Cuáles son las responsabilidades que deberían asumir las regiones si les entregan más transferencias con el acto legislativo del SGP

El proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que superó su sexto debate y espera dos discusiones más en la Cámara necesita incluir, según expertos, una actualización de las reglas fiscales subnacionales, y una reforma tributaria territorial.

La iniciativa fue aprobada con 75 votos por el sí y 2 por el no. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

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Laura Lesmes Díaz

PERIODISTA29.10.2024 20:21 Actualizado: 30.10.2024 19:05

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Aumentar a 39,5 por ciento el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones requeriría, de acuerdo con varios expertos, una actualización de las reglas fiscales subnacionales y una reforma tributaria territorial. Además de una reingeniería del Estado para establecer y transferir funciones del Gobierno central a los gobiernos locales.

Esta iniciativa, que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), ya superó su sexto debate en el Senado de la República y ahora deberá enfrentar dos discusiones adicionales en la Cámara de Representantes.

Si esta reforma constitucional es aprobada por el Congreso de la República, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana asegura que será necesario transferirles competencias y funciones a los gobiernos locales.

Además, se tendrían que actualizar las reglas fiscales subnacionales y sacar adelante una reforma tributaria territorial que incremente capacidades para generar recursos propios y que también fortalezca la transparencia, el a la información y la participación ciudadana en los gobiernos territoriales.

Mauricio Salazar, director del Observatorio, comentó que hay algunas responsabilidades que el Gobierno Nacional ha asumido, pero que les corresponden a los departamentos.

Por lo tanto, esta reforma permitiría que estas responsabilidades retomen a las regiones como, por ejemplo, la construcción de colegios. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esto demanda recursos por el orden de los 15 billones de pesos.

“Se podría hacer todo lo que es el pago de renta ciudadana o el manejo de la justicia local que, eventualmente, se le podrían pasar de manera paulatina a las regiones”, dijo Mauricio Salazar.

Sin embargo, este uno de los puntos que hay que analizar con cuidado y profundidad, porque requiere de una reingeniería del Estado para pasar funciones de un lado al otro. "Hace falta el estudio de esas funciones y cambios que no se han tenido en cuenta en medio de este acto legislativo, y qué es factible pasar del Gobierno Nacional a los locales", agregó

Para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la labor de definir estas funciones es una tarea que tiene pendiente el Gobierno Nacional.

La mayoría de los proyectos que buscan poner en cintura a los congresistas se hunden por falta de tiempos. — Foto:Cortesía MinHacienda - Archivo EL TIEMPO

Mientras que el también exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, manifestó que debe ser prioridad definir esas nuevas competencias que tendrán los departamentos y cómo será la reducción del Estado central.

"Esa discusión nadie la ha hecho hasta ahora y es ahí en donde siento que la decisión que se adopta es con un porcentaje salido de la manga, porque nadie tiene claro si ese es el monto o no, y si puede responder a las competencias que pueden asumir los entes territoriales o las entidades de la Nación que se van a eliminar o a reconfigurar", comentó.

El detalle de esas entidades que podrían desaparecer aún no se conoce, pero, según José Manuel Restrepo, una de ellas podría ser el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que tiene una cantidad de gestiones en materia de educación y bienestar social.

También podría desaparecer el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que es el que se encarga de los colegios y que depende del Ministerio de Educación.

“Pero eso nadie lo ha estudiado, tampoco se sabe si existe capacidad de los entes territoriales para hacer esa infraestructura educativa. Todo esto se debió pensar antes de si quiera asignarse una cantidad de ingresos, y es algo que no se ha evaluado", aseguró.

De acuerdo con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el recortar diez puntos del gasto del Gobierno Nacional para poder acomodar las mayores transferencias fiscales, “no va a ser una tarea fácil”.

Hasta agosto de 2023, las deudas bancarias con más de 30 días de mora se incrementaron en cerca de 10 billones de pesos. — Foto:Andrea Moreno. EL TIEMPO

“El dejar de recibir esos puntos va mucho más allá de los viáticos, de la papelería o de gastos que se pueden recortar. Esas decisiones tienen detrás un costo político, y nada de eso se puede hacer sin sacudir muchos sectores que ya están acostumbrados a operar de una determinada manera. Por ejemplo, los recursos que van a la infraestructura para la construcción de vías", comentó.

También enfatizó en que el punto de partida, en el caso de la infraestructura, está en que la totalidad de la red secundaria y la red terciaria de vías deba ser mantenida y expandida por los departamentos y municipios.

Pero lo mismo podría decirse de la red de transmisión eléctrica que lleva el servicio a los municipios. Esto podría quedar en manos de los gobiernos locales con los mayores recursos que van a recibir.

“Y eso que no hablamos de las necesidades de educación y salud que tiene cada territorio. Esto es lo que se debe evaluar y es muy complejo hacerlo en una legislatura”, manifestó el exministro.

Entre tanto, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, apuntó que el reducir el porcentaje de las transferencias al 39,5 por ciento y ampliar el período de transición de 10 a 12 años no resuelve el problema de fondo, que es la inflexibilidad del gasto público y la incapacidad de transferir competencias por 2 o 3 puntos del PIB.

"Lo primero que se debe hacer es un estudio técnico que cuantifique cuánto gasto es posible trasladar y cómo se realizará, ya que transferir recursos sin mejorar los mecanismos de gestión y control probablemente generará ineficiencias, más allá de empeorar la ya delicada situación fiscal", argumentó.