Inclusión laboral para las víctimas: barreras y estrategias en juego

Marisol Jácome Téllez tiene 49 años y vive en Arauca, una zona asediada por los grupos armados. Es víctima del conflicto y durante años buscó una vinculación laboral estable para sacar adelante los estudios de sus hijas. Trabajó por una temporada en una finca, y desde diciembre de 2020 es beneficiaria de la Estrategia de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado, que lanzó la Unidad del Servicio Público de Empleo, con el apoyo de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) a finales del año anterior. “Ahorita estoy trabajando en una caja de compensación familiar. Estoy en servicios generales”, cuenta.

Y es que el 12 de octubre del 2020 la Agencia Pública de Empleo lanzó una convocatoria a empresas, en su mayoría conformadas por pymes (pequeñas y medianas empresas), para promover canales de vacantes para 1.300 personas víctimas del conflicto armado en todo el país.

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Al cierre de la estrategia ya había 1.804 víctimas ubicadas en empleo formal, según explica un comunicado. La iniciativa también pretende la reactivación y recuperación económica de las empresas vinculantes del sector privado que fueron afectadas por la crisis de la pandemia. Los datos mostrados en el gráfico corresponden a la convocatoria inicial. La estrategia finalizó el 28 de mayo.

Uno de los criterios claves para seleccionar estas empresas era una propuesta de vinculación formal dirigida a víctimas con el número de vacantes —que en promedio era de 1 a 5, aunque hubo excepciones— y un plan de mitigación de barreras y brechas laborales.

Según Angi Viviana Velásquez, directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, esta basa sus programas en un modelo de inclusión laboral que se mide por brechas y barreras. “Nosotros diseñamos una estrategia para promover esa colocación a partir de tres barreras grandes”.

La estrategia procura mitigar dos de ellas: las individuales, que refieren a vacíos en conocimientos y habilidades, las cuales son cubiertas con orientación y formación extra; y la organizacional, que refiere a incentivos económicos a empresas que por la crisis de la pandemia estaban imposibilitadas a tener una apertura en la contratación.

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Así, los beneficiarios cuentan con un contrato entre 6 y 8 meses a término indefinido en su mayoría, y el salario promedio de los empleos puede variar entre un mínimo y máximo dos millones de pesos.

Por ejemplo, Dalia Calderón tiene una empresa de confecciones establecida en Bello, Antioquia, que sintió los efectos de la pandemia y perdió 50 puestos de trabajo durante el confinamiento. Actualmente cuenta con 25 personas contratadas que son víctimas del conflicto, aunque solo cuatro de ellas llegaron por la estrategia.

Explica que solo hubo cuatro vacantes, puesto que no pudieron vincular a personas que no tuvieran ningún conocimiento y las capacitaciones eran insuficientes porque no cumplían con las necesidades del sector. Este aspecto invita a pensar en las brechas que aún permanecen para esta población a la hora de buscar empleo.

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, también llamada ley de víctimas, el Estado debe garantizar los procesos de restitución y reparación de la población que ha sido damnificada por el conflicto, esto es a las más de nueve millones de personas reconocidas víctimas en el país hasta ahora.

El Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc) es un instrumento de planeación de las acciones dirigidas a reparar los daños ocasionados en el marco del conflicto armado. Una de las cinco medidas del plan es la indemnización. En esta, se busca dar a la víctima una reparación económica, además de ofrecer un servicio de orientación para inversión.

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En marzo, por ejemplo, según datos de la Unidad, se entregaron más de 9.000 millones de pesos en reparación a víctimas en Antioquia, en los municipios de Medellín y su Área Metropolitana.

El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, afirmó en un comunicado alojado en la página, que “Antioquia es el departamento de Colombia más beneficiado con indemnizaciones, con más de 275.000 víctimas reparadas y un total de más de 3 billones de pesos invertidos en los nueve años de implementación de la ley de víctimas”.

Según la Unidad para las Víctimas, esta información de oportunidades de inversión, emprendimiento y asesoría se socializa en las jornadas de indemnización.

A partir de la ley de víctimas, se crearon las mesas de participación, unos “espacios temáticos de participación efectiva de las víctimas”. Dichas mesas están conformadas por organizaciones de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional, en las cuales sus integrantes pueden incidir en la elaboración de los planes de acción territorial (PAT) de cada región para el cumplimiento de la reparación integral.

En diálogo con Ménderson Mosquera, el coordinador de la Mesa de Víctimas en Antioquia, se supo que en la mesa se percibe cierto escepticismo frente a este panorama de oportunidades laborales y apoyos económicos para las víctimas. “En ocasiones, consideramos que son escasas las oportunidades de empleo para las víctimas de Antioquia específicamente. No se ven reflejadas esas iniciativas en los territorios, por ejemplo, en las mesas municipales de víctimas, que son sus espacios de interlocución con el Estado. Se ve muy poca conversación y concertación en materia de empleo”.

Pese a que espacios como las mesas surgieron para propiciar esos diálogos, los coordinadores manifiestan tener que “rogar” o interponer incluso derechos de petición para ser escuchados. “Inclusive la misma Unidad para las Víctimas poco mantiene comunicación o conversación con las mesas de participación de víctimas”, reclama Mosquera.

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Esta falta de comunicación y atención conduce a que muchas de estas oportunidades lleguen de manera tardía a las mesas y estas no alcancen a socializar ni a preparar la documentación necesaria. “La participación no puede ser entendida por la Unidad para las Víctimas y demás instituciones como una reunión donde opinan y no se tienen en cuenta las propuestas que se plantean”, concluye Mosquera.

El coordinador de la mesa de víctimas a nivel nacional, Orlando Burgos, considera que no hay una coordinación para estos planes. “Cada uno hace por su lado y lo que termina es ninguno haciendo una política de proyectos productivos de manera eficiente y efectiva”.

EL TIEMPO le preguntó a ambos si habían escuchado de la iniciativa. Ninguno había escuchado mencionar la estrategia implementada por la Unidad del Servicio Público de Empleo. “A la fecha, no nos la han hecho llegar ni al correo de la mesa nacional ni departamental”.

El criterio básico para postularse a iniciativas como la estrategia es el registro de los datos en la plataforma del Servicio Público de Empleo.

A pesar de que parezca una medida básica, muchos de los que podrían ser beneficiados no tienen a estos medios ni para registrarse o para enterarse de la información.

Mosquera reclama que no les han socializado la estrategia por sus canales autónomos. “Ese es el meollo de las víctimas, porque la mayor parte de ellas están en la zona rural, en las veredas, resguardos, en los consejos comunitarios, que ni siquiera se tiene un conocimiento de software ni herramientas tecnológicas”, señala.

Burgos considera que “esas estrategias no conllevan a soluciones de fondo más allá de propuestas que seguramente tienen limitaciones en el tiempo”. No obstante, aclara que sí ha visto algunas ofertas en el Sena, “pero son esporádicas”.

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El coordinador a nivel nacional explica que la solución estructural debe tener en cuenta como pilar la educación superior para jóvenes y acceder a una mejor calidad de vida.

“También una política de generación de ingresos de carácter rural a través de la entrega de predios que se puedan poner realmente al servicio de las víctimas para su explotación con un programa, no solo de capacitación sino de acompañamiento a largo plazo que asegure que lo que va a cultivar va a tener la compra de sus productos”.

La Unidad del Servicio Público de Empleo es consciente de estas limitantes. “Para resolverlo sería un plan a largo plazo y requeriría una articulación con otras entidades. Sí estamos trabajando en ello, pero son proyectos más a mediano y largo plazo. También dependen de la capacidad que tenga la otra entidad articulada”.

En todo caso, Velásquez considera que la estrategia ha sido pionera en proponer este tipo de estructura para solventar el problema de la inclusión laboral. Para llegar a ella se invirtieron más de siete mil millones de pesos provenientes en un 67 por ciento de la Unidad del Servicio Público de Empleo, y el resto fue financiado por Usaid y la OIM.

“Es un proceso de largo aliento. Por eso se le sigue apostando a esos procesos. Es difícil decir que voy a ayudar a 1.300 familias comparado con la necesidad que hay, pero creo que son esfuerzos que valen la pena. No solo le estamos apostando al hoy, le estamos apostando a ser multiplicadores de estos ejercicios con los empleadores”, concluye la directora. La Unidad está trabajando en una nueva estrategia y le apuestan a tener mayor cobertura.

GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO