo contrario nos meteremos en problemas grandes”.

Los líos potenciales saltan a la vista. La previsión es que la deuda pública seguirá creciendo y comenzaría a descender lentamente, con lo cual en 2032 todavía estaría muy por encima del nivel observado en 2019.

Por lo pronto, aumenta la probabilidad de que, en cuestión de semanas, otra de las firmas calificadoras de riesgo le rebaje la nota a los papeles emitidos por Colombia. De ser así, el país perdería el grado de inversión, algo que eventualmente derivará en mayores costos a la hora de endeudarse y en una tasa de cambio más alta, aceptando que el impacto inmediato sería menor por cuenta de la alta liquidez que existe en los mercados internacionales.

Previsiones como esa dejan en claro que no basta con que el crecimiento sea un poco más acelerado de lo que se preveía hace unos meses. Así como una golondrina no hace verano, la mayor dinámica de la economía en el corto plazo no soluciona por sí sola los problemas más serios, comenzando por la parte fiscal o el elevado desempleo.

Como si lo anterior fuera poco, el déficit en el sector externo viene en aumento. De concretarse las alzas en las tasas de interés internacionales que dejó entrever el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, financiarse afuera sería más oneroso. Ello quiere decir que el próximo gobierno encontrará una realidad muy desafiante en caso de que en el Capitolio no se tomen ahora las decisiones apropiadas.

Adicionalmente, habrá que volver a poner sobre la mesa la necesidad de hacer reformas que mejoren la competitividad y permitan que la productividad sea mucho mayor que ahora. La gran pregunta es si existirá el ambiente para entablar debates de fondo que no estén contaminados de populismo, especialmente después de que, como dice Mauricio Reina, “la tecnocracia quedó relegada al puesto de atrás”.

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El temor a la calle amenaza con posponer indefinidamente las cirugías de fondo. Más de un gobernante lo pensará dos veces antes de poner sobre la mesa iniciativas que les causarán dolor a algunos, a pesar de que estén bien fundamentadas y vayan en pro del bien común, si todo desemboca en bloqueo de vías y confrontaciones violentas.

Como lo demostraron las manifestaciones recientes, hay consignas que son reaccionarias en lugar de revolucionarias, pues pasan por una oposición a los cambios. Sindicatos como Fecode, cuyo desinterés por los alumnos del sistema público ha quedado demostrado a lo largo de la pandemia, se niegan en la práctica a los esfuerzos orientados a mejorar la calidad de la educación.

De ahí que sea tan importante la capacidad de liderazgo de quienes lleguen a las posiciones de poder en las elecciones del próximo año. Hacer entender que la preservación del statu quo es la peor salida para una sociedad descontenta y desigual, es un requisito para el nutrido grupo de precandidatos a la Presidencia de la República.

No obstante, una cosa son las buenas ideas y otra las promesas vacías, que comienzan por reencauchar las fórmulas que fracasaron en el pasado dentro y fuera de América Latina. El dilema de los ciudadanos, entonces, estará en saber distinguir quién se compromete con las reformas que permitan construir un país más incluyente y, a la vez, más próspero.

Para usar la expresión coloquial, de lo que se trata es de repartir bien la riqueza y no de nivelar por lo bajo. Puesto en otras palabras, de poco servirá el rebote actual si este encuentra techo a escasa distancia del suelo.

RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO